El País.- El Gobierno británico endurece su control de fronteras en la era pos-Brexit. Los llegados de forma irregular serán redirigidos a la nación africana y el ejército controlará las aguas que separan al Reino Unido del continente.
La realidad objetiva confirma que el Reino Unido se enfrenta a un problema cada vez más grave: si en 2019 fueron apenas 300 las personas que intentaron cruzar de modo irregular el canal de la Mancha, dos años después, en 2021, la cifra superó los 28.500 (según datos acumulados por la BBC; el Ministerio del Interior británico no las publica). La realidad política, sin embargo, sugiere que el Gobierno de Boris Johnson planea recuperar el espíritu aislacionista del Brexit y el discurso de fronteras herméticas —el Take Back Control (Recuperemos el Control) de la campaña del referéndum de 2016— para caldear el ánimo preelectoral de sus votantes y colocar a la oposición laborista en una situación incómoda.
Si los primeros globos sonda hablaban de Albania o de Ghana para abrir centros de migrantes en el exterior, el Ejecutivo británico ha elegido finalmente a Ruanda, el país del este africano que vivió la masacre genocida de la minoría tutsi a manos del Gobierno hutu, en 1994. La ministra británica del Interior, Priti Patel, ha viajado este jueves a la capital, Kigali, para firmar un acuerdo que supondrá más de 144 millones de euros y permitirá a las autoridades británicas reenviar a ese país a gran parte de los inmigrantes irregulares interceptados cada año en el canal de la Mancha. Serán sobre todo los varones adultos, que en su mayoría componen los denominados por Downing Street “emigrantes económicos”: personas que, según esta clasificación, no están siendo realmente perseguidas por motivos políticos, religiosos o de cualquier tipo, sino que aspiran a mayores oportunidades vitales.
El Gobierno de Johnson quiere dejar claro que esta aspiración, si no se realiza por los estrechos canales legales del proceso migratorio, ha pasado a ser un delito. “Nuestra compasión puede ser infinita, pero nuestra capacidad para acoger personas no lo es”, ha dicho Johnson en la localidad de Kent, en un discurso diseñado para relanzar el mensaje de dureza contra la inmigración irregular que se prometió con la salida del Reino Unido de la UE. “Del mismo modo que el Brexit nos permitió recuperar el control sobre la inmigración al sustituir la libertad de movimiento de personas por un sistema de ingreso basado en puntos, también recuperaremos el control sobre la inmigración ilegal con un nuevo plan a largo plazo para obtener asilo en este país”, ha asegurado el primer ministro británico.
Los inmigrantes que intentan cruzar el canal son “ilegales”, según el Gobierno británico. En ningún momento habla de “irregulares”. Las palabras, de nuevo, definen la política. La nueva Ley de Fronteras y Nacionalidades, que se encuentra en sus primeros trámites legislativos en el Parlamento, pretende sancionar penalmente a los que intenten entrar ilegalmente al Reino Unido (y con prisión permanente revisable a los que pilotan las lanchas o reclutan a los inmigrantes).
En lo que va de 2022, más de 4.600 personas han cruzado el canal de la Mancha. La cifra récord se registró este miércoles, con más de 600 inmigrantes interceptados por la policía.
“Ruanda es uno de los lugares más seguros del mundo, y en los últimos años se ha hecho famoso por su capacidad para reubicar y asentar a inmigrantes”, ha dicho Johnson. “Muchos abogados y organizaciones se han dedicado durante años a ganar dinero a base de cuestionar en los tribunales las decisiones del Gobierno sobre inmigración, y estoy seguro de que habrá nuevas demandas en los meses venideros”, ha anticipado el primer ministro. “Pero no se trata de una respuesta sin compasión. Creo que la opción de Ruanda se convertirá en el nuevo modelo internacional de respuesta al problema de la inmigración”.
