SARA LORENTE / ELIZABETH RAMÍREZ. EL PAÍS.- Son las 20.30 del 1 de mayo de 2013. Marcia (nombre ficticio) sale de su casa para tirar la basura. Mientras espera a que su amiga vuelva de comprarle tabaco en el bar, un hombre la increpa: «Entre en casa, señora, ¿qué está cotilleando? ¿Qué tiene que estar viendo? Cotilla, sudamericana de mierda. Hija de puta. Yo sí soy español. Inmigrante de mierda». Marcia relata lo ocurrido con voz firme y sin miedo a las posibles represalias por la discriminación que sufrió hace un año en la zona de Pacífico (Madrid).
Esta ecuatoriana, de 45 años, es una de las 4.000 víctimas de delitos de odio (agresiones físicas o verbales motivadas por la intolerancia o el perjuicio hacia: inmigrantes, lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, discapacitados, semitas, mendigos o creyentes del alguna religión) en 2013 contabilizadas por la organización Movimiento contra la Intolerancia en España, en su informe Raxen —subvencionado por el Ministerio del Interior— que hace una estimación basándose en lo dicho por la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea de que entre el 80% y el 90% de los incidentes de odio no se denuncian. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento, afirma: «Estamos ante un iceberg del que solo vemos la punta, y no la gran bolsa”.
Esta cifra dista de las 1.172 (excepto las registradas por la Ertzaintza vasca) recogidas por la Secretaria de Estado de Seguridad en su primer y único balance de este año, llamado Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, que analiza individualmente las denuncias por orientación sexual (452), discapacidad (290), creencias religiosas (42), antisemitas (3), mendigos (4), racistas y xenófobos (381). En esta última categoría, el Anuario estadístico del Ministerio del Interior de 2012 publicó datos al respecto y la cifra de los incidentes y hechos penales por racismo y xenofobia era de 261, 120 menos que en 2013.
La brutal agresión, el pasado junio, de un joven ruso a un pasajero mongol en el metro de Barcelona ha vuelto a sacudir el debate de la necesidad de hacer frente a los problemas de racismo en España. Las instituciones públicas han comenzado a tomarse en serio el recuento y el análisis de esta clase de denuncias siguiendo las recomendaciones lanzadas en 2011 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU que alertaba de la inexistencia de datos oficiales sobre racismo en España. Las medidas adoptadas se presentarán al organismo, antes de que acabe 2014, a través de un informe del que ya existe el borrador y en el que por primera vez el Estado español da datos.
Dentro de los avances conseguidos se encuentra la creación este año de 52 fiscalías provinciales de delitos de odio y discriminación, capitaneadas por la fiscal, Elvira Tejada, quien asegura que el próximo proyecto de ley de la reforma del Código Penal “endurecerá los delitos por intolerancia, además de definir mejor los tipos penales”. También destaca la creación en abril pasado del Consejo de víctimas de los delitos de odio y discriminación que cuenta con el apoyo de 20 ONG, junto con la puesta en marcha de un proyecto para crear un futuro mapa de la discriminación en España que tratará de determinar a las potenciales víctimas. El Gobierno también se ha propuesto mejorar la formación de la policía para detectar y registrar incidentes racistas.
Marcia, que limpia pisos desde 1991 en Madrid, no tilda a España de racista. «En todo el mundo hay gente que se lo toma de esa manera. No vamos a pluralizar y decir que todos sean racistas. Gente buena y mala la hay en todos los países», aclara ella, mientras recuerda la tarde en la que un hombre, de unos 45 años, además de insultarla la golpeó en repetidas ocasiones en la cabeza, un muslo, el pecho y en una rodilla. Esta ecuatoriana confiesa que nunca pensó que iba a ser una víctima más de racismo, razón por la que desde lo ocurrido procura andar con más cuidado mientras espera la resolución del juicio celebrado a principios del pasado mes.
El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, califica el conteo oficial como un avance para visibilizar el racismo y la xenofobia en España. “Hay gente que me dice que son muchos los casos y yo les contesto que no son tantos. En Reino Unido que llevan muchísimos años de registro se estiman 54.000; y en Alemania, que también tienen una trayectoria, la cifra asciende a 25.000 al año”, asegura Ibarra.
En España sin embargo se ha tardado más en contabilizarlos. El motivo, según la fiscal Elvira Tejada, se debe a que “los problemas con los inmigrantes no son tan serios como en otros países europeos”. Esta teoría es secundada por el presidente del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), Nicolás Marugán, que recuerda que “nuestro país es tolerante porque es y ha sido inmigrante y por la positiva influencia del turismo”. Aun así no olvida la existencia de actos racistas y “la falta de denuncia de este tipo de sucesos”.
