MATHIEU TOURLIERE. PROCESO.COM.- En México, los migrantes indocumentados sufren de desaparición forzada, son víctimas de crímenes –perpetrados con impunidad–, están privados de su libertad de manera “automática” y “arbitraria” –en las estaciones migratorias, las condiciones de detención son deplorables–, y padecen además de discriminación.
Éstas fueron algunas de las observaciones que extendió el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, un organismo de la ONU, en su tercer informe periódico sobre la aplicación de la convención internacional en la materia por el gobierno mexicano.
El Comité se alarmó ante las “graves irregularidades” que detectó en las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) para identificar a los responsables de las masacres de migrantes en Tamaulipas –entre ellos la masacre de 72 personas en San Fernando, en agosto de 2010—y en Nuevo León.
De manera más general, el Comité repudió las desapariciones forzadas de migrantes en México y los “altos niveles de violencia basada en género” en los estados del Sur, especialmente cuando esté perpetrada por “policías federales, estatales y municipales”. Urgió al gobierno mexicano a investigar y desmantelar las redes de agentes estatales coludidas con grupos criminales y poner fin a la impunidad sobre las agresiones contra migrantes.
