Los líderes de la dividida ultraderecha española han desarrollado en los últimos meses un discurso ultraviolento orientado a que Catalunya no se independice. La Fiscalía del Supremo estudia la posible ilegalización de Alianza Nacional, uno de los principales impulsores de la «regeneración» de los partidos fascistas.
JOANA PERIS. DIAGONAL.- “Si de mí dependiera, esto se saldaría con sangre. Ya no es posible el entendimiento (…). Uno de los dos sectores sobra, los pueblos se regeneran con la sangre. (…) Yo no creo ya en las soluciones pacíficas (…). Es preferible echar a la inmensa mayoría de españoles a los lobos antes que echar España a los cerdos. Llegado el caso, sería deseable que con sangre”. Así de contundente se manifestaba el líder de Alianza Nacional (AN) Pedro Pablo Peña en una entrevista en la radio del portal fascista Patriotas al ser preguntando sobre si ve evitable que los españoles “se vuelvan a dar porrazos entre ellos” y que Cataluña y Euskal Herria se independicen. Peña ya cumplió una breve estancia en la cárcel al ser detenido en posesión de explosivos, que pretendía usar contra un autobús de familiares de presos vascos desplazados a Madrid, junto a uno de los arrestados por el asalto a la librería Blanquerna en Madrid el 11 de septiembre, Íñigo Pérez de Herrasti Urquijo. El líder de AN manifestó en esta misma entrevista que, “si fuese necesaria esa solución sangrienta y ganáramos, yo ejecutaría al rey, al príncipe, a todos los miembros de la clase política española, desde la Transición hasta ahora”. El 1 de octubre, la Fiscalía del Tribunal Supremo abría diligencias administrativas para decidir si se ilegalizan Alianza Nacional por un delito de asociación ilícita, un partido en cuyas listas electorales han participado el asesino de Guillem Agulló y Eduardo Clavero, cantante de Batallón de Castigo y condenado por asesinar a un joven.
No es la única arenga violenta de un líder fascista relacionado con el caso Blanquerna. Otro de los protagonistas del asalto, el líder de La Falange Manuel Andrino, terminó su discurso en las jornadas organizadas por la formación italiana de extrema derecha Fuorza Nova en Viterbo en 2006 con la siguiente llamada: “Firmeza contra nuestros enemigos y decisión de combatirlos hasta su total exterminio”. El periodista italiano Claudio Lazzaro quiso retratar este momento en su documental Nazirock (2008), en el que también aparece Manuel Canduela, el líder de otro partido presente en el asalto a Blanquerna, Democracia Nacional (DN), quien también fue condenado a mediados de los 90 por pertenecer al grupo nazi violento Acción Radical, que actuaba en Valencia.
Las organizaciones que forman parte de España en Marcha no esconden su ideología tras eufemismos y piruetas retóricas, como sí hacen los nuevos partidos neofascistas, que huyen del estigma nazi-fascista. Entre estos están los dos partidos de extrema derecha con mayor representación: Plataforma per Catalunya y España2000, el primero con 67 concejales sólo en Catalunya y el segundo con cuatro en el País Valenciano y uno en Alcalá de Henares. Pero la sombra de la violencia también planea sobre estas dos formaciones: PxC cuenta entre sus filas con condenados por terrorismo: Carlos Francisoud Araguas, alcaldable por Badalona, fue condenado en enero de 1997 por el Tribunal Supremo a ocho años y seis meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, estragos, atentado frustrado y robo con intimidación frustrado. La justicia le atribuyó la colocación de un artefacto explosivo en 1989 junto a un hospital de Barcelona para protestar porque allí practicaban abortos. El propio Anglada, además, también ha sido condenado por agresión a dos jóvenes en Vic.
Secuestros y atentados
España2000, por su parte, tiene a uno de sus concejales en Silla (Valencia) esperando a ser juzgado por pertenecer, presuntamente, a la organización nazi Frente Antisistema (FAS), desarticulada en 2005 por la Guardia Civil. Alejandro Serrador, que ya fue condenado en 2002 por coacciones, guardaba en su casa diversas armas. España2000 ha participado a menudo en acciones anticatalanistas en Valencia junto a miembros del Grupo de Acción Valencianista (GAV), una organización regionalista que ha protagonizado acciones semejantes al asalto de Blanquerna desde la Transición, que se han resuelto judicialmente, en la mayor parte de los casos sin condenas o con multas insignificantes.
Por su parte, el partido neofascista Movimiento Social Republicano (MSR) contó en sus listas electorales con 17 de los neonazis procesados en 2010 por pertenecer a la organización Blood & Honour, ilegalizada finalmente por el Supremo. El representante del MSR en Valencia, Juan Antonio López Larrea, que también representa a la Asociación Cultural In Memoriam Juan Ignacio, en honor al líder del grupo fascista Frente de la Juventud fallecido en extrañas circunstancias en los 80, ofreció una entrevista a la revista de España en Marcha en la que afirmaba, al ser preguntado sobre la solución al separatismo: “Aquí sí que tendrán que imponerse los tiros”. Larrea fue secretario provincial del Frente de la Juventud y fue detenido en 1981 en el transcurso de una operación policial desarrollada en Madrid y Valencia que terminó con cerca de una treintena de arrestados, a quienes se les incautó un arsenal de armas y munición, y a los que se les atribuyeron varios atracos, secuestros y atentados entre 1979 y 1981.
