EFE. LA VANGUARDIA.- Cada vez más países del mundo optan desde hace años por refrendar en su legislación la prohibición de hacer apología y enaltecimiento de las dictaduras, como Alemania, aunque en otras naciones dan prioridad al derecho a la libertad de expresión.
En España el PSOE ha anunciado su intención de llevar al Congreso de los Diputados una propuesta para incluir como delito en el Código Penal la apología y exaltación del franquismo, siguiendo los pasos de la legislación de Alemania, entre otros países.
En Alemania el Código Penal desde 2005 tipifica la exaltación del nazismo como una de las formas del delito de incitación al odio racial y contempla penas de hasta tres años de cárcel. El Tribunal Constitucional alemán ya dictaminó en su día que la norma era compatible con la defensa de la libertad de expresión.
La legislación alemania castiga también, desde antes de 2005, negar o relativizar los crímenes del nacionalsocialismo y en especial la negación del Holocausto.
En Italia, la Ley Mancino, de 1993, castiga gestos, acciones y lemas relacionados con la ideología nazi-fascista y la incitación a la violencia y a la discriminación por motivos raciales, étnicos, religiosos o nacionales, y contiene penas por el uso de símbolos vinculados a los citados movimientos políticos.
Sin embargo, en diferentes sentencias, los magistrados han considerado que prevalece sobre esta norma la libertad de expresión, por lo que varias personas fueron absueltas después de haber realizado el saludo fascista.
En Predappio, el pueblo italiano en el que está enterrado Benito Mussolini, todos los años centenares de personas invocan el fascismo y honran la memoria del «duce».
Polonia equipara el nazismo con el comunismo, y hacer apología de cualquiera está penado con hasta dos años de cárcel.
Austria también aprobó en 1947 la Ley de Prohibición, para ilegalizar todas las organizaciones nazis y contribuir a eliminar toda influencia del nazismo en la sociedad. En 1992 fue ampliada para incluir claramente la prohibición de negar, minimizar, aprobar o justificar los crímenes del nacionalsocialismo, especialmente el Holocausto judío, delito de «negacionismo» penado con hasta diez años de cárcel.
En Francia son considerados delitos penales tanto la apología de los crímenes de guerra y contra la humanidad como el negacionismo del Holocausto o del genocidio cometido contra los armenios durante la dominación otomana en 1915.
Recurrentemente en Francia se producen sentencias por apología de crímenes de guerra o contra la humanidad, generalmente ligadas a la conquista nazi del país, mientras el delito de negacionismo ha motivado diversas condenas a dirigentes de la extrema derecha, como el cofundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen.
En Suiza, una de las democracias más antiguas y estables del mundo, no existen leyes específicas contra la apología o la exaltación de dictaduras o ideologías totalitarias como el nazismo, el fascismo o el comunismo.
Las legislaciones de los países escandinavos son muy liberales con respecto a la defensa de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, y no incluyen disposiciones específicas contra la exaltación de dictaduras o de «ismos», ni siquiera el nazismo, aunque sí se sancionan algunas expresiones y actos.
En Dinamarca y en Suecia existen varios movimientos neonazis legales, y si bien la exhibición de símbolos nazis o la defensa de sus ideas no son delito, sí pueden serlo las amenazas a grupos por su raza o religión.
Noruega, donde a diferencia de sus vecinos escandinavos sí hubo una ocupación nazi durante la II Guerra Mundial, castiga con multas o prisión de hasta tres años expresiones de odio o discriminación por motivos de raza, nacionalidad o etnia, incluida la exhibición de símbolos nazis.
Grecia, a pesar de haber vivido la ocupación nazi y una dictadura militar (1967-1974), no cuenta con ninguna ley que prohíba explícitamente la exaltación del fascismo.
Sí están tipificados como delito la negación del Holocausto, así como de los genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra reconocidos por los tribunales internacionales o por el Parlamento griego.
El partido neonazi Amanecer Dorado se convirtió en 2015 en la tercera fuerza política del país, cuyos líderes alababan la figura de Hitler, y, aunque desde hace años la cúpula del partido está siendo juzgada, no lo es por su ideología sino por haber formado presuntamente una organización criminal de carácter mafioso.
Rusia, que rechaza tajantemente la comparación del nazismo con el comunismo, aprobó en 2014 una ley que castiga la negación o el enaltecimiento de los crímenes cometidos por los nazis y condenados por el tribunal de Núremberg.
Ucrania fue más lejos en 2015 al prohibir la propaganda de los regímenes comunista y nazi, penar la negación pública del carácter totalitario y criminal de estos sistemas y vetar el uso de sus símbolos.
En Brasil la Constitución creada en 1988 después del régimen militar no tipifica como delito la exaltación de la dictadura o de torturadores de ese periodo, pero considera como crimen imprescriptible la acción de grupos «contra el orden constitucional y el Estado Democrático».
Sin embargo, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha expresado en diversas ocasiones su simpatía por la dictadura que gobernó el país en 1964-1985 y ha exaltado públicamente a Carlos Alberto Brilhante Ustra, uno de los jefes de la represión en la dictadura.
En Argentina está en estudio un proyecto de ley para condenar el negacionismo de los delitos de lesa humanidad contra los derechos humanos perpetrados por la última dictadura cívico-militar que gobernó en 1976-1983 y que dejó unos 30.000 desaparecidos.
El nuevo presidente, el peronista Alberto Fernández, confirmó este lunes que analiza un texto que podría basarse en la ley que rige en Francia sobre el Holocausto para condenar en Argentina a quienes nieguen el terrorismo de Estado.
En Chile se encuentra en trámite parlamentario un proyecto de ley para prohibir el homenaje y/o la exaltación de la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
En México no existe un delito específico contra la exaltación de dictaduras o ideologías como el nazismo, y la Constitución mexicana defiende la libertad de expresión en varios de sus artículos.
