ENRIQUE MÜLLER. EL PAÍS.- Con el objetivo de limitar la “inmigración de la pobreza”, el Gobierno de coalición alemán ha puesto en marcha un delicado y controvertido proceso con el objetivo de expulsar del país a los inmigrantes comunitarios que no encuentren trabajo en un plazo de tres o seis meses. Está previsto que las medidas, que se concretarán a partir de junio, afecten a los inmigrantes de todos los países de la UE.
Con la vista puesta en los trabajadores rumanos y búlgaros —sobre todo, de etnia gitana— y para evitar que utilicen la libre circulación que garantiza la Unión Europea para beneficiarse del generoso sistema social que impera en el territorio germano, el Ejecutivo de Angela Merkel dio ayer un paso al frente más amplio. Aprobó un informe de 133 páginas —elaborado por un panel de expertos de varios ministerios— donde se propone conceder un plazo de entre tres y seis meses para que cualquier inmigrante comunitario pueda encontrar un trabajo en Alemania. Si al cabo de ese tiempo no ha logrado empleo, deberá regresar a su país.
El ministro del Interior, Thomas de Maizière, y su colega de Trabajo, Andrea Nahles, presentaron ante la prensa el documento, titulado Cuestiones jurídicas y desafíos en el uso de los sistemas de seguridad social por parte de los nacionales de los Estados miembros de la UE. “El número de inmigrantes procedentes de Bulgaria y Rumanía y los problemas sociales que están parcialmente asociados a la inmigración son manejables y controlables a nivel nacional, pero representan un problema en varias ciudades específicas que tienen bolsones de pobreza”, dijo el ministro de Maizière. Calificó el aumento de la inmigración en Alemania (un 5,8% más en 2013, hasta sumar 7,6 millones de personas) como una “buena noticia”. “Los inmigrantes aportan bienestar a nuestro país”, dijo.
El texto pone énfasis en la lucha contra el fraude que, según las autoridades alemanas, realizan numerosos inmigrantes comunitarios que llegan desde Europa del Sur y del Este. Los expertos recomiendan que quienes cometan el delito de fraude social deben ser expulsados y castigados con una prohibición temporal para poder volver a Alemania.
Para evitar el abuso, las autoridades pedirán a los inmigrantes de la UE que soliciten las ayudas sociales un número de identificación fiscal, una medida que puede garantizar, por ejemplo, el número de personas que integran la familia del solicitante.
La idea de endurecer el control de la llegada al país de los inmigrantes pobres, que también han sido bautizados como “turistas sociales”, nació a fines del año pasado en Baviera. El estado federado más rico de Alemania decidió rescatar de su arsenal político las peligrosas armas del populismo de derecha para impedir que miles de rumanos y búlgaros puedan viajar a Alemania para buscar trabajo y, al mismo tiempo, disfrutar del generoso sistema social que ofrece el país a sus trabajadores.
Las autoridades alemanas creen que unos 200.000 trabajadores rumanos y búlgaros llegarán al país este año, atraídos por la prosperidad económica, pero también por las generosas ayudas sociales que reciben todas las personas con un contrato de trabajo. Ahora viven en Alemania unos 267.398 rumanos y 146.828 búlgaros y solo un 7% está sin trabajo.
La polémica la desató a finales del año pasado el jefe del Gobierno bávaro, Horst Seehofer, quien calificó a los futuros inmigrantes como “peligrosos turistas sociales”. Bajo el lema “el que engaña vuela”, la CSU propuso eliminar las prestaciones sociales en los primeros tres meses de estancia y hacer posible la expulsión del país de todas las personas que hayan engañado, por ejemplo, con documentos falsos a las autoridades para obtener un empleo o las prestaciones sociales.
El documento de la CSU provocó una crisis en el seno del Gobierno de Merkel el pasado enero. Para impedir un daño mayor a la unidad del Ejecutivo —que ayer cumplió 100 días— la canciller Angela Merkel y el vicecanciller y ministro de Economía, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, acordaron crear una comisión de expertos para que analizaran el problema y buscaran soluciones destinadas a impedir “el fraude a las prestaciones sociales”.
El resultado es el informe de ayer. “Esta medida no es compatible con el derecho de la Unión”, dijo a este diario Volker Beck, portavoz de Los Verdes. Sin embargo, la norma europea reconoce el derecho de residencia para los trabajadores, pero no de forma ilimitada. La mayor parte de las propuestas del informe son compatibles con la literalidad de la directiva de libre circulación, aunque habrá que ver cómo se trasladan a la legislación alemana.
El periódico conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung resumió el contenido del informe con un título sugerente: “El que no encuentre trabajo, tiene que irse”.
