El País.- El feminicidio de dos wichís de 12 y 14 años hizo que las mujeres indígenas se alcen contra este delito que se remonta a la época de la conquista española.
En 2019, un tribunal de la provincia argentina de Salta condenó a 17 años de cárcel a seis hombres por la violación en grupo de una niña de etnia wichí de 12 años que padecía una deficiencia mental. Este fallo reparador fue un primer paso para visibilizar el delito de chineo —como se conoce en Argentina a la violación por parte de hombres blancos de niñas, niños y mujeres indígenas— y a agrietar la impunidad con la que se ha perpetrado durante siglos en las zonas rurales y empobrecidas del noroeste del país. Aún así, los abusos sexuales colectivos continuaron.
Entre enero y marzo, Pamela, una niña wichí de 12 años, y Florencia, una adolescente de 14, fueron asesinadas. Sus cuerpos, hallados al lado de dos carreteras provinciales de Salta, presentaban signos de violencia sexual. Estos feminicidios tuvieron escaso eco en el resto del país, pero provocaron un tsunami en el interior de las comunidades indígenas. Las mujeres comenzaron a romper el silencio sobre un tema tabú: casi una treintena se animaron a denunciar que habían sido violadas.
Las denunciantes cuentan ahora con el apoyo de líderes sociales y organizaciones de derechos humanos, que exigen medidas urgentes para frenar estos delitos y que sean declarados crímenes de odio.
“No son prácticas culturales, como se suele decir. Son lisa y llanamente violaciones”, denuncia el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). “Son abusos sexuales que se dan con mirada cómplice de muchos de los que deberían protegerlas”, agrega por teléfono Magdalena Odarda, directora de este organismo destinado a velar por los derechos de las comunidades indígenas en Argentina.
El INAI presentó una denuncia penal la semana pasada a partir de 27 casos identificados por la referente wichí Octorina Zamora, recientemente fallecida. “De esas mujeres solamente tres habían hecho la denuncia. Viven en un clima muy hostil, en el que hay mucho amedrentamiento y temor por las distintas formas de represalia”, explica Odarda. El INAI quiere ser querellante en la causa.
Cacería humana
Los orígenes del chineo se remontan a la colonización (los españoles comenzaron a llamar chinas a las indígenas por sus ojos rasgados), pero hoy continúa. La mayoría de las víctimas viven en parajes rurales, en condiciones de extrema pobreza y con un Estado ausente.
En algunos casos, el delito es perpetrado por “grupos de varones que se dirigen al monte y cazan a adolescentes y niñas, a las que corren, persiguen, derriban y violan”, según el INADI. En otros, las engañan con el objetivo de abusar sexualmente de ellas y si se quedan embarazadas no se hacen cargo.
“El padre de mi niño era un hombre que vino a trabajar en la ruta. Me embaracé con 14 años, él tenía 40. Después de un tiempo se fue, me dejó sola y se fue a otra provincia. Con el tiempo entendí que fui abusada y no lo sabía”, dice uno de los testimonios de la carta elaborada por la primera Asamblea general de mujeres indígenas de la ruta 81, el pasado febrero.
“Trabajaba limpiando en una casa en el pueblo de Pluma. Mi patrón me embarazó y nunca se hizo cargo. Nos rechaza, somos su vergüenza. Pero él continúa haciendo lo mismo con otras mujeres, a otras chicas”, dice otro de los testimonios.
La carta fue entregada al ministro de Justicia de Salta, Abel Cornejo, para pedirle apoyo y protección: “La justicia local nos niega cualquier posibilidad de acción haciéndonos sentir que nuestra lucha es en vano y que lo que nos sucede a nosotras es parte de algo cotidiano. Constantemente sufrimos la discriminación y constantemente somos sometidas para que nuestros casos no salgan a la luz”.
Odarda destaca que los niños nacidos de esos abusos sexuales “no tienen un padre presente ni prestación alimentaria ni protección social”, por lo que el Estado no sólo debe garantizar que haya justicia para las víctimas sino ofrecerles “contención y garantías para que se cumplan sus derechos”.
El senador salteño Walter Cruz propone crear una comisión que reciba las denuncias por abusos sexuales a integrantes de las comunidades originarias. Las mujeres indígenas quieren llevar los casos hasta la Casa Rosada. Solicitarán una audiencia con el presidente, Alberto Fernández, para que escuche sus reclamos.
