EFE. ELDIARIO.ES.– Desconocidos asesinaron este lunes en el departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador, a la defensora de derechos humanos Paula Andrea Rosero Ordóñez, informaron fuentes oficiales.
El hecho se registró en el casco urbano de la población de Samaniego, donde vivía la personera (autoridad municipal responsable de la defensa de los derechos humanos).
La Procuraduría General de Colombia y la Defensoría del Pueblo rechazaron en un comunicado conjunto «el asesinato de la Personera del municipio de Samaniego – Nariño, Paula Andrea Rosero Ordóñez, de 47 años de edad, ocurrido en la noche de este lunes».
Las entidades pidieron al Gobierno colombiano «tomar medidas de carácter urgente para garantizar la vida, la integridad personal y el trabajo de los personeros del país, así como el de todos los líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, quienes se encuentran expuestos a actos de violencia por su trabajo en favor de la defensa de los derechos de todos».
Al mismo tiempo se solidarizaron con la familia de Rosero y anunciaron que harán seguimiento a «los avances de las investigaciones en este caso».
La ONG Programa Somos Defensores divulgó este lunes un informe en el que señala que 25 defensores colombianos de derechos humanos fueron asesinados entre enero y marzo de este año.
De acuerdo con el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh), en el cual se basó Somos Defensores para su análisis, los departamentos en donde se cometieron los asesinatos son Antioquia (5 casos), Cauca (4), Norte de Santander (4), Valle del Cauca (3), Nariño(2), Caquetá (2), Arauca (1), Bolívar (1), Casanare (1), Magdalena (1) y Santander (1).
En abril, Somos Defensores divulgó su informe anual en el que señaló que 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia por el asesinato de 155 de ellos, lo que supone un 46,2 % más que los 106 homicidios de 2017.
Las cifras divulgadas por Somos Defensores son más altas que las del informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que registró el asesinato de 113 líderes sociales en 2017 en el país.
