Por primera vez la Justicia contempla un homicidio «calificado por odio a la identidad de género» y sentencia a perpetua al asesino, Gabriel Marino
19/06/2018 El Pais.- A Diana Sacayán la mataron de 13 puñaladas por travesti. Así lo entendió el Tribunal Oral 4 de Buenos Aires en una sentencia inédita en la que condenó a cadena perpetua a Gabriel Marino por «homicidio calificado por odio de género». Por primera vez, la Justicia argentina reconoció que el asesinato de esta líder del movimiento LGBTIQ fue «un crimen de odio a la identidad travesti». La abarrotada sala de audiencias estalló en aplausos que obligaron a interrumpir momentáneamente la lectura de la sentencia. Fuera de allí, las decenas de compañeras, amigos y activistas que seguían el veredicto desde el pasillo, a través de una pantalla gigante, convirtieron el sexto piso del Palacio de Tribunales en una fiesta.
«Ella se lo merecía. Por suerte y por fin pudimos hacerlo. Por primera vez en la historia la Justicia se pronunció sobre un travesticidio. Diana, aún no estando físicamente, sigue haciendo aportes que van a cambiar la historia de nuestro país», dice a EL PAÍS su hermano, Sasha Sacayán, minutos después de escuchar la sentencia desde la primera fila. Diana Sacayán fue una de las principales defensoras de la Ley de Identidad de género que Argentina aprobó en 2012, siendo pionera en América Latina. Fue también la promotora de la ley de cupo laboral trans y una de las primeras en recibir un DNI con su género y nombre modificados de manos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Su asesinato conmocionó a la comunidad LGBTIQ. El 11 de octubre de 2015 Sacayán fue hallada muerta en su casa del barrio porteño de Flores. La maniataron, la acuchillaron y después la taparon con un colchón. Fue asesinada «con ferocidad», según el perito que realizó la autopsia. Gabriel Marino, de 25 años, llegó al juicio acusado por «homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado mediando violencia de género, por odio a la identidad de género y con alevosía, en concurso ideal por robo». Los jueces consideraron probada su participación en el asesinato, que perpetró con 23 años. La investigación sigue abierta porque los investigadores sospechan de una segunda persona, que aún no ha sido llevada a juicio.
«Me liberó un poco todo el enojo, toda la angustia y el dolor que sentí durante estos dos años y medio», dice Sasha Sacayán entre abrazo y abrazo. «Costó mucho y fue muy doloroso este tiempo porque nos abocamos en el juicio, no tuvimos tiempo ni para el proceso de duelo», continúa.
La sentencia es un exponente más de los cambios en marcha en Argentina. En 2015, Argentina vio nacer al movimiento Ni Una Menos contra la violencia machista, que se extendió con rapidez por gran parte de Latinoamérica. En las últimas semanas, una multitudinaria marea verde ha tomado las calles para exigir la legalización del aborto, que tiene ya media sanción en la Cámara de Diputados. Hoy, la condena a perpetua por un crimen de odio ejemplifica también los avances en el reconocimiento de los derechos de personas trans. Hasta hace pocos años, la mayoría no terminaba sus estudios y era expulsada del hogar. Ante la dificultad para conseguir un trabajo, muchas optaban por la prostitución.
Diana Sacayán nació en Tucumán el 31 de diciembre de 1975 en un hogar con 15 hermanos. La familia se mudó a La Matanza, en la periferia bonaerense, cuando ella era una niña. Asumió su identidad trans a los 17 años y fue detenida en numerosas ocasiones durante su adolescencia por el código de faltas bonaerense, que criminalizaba el travestismo. «Al calabozo no volvemos nunca más», cantaban hoy, eufóricas, militantes trans en los pasillos del Palacio de Tribunales.
Cuando Diana fue asesinada tenía 39 años. El promedio de vida del colectivo trans en América Latina es de 35. A lo largo de las 12 audiencias del juicio, numerosos testigos hicieron hincapié en la persecución y estigmatización que sufren travestis y transexuales. Con la legislación a favor, ha mejorado su aceptación social, pero aún son discriminados en escuelas, hospitales y lugares de trabajo. Tampoco ha cesado la violencia física contra ellas.
«El juicio a Diana ha sido un juicio a todas las travas. Y es sólo el comienzo. Que la justicia empiece a condenar crímenes de odio, que empiece a hablar de travesticidios, de las condiciones en las que vivimos, del sistema prostituyente que nos mata y nos condena es muy, muy emocionante», señala la activista travesti Florencia Guimaraes al término del juicio.
En 2001 Diana Sacayán creó el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L), una organización dedicada a promover la inclusión educativa, laboral y sanitaria de las personas LGBTIQ. Un mes antes de su asesinato, en septiembre de 2015, vio como el proyecto de cupo laboral que redactó y presentó tres veces a la Legislatura bonaerense era finalmente aprobado. La conocida como Ley Diana Sacayán establece que al menos el 1% de los puestos de trabajo del sector público deben estar ocupados por «personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo». Sus herederas exigen que esa ley se cumpla a nivel nacional.
