El gobierno trata de bloquear una propuesta de ley para que los refugiados y migrantes confinados en Papúa y Nauru puedan recibir tratamiento médico en territorio australiano
HÉCTOR ALONSO. ACTUALIDAD HUMANITARIA.- La mala imagen internacional que está dando Australia con su política contra los inmigrantes y refugiados no mejorará si el gobierno logra rechazar un proyecto de ley con el que la oposición trata de facilitar que los refugiados y solicitantes de asilo que permanecen retenidos en Papúa y Nauru y necesiten tratamiento médico puedan ser atendidos en territorio australiano.
Hace unos días publicamos la noticia de que un refugiado kurdo de origen iraní, Behrouz Boochani, que llevaba encerrado cinco años en la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea), había sido galardonado con el premio literario más importante de Australia. En la noticia contábamos que Boochani no podría siquiera ir a recibir el galardón, dotado con 100.000 dólares, por tener prohibida su entrada en territorio australiano al ser un refugiado deportado por la marina de Australia, algo que es ilegal según las normas de derecho internacional.
La oposición al gobierno ha presentado una propuesta de ley para tratar de relajar algo las durísimas normas migratorias australianas y que al menos los refugiados que Australia expulsó y confinó en Manus (Papúa Nueva Guinea) y en Nauru, puedan recibir tratamiento médico en territorio australiano, algo que apoya la Asociación de Médicos de Australia. Sin embargo el gobierno sigue en sus trece y tratará que esa norma no sea aprobada: el primer ministro de Australia este mismo fin de semana ha hecho campaña para evitar que la ley sea aprobada por el Parlamento.
Bajo la política de inmigración de Australia, los solicitantes de asilo interceptados en el mar son enviados a campamentos en Papua Nueva Guinea (PNG) y Nauru, y no pueden poner un pie en Australia, incluso si se reconoce que son refugiados. La propuesta de ley pretende permitir la transferencia temporal de “personas transitorias” de Papúa y Nauru a Australia para una evaluación médica.
La respuesta del primer ministro, Scott Morrison es que las fronteras de Australia “no pueden depender de lo que decidan los médicos”. También se han opuesto a la ley los ministros de Defensa y de Inmigración.
Si se aprobara esa ley el gobierno dice que tendría que abrirse de nuevo el centro de detención de la Isla de Navidad, que supondría un coste de casi mil millones de dólares, y que los servicios médicos serían usados por la casi totalidad de los 1.000 solicitantes de asilo y refugio que permanecen en Papúa y Nauru. Otro argumento es que aumentaría de nuevo el tráfico de refugiados y migrantes desde Indonesia a Australia.
El gobierno se niega con otro argumento: con la anterior política, menos dura, llegaron a Australia más de 50.000 migrantes y 1.200 se ahogaron en el intento y más de 8.000 niños permanecieron en custodia.
La política de Australia con respecto de los refugiados y migrantes es una de las más duras del mundo, hasta el punto de que ha sido criticada con dureza por la ONU y ACNUR. Los refugiados son trasladados a la fuerza a instalaciones situadas en estados vecinos, como Papúa Nueva Guinea o Nauru, y gestionadas por contratas privadas. Las condiciones de vida de los migrantes no son las idóneas, según las organizaciones humanitarias, y muchos llevan más de cinco años en esa situación.
La votación se celebrará este martes en el Parlamento y el resultado no está claro, ya que el gobierno es una coalición apoyada por independientes.