Una de las trabas con las que se encuentran los denunciantes, además del miedo a las posibles represalias y la falta de información de sus derechos, es que el ordenamiento jurídico español no contempla el delito de odio de forma tipificada, es decir, “que la categoría jurídica de delito de odio no está explícita en el Código Penal”, explica Ibarra, además de que esta clase de discriminaciones es una agravación, no un delito como tal.
Khadija Fairouni, marroquí de 45 años, lleva 30 de ellos viviendo en Barcelona. Nunca se había enfrentado a una discriminación racial hasta que hace dos años comenzó a ponerse el velo islámico y en las rebajas de enero de 2013 un vigilante de seguridad de una tienda de ropa en Barcelona, presuntamente, la agredió física y verbalmente. Fairouni, que es una de las víctimas protegidas por SOS Racismo de Barcelona, estuvo retenida en la tienda más de media hora al ser acusada de robar un jersey, que había comprado. «La dependienta me había quitado solo una alarma, y la prenda tenía tres». La mujer trató de explicárselo al vigilante pero él intentó echarla del establecimiento a empujones e incluso llegó a meterla «en una habitación oscura». «En cuanto llegó la encargada me pidió perdón por lo sucedido. Pero aun así denuncié al vigilante porque por su culpa he tenido que estar una semana de baja».
Precisamente es en Cataluña, comunidad autónoma en la que vive Khadija, donde se han registrado más denuncias por esta clase de actos con 103 incidentes; le sigue Madrid con 57, Castilla La-Mancha con 48, Andalucía con 41 y Comunidad Valenciana con 23. Pero los datos dan lugar a confusión porque a pesar de que Cataluña encabeza la lista de denuncias por racismo, la fiscal, Elvira Tejada, recuerda que no es que sea la comunidad autónoma donde hay más racismo, sino que “lleva haciendo el recuento más tiempo y por eso cuenta con más casos”. La fiscalía de delitos de odio y racismo lleva funcionando en Barcelona más de cinco años. La comunidad catalana empezó a hacer este recuento antes que el resto de España porque había una gran preocupación tras varios incidentes similares a los sucedidos hace un mes en el metro de Barcelona. “También coincidió que en ese momento había fiscales muy sensibilizados”, puntualiza Tejada.
Ibarra, dice tener bastante constancia de las agresiones en Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía. Al igual que, según él, en Valladolid y en Baleares. “El impulso de este tipo de conductas de odio, discriminación e intolerancia camina vía Internet, y por lo tanto, no hay fronteras. Las imágenes y los mensajes racistas que existen en otros países se consumen en Galicia o en Canarias y esto conlleva un peligro de que se produzcan agresiones en cualquier sitio». La vía pública y los campos de fútbol son los lugares donde más discriminaciones racistas se han recogido según el Ministerio del Interior, con 87 y 72 denuncias respectivamente. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) señalaba además en su última encuesta de 2009 que el lugar de trabajo es donde más discriminaciones se dan. Nicolás Marugán, presidente del Oberaxe, pide, sin embargo, ser prudentes y “esperar a que el FRA repita la encuesta el año que viene para dar datos más específicos”.
La Fundación de Secretariado Gitano ha contabilizado 113 casos de racismo contra esta etnia en lo que va de año. En 2013 hubo 156 víctimas. La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) llamada Actitudes hacia la inmigración de 2012 señala que el colectivo gitano, subsahariano y los practicantes de la religión musulmana son las personas más estereotipadas en España. Según este mismo informe, los grupos étnicos clasificados como orientales y la población latinoamericana andina (Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador), se siente más discriminados que en 2010.
Algunas de las preguntas que surgen es si la crisis económica hace a España más racista. La fiscal Elvira Tejada cree: “En determinadas circunstancias hay sentimientos que afloran más. Por ejemplo si a mí no me atienden en la Seguridad Social y pasa un inmigrante antes que yo, pues hay quien se permite comentarios racistas que a lo mejor antes no los hacía porque hasta ahora vivíamos en un Estado de bienestar. A lo mejor el sentimiento, la agresividad estaba ahí pero lo que antes no salía, ahora sale”.
En la encuesta del CIS-Oberaxe de 2007 a 2010 sobre la aceptación de diferentes modalidades de relación de los españoles con los extranjeros se pone de relieve que mientras algunas tolerancias aumentan, otras en cambio bajan. Un ejemplo de ello es la diferencia entre la respuesta a si “le parece bien llevar a su hijo a un colegio donde haya muchos hijos de inmigrantes” y en el que la aceptación ha aumentado del 67% en 2008 al 87% en 2010; y entre la cuestión de “vivir en barrios donde hay inmigrantes”, donde la tendencia cambia radicalmente, mientras en 2008 había un 74%, en 2010 el porcentaje baja hasta el 55%.
