E País.- El Ejecutivo comunitario también lleva a Budapest ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su negativa a renovar la licencia de Klubradio, una emisora crítica con el Gobierno.
La Comisión Europea prosigue con su marcaje al milímetro de la deriva antidemocrática de Hungría. El Ejecutivo comunitario ha anunciado este viernes la decisión de llevar al díscolo vecino del Este ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por una ley que discrimina a las personas “por su orientación sexual e identidad de género”, según un comunicado emitido este viernes por la Comisión. La norma húngara, aprobada en junio del año pasado, prohíbe hablar sobre la orientación sexual en escuelas y medios de comunicación. El Ejecutivo de la Unión Europea también ha denunciado a Budapest por su negativa a renovar la licencia de Klubradio, una emisora crítica con el Gobierno. Ambos episodios suman nuevas batallas en la larga guerra por tierra, mar y aire entre Bruselas y Budapest a cuenta de los valores europeos.
La Comisión considera que la normativa húngara es un claro desafío en materia de Estado de derecho. La legislación, dice el comunicado, “viola […] los derechos fundamentales de las personas (en particular de las personas LGBTIQ)” y también “los valores de la UE”. La norma salió adelante en medio de multitudinarias protestas, que llenaron las calles de Budapest de banderas arcoiris, pero con el cómodo apoyo parlamentario del partido ultraconservador Fidesz, del primer ministro Viktor Orbán, y los votos de la formación ultranacionalista Jobbik.
El paso de acudir a la justicia no es ninguna novedad. El recurso al Tribunal de Luxemburgo es el siguiente hito en el camino del largo y tortuoso procedimiento de infracción iniciado por la Comisión en julio de 2021 contra Hungría. Ante la ausencia de una respuesta convincente por parte de las autoridades húngaras y la ausencia de medidas concretas para revertir la situación, la Comisión, que es la institución encargada de velar por el cumplimiento de los tratados de la Unión, ha decidido acudir a la justicia europea. El proceso podría acabar con sanciones multimillonarias.
“Europa no permitirá nunca que se estigmatice a partes de nuestra sociedad: ya sea por quién ama, por su edad, su etnia, sus opiniones políticas o sus creencias religiosas”, dijo la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en una comparecencia en el Parlamento Europeo poco después de que saliera adelante la legislación húngara.
Según el comunicado, la ley húngara “señala y persigue los contenidos que promueven o representan” lo que denomina “la divergencia de la identidad propia correspondiente al sexo de nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad” para los menores de 18 años. A juicio de la Comisión, esto supone la vulneración “de forma sistemática” de varios preceptos de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, como “la inviolabilidad de la dignidad humana, el derecho a la libertad de expresión e información, el derecho a la vida privada y familiar, así como el derecho a la no discriminación”. Además, el Ejecutivo europeo cree que viola las directivas sobre servicios de medios audiovisuales en cuanto a la libre prestación de servicios transfronterizos de medios audiovisuales, la directiva sobre comercio electrónico, el principio de libre prestación de servicios, el derecho a la protección de datos y la directiva sobre la transparencia del mercado único.
Budapest ha argumentado de forma habitual que su legislación es clave para proteger a la infancia. Bruselas en cambio considera que la ley contiene disposiciones que “no están justificadas en función de la promoción de este interés fundamental” o son “desproporcionadas para lograr el objetivo declarado”.https://eb062656d2b668ad440ca9b832850197.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html?n=0Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Este nuevo cañonazo llega dos días después de que la Comisión publicara su tercer informe anual sobre el Estado de derecho, un exhaustivo repaso a la situación del respeto a los valores europeos en los Veintisiete, y en el que Hungría ya se llevaba una seria andanada por sus continuos incumplimientos relacionados, entre otras materias, con la corrupción vinculada a las élites del poder y los ataques a la sociedad civil, en especial al colectivo LGBTI.
El texto sobre el Estado de derecho denunciaba el agravamiento de la situación para la sociedad civil, con “un posible efecto amedrentador” en varios países, entre ellos Hungría. En este Estado miembro, detallaba el texto, “la sociedad civil independiente sigue estando bajo presión y las organizaciones que representan a la comunidad LGBTI denuncian haber sido objeto de campañas de desprestigio lanzadas por el Gobierno, mientras que el papel del Estado en la financiación de la sociedad civil plantea dudas”.
A Hungría, contra la que la Comisión activó en abril el llamado mecanismo de condicionalidad, una herramienta para salvaguardar los fondos europeos de los incumplidores en materia de valores europeos, le reclamaba además que establezca “un sólido historial de investigaciones, procesamientos y sentencias definitivas en casos de corrupción de alto nivel”; que garantice “la independencia y la eficacia de las investigaciones y los enjuiciamientos”, además de abordar “el amplio alcance de las inmunidades de los altos cargos”. Hungría es uno de los escasos socios comunitarios que aún no ha recibido el visto bueno a su plan de recuperación contra el zarpazo de la covid, algo a lo que se sigue resistiendo Bruselas precisamente por sus incumplimientos en este campo.https://eb062656d2b668ad440ca9b832850197.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html?n=0
El informe del Estado de derecho también daba un severo tirón de orejas a Budapest por la situación en materia de libertades de prensa, el centro de otra de las enconadas contiendas de Bruselas con el Gobierno de Viktor Orbán. “La continua publicidad estatal a los medios de comunicación progubernamentales crea un terreno de juego desigual en el panorama mediático”, señalaba el informe, que subrayaba “la preocupación” por la “independencia editorial y financiera” de los medios públicos. “Los profesionales de los medios de comunicación siguen enfrentándose a retos en el ejercicio de sus actividades, incluso con la vigilancia de los periodistas de investigación”, añadía.
Este es precisamente el campo donde la Comisión ha anunciado otro procedimiento contra Hungría. El organismo capitaneado por Von der Leyen ha anunciado este viernes que también lleva a Budapest ante la justicia europea por rechazar la renovación de la licencia de Klubradio, una de las emisoras más críticas con el Gobierno de Orbán. “Las acciones desproporcionadas y discriminatorias de Hungría impidieron a Klubradio continuar su actividad en el sector de la radiodifusión sobre la base de la frecuencia de radio”, señala la Comisión en un comunicado.
El Ejecutivo comunitario cree que “los derechos de uso de las radiofrecuencias deben asignarse sobre la base de criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados”, algo que contravino Hungría. “Abordamos los ataques a los medios independientes a través de todas las herramientas que tenemos”, ha escrito en redes sociales la comisaria europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, al hacerse pública la decisión.https://eb062656d2b668ad440ca9b832850197.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html?n=0
La comisaria también ha aplaudido el nuevo paso dado por el Ejecutivo contra Polonia en el enfrentamiento a cuenta de dos sentencias de su Tribunal Constitucional, emitidas en 2021, que colocaron al país al borde de la ruptura legal con la UE. Las decisiones del máximo intérprete de la constitución polaca cuestionaban la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario sobre el nacional, uno de los pilares sobre los que descansa la arquitectura de la UE.
En concreto, la Comisión ha enviado este viernes un dictamen motivado a Polonia, el siguiente paso preceptivo en el procedimiento de infracción iniciado contra Varsovia en diciembre de 2021 por las citadas sentencias. En ellas, el órgano judicial “consideró […] que las disposiciones de los Tratados de la UE eran incompatibles con la Constitución polaca”, apunta el comunicado emitido este viernes. Polonia dispone ahora de dos meses para adoptar las medidas necesarias para cumplir la legislación de la UE. De lo contrario, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia.
