El proyecto permitirá castigar a particulares y empresas con independencia de su país de origen
BERNARDO DE MIGUEL. EL PAÍS.- La Comisión Europea ha propuesto este lunes crear una lista negra europea para imponer sanciones a los individuos o empresas acusados de violar los derechos humanos con independencia de su país de origen o residencia. Por primera vez, Bruselas se dotará de un instrumento de castigo individual en el área de derechos humanos que permitirá imponer sanciones incluso a ciudadanos de países con los que la UE mantenga unas perfectas relaciones. El proyecto de reglamento, que es una réplica de la Ley Magnitski aprobada por EE UU en 2012 bajo presidencia de Barack Obama, ha ganado impulso tras el reciente envenenamiento del opositor ruso Alexéi Navalni.
El reglamento sobre medidas restrictivas en caso de graves violaciones de derechos humanos “permitirá una mayor flexibilidad para perseguir a los responsables con independencia de donde hayan cometido los actos o quiénes sean”, ha señalado este lunes el vicepresidente de la Comisión, Maros Sefcovic, tras la reunión semanal del organismo comunitario.
Las posibles sanciones consistirán, como suele ser habitual, en la prohibición de entrada en territorio comunitario a las personas que figuren en la lista negra y en la congelación de los bienes de que dispongan en algún país de la UE. Pero por primera vez, el proyecto plantea que sea la Comisión Europea la encargada de velar por el cumplimiento del veto de entrada, una competencia que ahora está en manos de los Estados y ha provocado varios incidentes, entre ellos, el paso por España a principios de año de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, incluida en la lista de autoridades de ese país sancionadas.
“Cabe interpretar el proyecto dentro de un esfuerzo por mejorar la implementación de las sanciones europeas”, señala Clara Portela, analista sénior del Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea. Portela cree que “la propuesta es novedosa porque hasta ahora la Comisión era responsable de supervisar la inmovilización de bienes pero no la prohibición de entrada”.
El proyecto supone un salto en la política europea de persecución de las violaciones de derechos humanos. En la actualidad, la UE dispone de tres listas negras para personas o entidades acusadas de terrorismo, ciberataques o uso de armas químicas. Pero las violaciones de derechos humanos se castigan en el marco de regímenes de sanción contra terceros Estados, como es el caso de China, Rusia, Bielorrusia o Venezuela.
El sistema vigente deja impune, a efectos de las sanciones de la UE, las violaciones de derechos humanos perpetradas en países con los que Bruselas o alguna capital europea no desea enfrentarse, o a las cometidas por redes transfronterizas.
El nuevo régimen, que necesita el visto bueno por unanimidad del Consejo de la UE para entrar en vigor, permitiría imponer castigos individuales tal y como hace EE UU desde 2012 o Canadá desde 2017. La ley estadounidense, aprobada en 2012 en respuesta al asesinato en Rusia del contable Sergei Magnitski cuando se encontraba detenido, se amplió en 2016 para abarcar las violaciones cometidas en cualquier lugar del planeta (la llamada Ley Magnitski Global).
La lista negra estadounidense incluye ya cuatro decenas de sancionados, entre los que figura un multimillonario israelí, acusado de actividades ilegales en la República democrática del Congo; un traficante de armas serbio, o 17 saudíes implicados en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
La lista negra europea parte de una iniciativa del Gobierno de Países Bajos y era un compromiso asumido por la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pero el proyecto se había estancado ante la dificultad de concretar el ámbito de aplicación, la definición de los motivos que pueden desencadenar las sanciones o las pruebas necesarias para garantizar que la inclusión en la lista es refrendada por el Tribunal de Justicia europeo en caso de recurso.
La Comisión Europea, sin embargo, ha superado finalmente las reticencias, en gran parte gracias a la reacción provocada por el reciente envenenamiento de Navalni. Ese ataque ha llevado a la UE a sancionar a altos cargos de la administración del presidente ruso Vladímir Putin en el marco del régimen sobre uso de armas químicas. Pero el caso ha alentado también la necesidad de establecer un régimen similar al estadounidense para poder sancionar de manera individual las violaciones flagrantes de derechos humanos.
