El País.- David, de 13 años, fue apresado de manera imprevista por unos compañeros del campamento de verano. La carpa era estrecha y lúgubre, débilmente iluminada por la bombilla que sujetaba uno de los seis menores que se abalanzaron sobre él. Eran más corpulentos, pero intentó resistirse. Lo rodearon en corro. David, cuyo nombre es ficticio para proteger su identidad, es uno de los menores maltratados el pasado verano en la provincia de Soria, donde los niños estaban de colonias.
Las declaraciones de los padres de las víctimas ante la Guardia Civil coinciden en los supuestos abusos descritos: los chavales, entre 14 y 16 años, intentaban desnudar a los otros menores y les tocaban los genitales. Algunos de los adolescentes fueron violentados en más de una ocasión. El padre de David lamenta que su hijo tenga que cruzarse habitualmente con los presuntos agresores, pese a que la dirección del colegio Santa María del Pilar ―del que depende el campamento― asegura haber tomado medidas para separarlos.
La noche del 19 de julio, una monitora del campamento descubrió que algunos menores estaban violentando a otros. Al notar un movimiento inusual en el interior de una de las tiendas de campaña, se acercó para abrirla. Dentro se encontró con un niño que estaba siendo abusado de la forma descrita, una de las escenas que está siendo investigada como un supuesto abuso sexual. La monitora llamó a la Guardia Civil —que posteriormente le aconsejó a los padres de las víctimas que fueran a testificar—. Los abusadores fueron expulsados del campamento y el resto de niños permaneció allí por lo menos una semana más. Entre tanto, los padres de los menores abusados comenzaron a buscar respuestas. Escribieron al grupo scout de Santa María del Pilar —organizadores del campamento—, a la Fiscalía y a la Guardia Civil, pero al final quedaron más dudas que certezas. “Los scout han actuado de manera desastrosa. Algunos de los agresores eran reincidentes”, afirma el padre de David, quien confiesa sentirse solo en su intento porque “los agredidos no convivan con los agresores”.
Leoncio Fernández, director de la institución educativa, asegura que al inicio del curso se tomaron medidas para que los presuntos atacantes no se cruzaran con los menores violentados. Sin embargo, el padre de David ha expresado que habitualmente su hijo tiene que compartir con quienes, en contra de su voluntad, lo introdujeron en aquella carpa. “Eso era lo que yo no quería que pasara”, recalca el hombre, que insiste en una “intención de encubrimiento” por parte de la institución educativa. Javier Miglino, fundador de Bullying Sin Fronteras ―organización que aboga por la abolición del acoso escolar―, censura que “es ilógico que este menor tenga que estar sometido al miedo de saber que tiene que estar con sus agresores”.
Miglino aclara que, ante la sospecha de una situación de acoso escolar, “el instituto tiene que alejar a los agresores y salvaguardar a las víctimas, siempre de forma inmediata y cautelar, es decir, por un tiempo determinado hasta que la situación se aclare”. El rector alega que no puede hacer “que los alumnos (presuntos abusadores) vuelen desde la entrada hasta el salón de clases” para evitar que se crucen con los atacados y prefiere esperar la resolución del proceso judicial en curso, antes de expulsar a algún estudiante. Miglino tacha de “facilista” esta respuesta: “Es irracional que protejamos a los mayores de edad, como por ejemplo en el caso de Jennifer Hermoso y Luis Rubiales (donde se dictó orden de alejamiento), pero que no se haga lo mismo con los menores”, sentencia el especialista en protección de la infancia.
