Antiviolencia castiga ademas con 60.001 euros a los 56 radicales identificados por la Policía. Cuatro ultras del Atlético están acusados de homicidio
EL PAÍS.- La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte resolvió ayer, en una reunión mantenida en el Consejo Superior de Deportes, prohibir el acceso a los distintos recintos deportivos por un periodo de cinco años a los 56 aficionados radicales del Frente Atlético y de los Riazor Blues que se enfrentaron el pasado 30 de noviembre en Madrid, en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón, alrededor de las ocho y media de la mañana, horas antes del partido de Liga entre el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña. Como consecuencia de la violenta confrontación Francisco Javier Rodríguez Taboada, “Jimmy”, resultó muerto tras ser golpeado por radicales rojiblancos y arrojados después al río Manzanares. Antiviolencia, además, ha impuesto multas de 60.001 euros a todos los participantes identificados por la investigación llevada a cabo por la Policía enmarcada en la ‘Operación Neptuno’.
Pendientes de juicio
Las grabaciones facilitadas por vecinos y viandantes, que pudieron retratar en detalle a algunos de los participantes en la reyerta, han resultado claves para identificar a cuatro sospechosos. Se trata de Ismael López Pérez, Sergio Santiago Martínez, Francisco Javier Jiménez Linares y José Luis Zarzoso, que según la Policía serían los principales autores del apaleamiento que acabó con la vida de Jimmy. La autopsia determinó que Rodríguez Taboada falleció como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico y el estallido del bazo que le provocaron los golpes recibidos, además de la hipotermia sufrida por los 20 minutos que permaneció en el agua. Los cuatro detenidos se encuentran actualmente en distintas prisiones a la espera de que se resuelva el proceso judicial.
El revuelo generado por los hechos —aparte de una batería de medidas para erradicar la violencia de los estadios—, llevó a los máximos dirigentes del Atlético, Miguel Ángel Gil-Marín y Enrique Cerezo, a expulsar al Frente Atlético de la lista de peñas oficiales del club rojiblanco y retirarle su local en el Vicente Calderón. Además de impedir el acceso a aficionados que portasen algún elemento con el nombre de la peña radical. El responsable de seguridad del Atlético y el del Deportivo fueron apartados de su cargo.
