«La democracia no puede permitir grupos nazis con armas ilegales», dice Gisbert sobre la Operación Pánzer
LEVANTE – EMV.- La democracia española corre el riesgo de «banalizar» el nazismo mientras en Europa hay cada vez una sensibilidad mayor sobre este fenómeno. Es la conclusión de diversos colectivos sociales tras el epílogo de la Operación Pánzer once años después.
Como publicó ayer Levante-EMV, la Audiencia de Valencia ha ordenado la devolución de un amplio depósito de artículos de simbología nazi, además de algunas armas, a uno de los detenidos en 2005 en una actuación de la Guardia Civil contra el grupo radical de extrema derecha Frente AntiSistema (FAS).
Se da la circunstancia, además, de que ese detenido en 2005 que ahora reclama el material es Pedro Cuevas, el asesino del joven antifascista de Burjassot Guillem Agulló en 1993, delito por el que fue condenado a 17 años de prisión, de los que cumplió cuatro.
El caso Pánzer se desmoronó al anular el juez las escuchas telefónicas realizadas por la Guardia Civil en que se sustentaba y que habían sido realizadas con aprobación del juez instructor en su momento. Diversos colectivos, que formaban parte de la Plataforma de Acción Popular contra la Impunidad, recurrieron pero el Tribunal Supremo dio la razón a la sala.
Ahora, tras la autorización para devolver el almacén de objetos nazis, Toni Gisbert „portavoz de los grupos Acció Cultural del País Valencià, Movimiento contra la Intolerancia, Jarit, Bloc, EUPV y Ca Revolta„ denuncia la «gravedad» de unos hechos que compara con si un traficante fuera capturado con un alijo de droga, fuera absuelto después al anularse unas escuchas telefónicas y le devolvieran la droga incautada. «El armamento y la simbología nazi no dejan de ser lo que son, armas ilegales y objetos peligrosos», afirma Gisbert. Una espada de grandes dimensiones, una navaja y una maza forman parte del conjunto que la Audiencia ha aceptado que sea devuelto a Cuevas.
«La democracia no puede permitir grupos nazis con armas ilegales, y más en el contexto actual, de aumento de los delitos de odio», sentencia el coordinador de Acció Cultural.
Los citados colectivos reclaman una ley que prohíba la posesión y exhibición de simbología nazi. España «no puede caer en la banalización de estas ideas mientras la alarma en todo el mundo ante los crímenes de odio es creciente».
Las citadas organizaciones manifiestan su desacuerdo con la actuación judicial en el caso y recuerdan que el mismo juez ya desmontó otros procesos contra grupos nazis con los mismos argumentos. Aprovechan además para insistir en la petición al Ayuntamiento de Valencia de una calle a Agulló, «más necesaria hoy».
