La población estará obligada a someterse a test de diagnóstico para detectar la Covid-19 en enfermos asintomáticos, según un documento con recomendaciones éticas
NURIA RAMÍREZ DE CASTRO. ABC.– Con recursos limitados y una avalancha de enfermos de coronavirus que parece no tener fin, ¿se debe dar prioridad a los más jóvenes? ¿al que pueda aportar más a la sociedad? o ¿al personal sanitario que trabaja en primera línea? Esta pandemia no solo pone a prueba a los sistemas sanitarios de todo el mundo también plantea cada día numerosos problemas éticos. El Ministerio de Sanidad ha entrado por primera vez en el debate con la publicación de un documento con recomendaciones para ayudar a tomar decisiones mientras dure la pandemia.
El documento considera «discriminatorio» excluir a los mayores de 80 años o enfemerdades neurodegenerativas como el alzhéimer de los cuidados intensivos y de la utilización de sistemas de ventilación mecánica, como había propuesto la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) o el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña. «Excluir a pacientes del acceso a determinados recursos asistenciales o a determinados tratamientos resulta contrario, por discriminatorio, a los fundamentos mismos de nuestro estado de derecho y cita el artículo 14 de la Constitución española», se indica en el documento elaborado por el jurista y experto en bioética Carlos Romeo Casabona. En caso de escasez de ventiladores o camas UCI, se pide que los pacientes de mayor edad sean tratados en las mismas condiciones que el resto de la población, «atendiendo a criterios clínicos de cada caso particular. No resulta en modo alguno aceptable descartar el acceso a toda persona que supere una edad», se expone.
Más allá de las consideraciones sobre la etapa vital de los pacientes, se utiliza el mismo argumento para defender el acceso de personas con cualquier discapacidad a los recursos del sistema sanitario.
La respuesta del informe que ahora publica el Ministerio de Sanidad es similar a la que ya dio el Comite de Bioética de España: «Es necesario valorar las circunstancias concretas de cada paciente, sin excluir a nadie a priori», reclamaba este organismo de carácter consultivo del Ejecutivo. Pero esta vez el documento lo asume el Gobierno.
Test de coronavirus, derecho y obligación
El informe de Sanidad plantea también otros dilemas por la escasez de recursos. Se refiere a los buscados test de diagnóstico de Covid-19 que empiezan a llegar con cuenta gotas y deberían facilitarse como prioridad a los profesionales sanitarios implicados en el cuidado de los enfermos y otras profesionales indispensables en esta crisis como la policía, el ejército, así como el personal de residencias, centros de atención a mayores o prisiones.
Pero cuando estén disponibles para el resto de la población, sería obligatorio someter a esas pruebas a las personas potencialmente infectadas en aras de un interés superior de salud para evitar la transmisión de la infección. Y a la vista de un resultado positivo de un test, se podría obligar a realizar un aislamiento domiciliario o el ingreso en un centro sanitario.
Escenario post confinamiento
El documento apela también a la vuelta progresiva a la normalidad social antes del confinamiento. Es «inaplazable», pide a las autoridades sanitarias, diseñar un escenario sanitario y post confinamiento, tomando las medidas necesarias para evitar una segunda oleada de personas infectadas por el coronavirus.
Asimismo advierte del riego que recorren los sanitarios sin trajes de protección ni mascarillas y los médicos jubilados reclutados para hacer frente al volumen de enfermos que ha dejado y dejará la Covid-19. A los expertos que han contribuido al documento no les parece una mala idea, pero les preocupa que se ponga en riesgo a un grupo, que por su edad, es doblemente vulnerable.
