EFE.- La Policía Federal brasileña informó este miércoles que abrirá una investigación para establecer si la grave emergencia sanitaria en el pueblo indígena Yanomami responde a una «omisión», que pudiera constituir el delito de «genocidio».
La investigación responderá a una denuncia presentada por el Ministerio de Justicia, después de que fuera detectada una gravísima situación de salud en las aldeas yanomamis situadas en los estados de Amazonas y Roraima, fronterizos con Venezuela.
La denuncia pide esclarecer la supuesta responsabilidad de funcionarios del Gobierno del ahora expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien fue sustituido el pasado 1 de enero por el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
El territorio Yanomami, la mayor reserva de Brasil, con cerca de 10 millones de hectáreas, está habitado por unos 27.000 indígenas que, según el nuevo Gobierno, han padecido en los últimos años una «falta de asistencia» y «abandono» en cuestiones de salud, y además han sido hostigados por mineros ilegales que operan en la Amazonía.
La denuncia cita «reiterados pedidos de ayuda» presentados desde 2019 al Gobierno por los indígenas, que habrían sido «ignorados» por las anteriores autoridades.
El propio Lula visitó la tierra yanomani el pasado sábado, tras lo cual fue declarada una situación de «emergencia sanitaria» de «importancia nacional» en esa región, a la que han sido enviados refuerzos del Ministerio de Salud y otros organismos estatales.
En un primer balance sobre esa operación, el Gobierno informó este martes de que más de un millar de indígenas, muchos con cuadros graves de desnutrición, ya han recibido «atención de emergencia».
Según el Ministerio de los Pueblos Indígenas, creado por Lula, al menos 570 niños yanomamis fallecieron «por contaminación de mercurio, desnutrición y hambre» durante los últimos 4 años.
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Además del hambre y la degradación de los ríos de la región por el mercurio usado en la minería ilegal, también han sido detectados numerosos casos de malaria y otras enfermedades.
En opinión del ministro de Justicia, Flávio Dino, si se comprueba la supuesta «omisión» del Gobierno, se podría estar frente a unos «fuertes indicios de un delito de genocidio», que estaría dado por una actitud «deliberada» que habría provocado esa situación.
Desde que asumió el poder, en enero de 2019, Bolsonaro impulsó políticas que incentivaron la minería, incluso ilegal, en toda la región amazónica y, de acuerdo a organismos de derechos humanos, desmanteló la estructura pública volcada a garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
El expresidente viajó hacia Estados Unidos el 30 de diciembre pasado, 2 días antes de la investidura de Lula, y hasta ahora no ha aclarado cuándo pretende regresar a Brasil. EFE
