Patrimonio Nacional comunica a las familias afectadas que empezará con los trabajos en navidades
NATALIA JUNQUERA. EL PAÍS.- El consejo de administración de Patrimonio Nacional ha autorizado la apertura de las criptas del Valle de los Caídos donde yacen republicanos enterrados sin el consentimiento familiar. El acuerdo se adoptó este martes y se ha comunicado ya a las familias afectadas. Los trabajos empezarán en navidades, según explica el abogado de los familiares, Eduardo Ranz.
Un equipo de técnicos y expertos forenses procederá a la apertura de la capilla del Santo Sepulcro, en primer lugar, posteriormente la capilla del Santísimo y finalmente las capillas laterales de la nave de la basílica del mausoleo.
La semana pasada Patrimonio Nacional se reunió en tres días diferentes con todas las familias afectadas —han recibido 31 peticiones de exhumación— y les hizo llegar la copia del informe del instituto del CSIC, de 326 páginas, que ha analizado el estado del interior de las criptas. Los técnicos han introducido un videoscopio, y visto aproximadamente un metro del interior de las mismas.
Un arquitecto explicó con un power point la situación de las criptas a los familiares. La primera parte del proceso consiste en romper las paredes y luego, según lo que se encuentren los expertos, procederán a la extracción de los restos. Los trabajos empezarán por la cripta donde se cree que yacen los hermanos Lapeña, cuya familia tiene una sentencia para proceder a la exhumación desde el 30 de marzo de 2016. Manuel Lapeña lleva mucho tiempo batallando por recuperar los restos de su padre y de su tío. Tiene 95 años.
Eduardo Ranz, abogado de las familias, confía en que esta vez, finalmente, puedan llevarse a cabo los trabajos. «Como dijo Claudio Sánchez Albornoz al regresar a España, ‘son muchos cuarenta años. No hay históricamente nada que resista el tiempo».
Patrimonio Nacional adjudicó en julio de 2016 al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del CSIC, el contrato para valorar el interior de las criptas. Dicho instituto presentó un primer informe el 28 de julio de 2017 describiendo las cinco inspecciones realizadas hasta la fecha. Pero a partir de ese momento, según explican los técnicos, los trabajos se suspendieron «por motivos ajenos al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja a petición de Patrimonio Nacional».
El 10 de abril 2018, Patrimonio Nacional comunicó al instituto la posibilidad de reanudar los trabajos y el 23 de ese mismo mes, los técnicos realizaron una nueva inspección en la capilla del Santo Sepulcro. En julio, Patrimonio Nacional les pidió que ampliaran la inspección a todas las capillas y comprobar su estado «desde el punto de vista estructural, describiendo patologías y humedades, así como el estado de conservación de las cajas» donde se encuentran los restos humanos. Los expertos del CSIC realizaron nuevas visitas a las capillas entre noviembre de 2018 y abril de 2019.
El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, está firmado por dos ingenieros de caminos y el director del Instituto Eduardo Torroja, y muestra las imágenes tomadas por el videoscopio. Algunas de las criptas presentan humedades por filtraciones de agua y restos cadavéricos fuera de las cajas de madera en la que habían sido inhumados.
La mayor dificultad técnica será la identificación de los familiares de los reclamantes si los huesos se encontraran mezclados con otros restos humanos. La fosa común más grande de España es la del Valle de los Caídos, donde yacen los restos de 33.800 personas. Familiares de republicanos enterrados allí sin su consentimiento celebraron el traslado de los restos de Franco el pasado 24 de octubre, de forma que el verdugo ya no comparte espacio con sus víctimas, pero quieren llevarse los restos de sus seres queridos fuera del monumento.