Piden a la CIDH que declare que el Estado de Nicaragua responsable por la violación de al menos 14 derechos humanos
IVETTE MUNGÍA. CONFIDENCIAL.- Una petición inicial contra el Estado de Nicaragua fue entregada este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por parte del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). Iniciando de esta manera un proceso que busca llevar a juicio al Estado de Nicaragua por el allanamiento ilegal de las oficinas del Cenidh, la cancelación de su personería jurídica y retardación de justicia.
Los peticionarios solicitaron a la CIDH que declare que el Estado de Nicaragua es internacionalmente responsable “por la violación de al menos 14 derechos humanos reconocidos por la Convención Americana”, en contra de los integrantes del Cenidh, quienes viven agresiones constantes y hostigamientos que ocasionaron el exilio de algunos de ellos, y en consecuencia, ordene reparar a las víctimas de conformidad con los estándares internacionales.
En la exposición de motivos, la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, explicó que tras el allanamiento el Ministerio de Gobernación (Migob) no le permitió presentar “el pertinente recurso administrativo”, no aceptaron los escritos. Por ello, interpusieron dos recursos de Amparo en contra de los funcionarios del Migob y un recurso por inconstitucionalidad, en contra del decreto AN-8509-2018, de la Asamblea Nacional.
Ya se agotó la vía interna
Aunque los recursos fueron admitidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en abril de 2019, ese poder del Estado no emitió ninguna resolución en el tiempo establecido por ley, “lo que se traduce en una evidente negativa y retardación de justicia”, dijo Núñez. Asimismo, el Ministerio Público “no ha dado trámite a la denuncia” presentada en contra del jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía “por el allanamiento ilegal y robo de las instalaciones y bienes del Cenidh”, continuó.
“Los únicos recursos legales disponibles fueron debidamente agotados por el Ceidh y no han resultado efectivos por la falta de independencia del poder judicial”, subrayó Núñez.
La directora del Cejil para Mesoamérica, Claudia Paz y Paz, destacó que la petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se debe a “la violación sistemática y masiva de derechos humanos en Nicaragua, que ha llegado incluso a cometer crímenes que fueron catalogados como de lesa humanidad, hace que consideremos cerrados los espacios democráticos internos”.
Estado no respeta medidas cautelares y previsionales
La petición del Cenidh coincidió con su trigésimo aniversario de fundación. Durante estas tres décadas los integrantes de la organización han sido objeto de múltiples agresiones, señalamientos y hostigamientos. Esta situación se agudizó en los últimos diez años y llevó a la Comisión a otorgarles medidas cautelares desde el año 2008, pero el Estado de Nicaragua simplemente no las respetó.
Desde de abril del 2018 los defensores de derechos humanos fueron objeto de “agresiones física y verbalmente, criminalizados, señalados como golpistas, asesinos y terroristas, tanto por grupos afines al Gobierno y altos voceros gubernamentales”, dice la petición entregada por el Cenidh. Debido a la situación de los defensores la Corte IDH concedió -de oficio- medidas provisionales en octubre del 2019. El Estado tampoco las cumplió.
El allanamiento a las oficinas del Cenidh, las agresiones a los defensores y la cancelación de su personería jurídica, forman parte de un contexto de violencia y crisis sociopolítica. En este sentido, “tratar el caso del Cenidh es abordar parte importante de las más reiteradas violaciones a derechos humanos que comete el gobierno nicaragüense en el marco de la actual crisis”, dice la exposición de motivos.
La petición será estudiada por la Comisión para determinar si cumple con los requisitos mínimos de trámite. Luego le notificará de la misma al Estado de Nicaragua y una vez que este responda, la Comisión valorará si la denuncia puede ser admitida por la Corte IDH.
