EFE. LA VANGUARDIA.- El Gobierno de EEUU fue sometido hoy a examen por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, donde se pidió a Washington, entre otras cosas, el fin de la discriminación policial a los afroamericanos, una moratoria federal a la pena capital y el fin de su ataque a la Corte Penal Internacional (CPI).
Estados Unidos, que abandonó el Consejo de Derechos Humanos en 2018 y ahora inicia un relevo presidencial, recibió en su tercer examen periódico ante ese órgano, que cubría el periodo 2016-2020, recomendaciones de más de un centenar de países en materia de libertades fundamentales.
Varias delegaciones, especialmente de países europeos como España, pidieron a Washington que pusiera fin a sus sanciones contra la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, y otros miembros de su equipo después de que la corte iniciara pesquisas sobre presuntos crímenes de guerra de EEUU en la guerra de Afganistán.
Fueron numerosos los miembros del consejo que celebraron la abolición de la pena de muerte en un creciente número de estados norteamericanos, pero al mismo tiempo lamentaron que este año se reanudara su aplicación en presos a nivel federal, después de 17 años de una moratoria que pidieron reanudar.
Hubo además peticiones de planes nacionales para luchar contra el racismo, la xenofobia o la islamofobia en Estados Unidos, y el fin de prácticas como el «perfil racial», por el que la policía estadounidense actúa de manera diferente según sea la etnia u origen del sospechoso.
Voces en el consejo también pidieron a Estados Unidos que reconsidere su retirada del Acuerdo de París contra el cambio climático, o de instituciones multilaterales como el mismo CDH, mientras países contra los que Washington dictó sanciones, como Venezuela o Siria, pidieron el levantamiento de éstas.
Siria fue más allá, exigiendo a Washington que detenga «el recurso a las ejecuciones extrajudiciales» en sus operaciones en el extranjero, mientras que Venezuela conminó al Gobierno estadounidense a «garantizar el derecho a la salud del pueblo norteamericano, diezmado por la pandemia».
En la cuestión migratoria sobresalieron los llamamientos al fin de la «tolerancia cero» contra la entrada de migrantes, y la puesta en marcha de mecanismos para garantizar la no separación de familias y menores de edad pertenecientes a este colectivo.
Varios representantes de las autoridades de EEUU intervinieron para defender las buenas prácticas de su país, entre ellos el miembro de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Alexander Maugeri, quien tomó nota de la preocupación del CDH por la violencia policial en su país, especialmente tras la muerte este año del afroamericano George Floyd en Minneapolis.
En este sentido recordó que el policía que causó la muerte de Floyd el pasado mes de mayo afronta los cargos por homicidio en segundo grado e involuntario, presentados por el Estado de Minnesota, mientras el Departamento de Justicia Federal investiga si el suceso supuso violaciones nacionales de los derechos civiles.
«Aunque la mayoría de los policías hacen su trabajo con valentía y rectitud, no puede negarse que otros no han cumplido sus responsabilidades, lo que ha llevado a algunas personas, por ejemplo en la comunidad afroamericana, a confiar menos en nuestro sistema de justicia», admitió.
Maugeri añadió que entre 2017 y 2020 el Departamento de Justicia condenó a más de 170 personas, incluyendo policías y otros miembros de fuerzas de seguridad, por violaciones de derechos civiles durante el ejercicio de su autoridad.
El representante de la delegación estadounidense subrayó que la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU prohíbe la persecución de los llamados «discursos de odio» pero señaló que las autoridades «sí actúan cuando éstos se convierten en discriminación y violencia, amenazas, o llamadas a cometer actos violentos».