Control militar de la inmigración
La idea de reenviar a un tercer país, de dudosa seguridad jurídica, a los inmigrantes irregulares que intentan llegar al Reino Unido ha provocado duras reacciones por parte de la oposición laborista y de numerosas organizaciones de ayuda al refugiado. Nada ha echado atrás al Gobierno de Johnson, que lleva meses flirteando con esa estrategia y lanzando posibles destinos, para generar debate político e ir aclimatando el apoyo de los votantes conservadores. Se habló de Ghana o de Albania, pero también de plataformas petrolíferas abandonadas en el mar del Norte o incluso de ferris en desuso que se mantendrían frente a la costa británica.
“Se trata de un anuncio desesperado y verdaderamente vergonzoso por parte del Gobierno, que intenta distraer la atención sobre el hecho de que Johnson ha incumplido la ley”, ha dicho Yvette Cooper, la portavoz laborista en materia de Inmigración. Cooper, como muchos otros críticos del primer ministro, ha asociado la información sobre Ruanda con una maniobra para desplazar de la atención pública la multa impuesta por la policía a Johnson y a su ministro de Economía, Rishi Sunak, por las fiestas prohibidas en Downing Street durante el confinamiento. “Es una propuesta impracticable, contraria a la ética y que supone una clara extorsión”, ha escrito en su cuenta de Twitter.
La opción de Ruanda, donde muchos de los inmigrantes detenidos deberían esperar durante meses la resolución de sus trámites de solicitud de asilo, se vería reforzada por la creación de un centro de retención en la base aérea militar de Linton-on-Ouse, que acogería a cientos de recién llegados. Según asegura el Gobierno británico, en este caso las personas retenidas tendrían libertad para entrar o salir de las instalaciones, como ya la tienen los miles de solicitantes de asilo que viven en hoteles repartidos por todo el país. Pero la decisión más polémica de la nueva estrategia, que apunta a nuevas fricciones con el Gobierno de Francia, es la utilización del ejército para controlar la llegada de personas a través de las aguas del canal. “A partir de este mismo jueves”, ha anunciado Johnson, “la Armada Real[Royal Navy] asumirá el control de las fronteras en el canal de la Mancha”. Se aumentará en más de 60 millones de euros el presupuesto para lanchas y material militar.
Downing Street ha reclamado sin éxito a París en los últimos meses la posibilidad de patrullas conjuntas en las playas francesas, o la readmisión por el país vecino de los inmigrantes irregulares procedentes de sus costas. En ambos casos, Londres ha recibido un no por respuesta. “Yo creo que es posible un esfuerzo mayor para interceptar a las personas en las costas de Francia”, ha dicho Johnson, “pero hoy queremos demostrar cómo el Reino Unido ha logrado su propia solución, a falta de un acuerdo con París”, ha asegurado.
El Gobierno británico se escuda en decisiones previas, como la de la UE que acordó con Atenas una serie de centros de acogida de inmigrantes en varias islas griegas. O la del Gobierno de Dinamarca, que ya ha aprobado en el Parlamento la decisión de reenviar a los recién llegados a países terceros (la opción de Ruanda también está sobre la mesa). O de Australia, que retiene a muchos de ellos en las islas de Nauru y Manus. De hecho, las autoridades de Bruselas comparten el mismo razonamiento que el Ejecutivo británico: el reenvío de las personas a terceros países sería un elemento disuasorio para las organizaciones criminales que se enriquecen con el tráfico de personas y desalentaría el viaje en muchos casos. La UE también ha estudiado la opción de Ruanda, del mismo modo que ha llegado ya a acuerdos de “externalización” con Turquía, Libia o Níger.
“Estamos escandalizados con la decisión del Gobierno, cruel y desagradable, de enviar a Ruanda a los que buscan refugio y santuario en nuestro país”, ha denunciado Enver Solomon, de la organización Refugee Council (Consejo de los Refugiados). “Externalizar el sistema de asilo del Reino Unido no hará nada por cambiar los motivos por los que muchas personas se lanzan a realizar un viaje tan peligroso. Solo servirá para aumentar el caos y el sufrimiento humano”, ha dicho Solomon.
