El País.- Robert Bowers, el camionero que desencadenó una matanza en una sinagoga de Pittsburgh que costó la vida a 11 fieles y heridas a otros seis, ha sido condenado a muerte por el jurado que en junio le había declarado culpable de numerosos de cargos, entre ellos el delito de odio con resultado de muerte. El ataque, el más mortífero contra la comunidad judía en la historia de EE UU, tuvo lugar durante la celebración de un sabat en octubre de 2018. Dado que la decisión es vinculante, el juez dictará formalmente la sentencia en una vista que se celebrará este jueves por la mañana, en la que está previsto que las familias de algunas de las víctimas se dirijan al tribunal.
Bowers, de 50 años, había publicado en las redes sociales mensajes sobre la necesidad de preservar la raza blanca antes de irrumpir en la sinagoga Árbol de la Vida armado con un rifle AR-15 y tres pistolas. En junio fue declarado culpable de 63 cargos federales, incluidos delitos de odio con resultado de muerte y obstrucción del libre ejercicio de la religión. En la sinagoga se encontraban en el momento del ataque miembros de tres congregaciones. Las víctimas, ocho hombres y tres mujeres, tenían entre 54 y 97 años.
Los miembros del jurado aceptaron muchos de los atenuantes que alegó la defensa, como que había tenido una infancia problemática y que había intentado suicidarse cuando era adolescente. Pero discreparon en consideraciones clave, como que Bowers padecía esquizofrenia o que perpetrara la matanza “en un rapto de perturbación mental o emocional”. Su nombre se añade a la larga lista de condenados a la pena capital en EE UU.
Bowers no rechazó su culpabilidad durante el juicio, pero sus abogados argumentaron que, debido a su largo historial de problemas psiquiátricos y a su caótica infancia, se le debería eximir de la pena de muerte. Los miembros del jurado deliberaron durante 10 horas a lo largo de los dos días previos. Los peritos que testificaron sostuvieron durante el juicio que las opiniones racistas y antisemitas del asesino no eran producto de sus propios delirios, porque fueron compartidas por miles de personas en las redes sociales más derechistas. En su argumentación a favor de la pena de muerte, los fiscales detallaron la intencionalidad del atentado, que planificó durante tiempo, y destacaron las declaraciones que hizo años después, ya en prisión, en las que afirmaba que lo único que lamentaba era no haber matado a más judíos.
La Liga Antidifamación (ADL, en sus siglas inglesas) se pronunció sobre los hechos, sin hacerlo sobre la sentencia, en la antigua red social Twitter: “Hoy, un jurado ha condenado a pena de muerte al autor del peor atentado contra judíos estadounidenses de nuestra historia. Sabemos que es un día duro para muchos, especialmente en Pittsburgh. Debemos seguir trabajando para proteger a las comunidades judías de los horrores del antisemitismo”.
Abraham Bonowitz, responsable de Death Penalty Action, un grupo que se opone a la pena capital, alertó sin embargo del riesgo de convertir a Bowers en un modelo o incluso en mártir para otros supremacistas. “En lugar de desvanecerse en la oscuridad, este terrorista racista y antisemita adquiere notoriedad como mártir de otros que piensan como él”, ha dicho en un comunicado colgado en la cuenta del grupo en Twitter. Bonowitz también señaló que es probable que el proceso de apelación dure años, “reabriendo heridas repetidamente” durante una década o dos.
Estados Unidos es el primer o segundo país del mundo, dependiendo de los cálculos, con más población judía. Según el FBI, los judíos son el grupo religioso que sufre más delitos de odio en EE UU. El aumento del discurso de odio y de los incidentes antisemitas es una constante en EE UU en los últimos años, a medida que se polarizaba el discurso político y se generalizaba el uso de plataformas virtuales y redes sociales. A finales de mayo la Administración del presidente Joe Biden lanzó la primera estrategia nacional para combatir el antisemitismo, especialmente en los campus universitarios y en línea, con más de 100 nuevas medidas y otros tantos llamamientos a la acción.
El Departamento de Justicia de la Administración de Joe Biden paralizó la ejecución de penas de muerte federales en el verano de 2021, después de que la de Donald Trump ordenara 13 en los últimos seis meses de su mandato, poniendo fin a un periodo de 17 años en el que no hubo ninguna ejecución federal. Biden, que en la campaña de 2020 se había mostrado partidario de abolir la pena, se alineó sin embargo con el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, cuando en marzo de 2022 restableció la condena para el acusado por el atentado de la maratón de Boston en 2013. Según la ONG Centro de Información sobre la Pena de Muerte, alrededor de 2.400 presos se enfrentan actualmente a una posible ejecución en EE UU. La población del corredor de la muerte ha disminuido durante 20 años consecutivos, ya que las anulaciones de sentencias, las ejecuciones y las muertes por otras causas están superando a las nuevas condenas.
