La Federación de Enseñanza del sindicato advierte de que «podríamos encontrarnos ante un delito tipificado en el artículo 510 de nuestro Código Penal»
LA VERDAD.- La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (Feccoo) presentó esta mañana una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, con el fin de que estudie las actuaciones emprendidas por la organización Hazte Oír, «ya que podríamos encontrarnos ante un delito de odio, tipificado en el artículo 510 de nuestro Código Penal».
A mediados de septiembre, Hazte Oír remitió a centros educativos de todo el Estado una carta en la que informaba de la campaña ‘Mis hijos, mi decisión’, que tiene como objetivo principal la instauración del pin parental, que no es otra cosa que una solicitud de información previa y consentimiento expreso para la formación de contenido afectivo-sexual impartida en horario escolar, lo que ha sido percibido por Feccoo como «una provocación a la intolerancia, al odio y a la discriminación».
En un comunicado, el sindicato indica que dichas actuaciones «agreden las normas básicas de convivencia, basadas en el respeto y la tolerancia». El secretario general de Feccoo Región de Murcia, Nacho Tornel, recalcó que «no nos vamos a quedar impasibles ante estos gestos de intolerancia y discriminación hacia los ciudadanos en su libertad y hacia los docentes».
«Nos parece indecente que a estas malas hierbas las esté abonando los partidos políticos a los que ellos aluden, especialmente al presidente de la Comunidad Autónoma, que ha sido el que ha encabezado el discurso de los docentes adoctrinadores en un gesto penoso y lamentable», agregó Tornel.
De igual manera, el sindicato solicitará a la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia el requerimiento al Gobierno español para que legisle la protección de la educación en los principios de igualdad, no discriminación y tolerancia, y persiga actuaciones como las realizadas por la asociación de extrema derecha.
Asimismo, desde el sindicato exigen una ley de protección de las personas LGTBI en el ámbito educativo y una protección de nuestro ordenamiento jurídico ante actos provocadores e incitadores a la intolerancia. Además, solicita a las comunidades autónomas que cuentan con legislación en contra de la discriminación por razón de orientación e identidad sexual, que declaren la ilegalidad de los actos llevados a cabo por Hazte Oír, a la vez que instan a la Administración educativa para que ofrezcan la seguridad jurídica a los cuerpos docentes, equipos directivos, madres y padres ante estas medidas coactivas.
