El Correo/Eva Molano y David Guadilla.- El condenado por su participación en el asesinato de cinco abogados laboralistas en 1977 permaneció 26 años fugado.
Carlos García Juliá, uno de los ultraderechistas condenados por el asesinato de cinco personas en un despacho de abogados laboralistas en la calle Atocha de Madrid el 24 de enero de 1977, será el cabeza de lista de Falange Española de las JONS para el Ayuntamiento de Bilbao en las elecciones del próximo 28-M. Cumplió 14 años de condena, aprovechó una libertad condicional para fugarse, permaneció huido de la Justicia 24 años, fue entregado por Brasil en febrero de 2020 y volvió a entrar en prisión, aunque salió apenas unos meses después. Tras quedar en libertad, afirmó: «Serán las víctimas las que me tienen que perdonar a mí. Yo ya pedí perdón hace mucho tiempo».
FE de las JONS es un partido residual y forma parte de los grupúsculos que orbitan en la extrema derecha, más allá de Vox. En las elecciones europeas de 2019 se presentó bajo la marca ADÑ Identidad Española, una coalición en la que también estaban Democracia Nacional, Alternativa Española y La Falange. En los comicios de 2019, apenas sacó 41 votos en la capital vizcaína. Las posibilidades de que García Juliá salga elegido concejal son nulas, pero su sola presencia como candidato anticipa un aumento de la tensión. No es la primera vez que los falangistas intentan utilizar Bilbao como altavoz. El cabeza de lista de hace cuatro años en Bilbao fue Jesús Fernando Fernández Gil, uno de los condenados por el asalto al centro cultural Blanquerna de Madrid, propiedad de la Generalitat, el 11 de septiembre de 2013. Hubo varios heridos. La presencia de Fernández Gil pasó en todo caso desapercibida. La de García Juliá no.
El atentado de Atocha representa de manera gráfica los momentos más convulsos de la Transición. Con apenas 22 años, García Juliá fue uno de los pistoleros que subió al despacho de abogados laboralistas, vinculados al Partido Comunista y a Comisiones Obreras, ubicado en el centro de Madrid. Buscaban a un dirigente del PCE, por entonces todavía ilegalizado. Al no encontrarle, abrieron fuego contra los presentes. Perdieron la vida los abogados Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. En el despacho también trabajaba Manuela Carmena. Salvó la vida porque Benavides le había pedido usar su despacho y la que luego sería alcaldesa de Madrid se tuvo que trasladar a otra oficina cercana. Confiados en la red de protección con la que contaban, ni tan siquiera se molestaron en escapar de Madrid. Fueron detenidos a los pocos días.
En 1980, la Audiencia Nacional le condenó a él y a otro terrorista a 193 años de prisión como autores materiales de cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio. En 1994, y aprovechando la libertad condicional de la que disfrutaba, escapó a Paraguay. Reapareció dos años después en Bolivia, donde fue encarcelado acusado de financiar a grupos paramilitares y de tráfico de drogas. Ingresó en una prisión de alta seguridad, pero en 2001 consiguió escapar sin que las autoridades bolivianas hubiesen aceptado su extradición a España.
