El Mundo.- El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano (PP), remitió este jueves 10 de octubre una carta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo (PSOE), en la que denuncia que la aplicación de la conocida como Ley Trans está generando «problemas de convivencia» en su municipio, según ha dado a conocer en una nota de prensa.
De acuerdo con la misiva remitida por Escribano, la aplicación de la Ley 4/2023 de 28 de febrero, aprobada en el Congreso de los Diputados, estaría provocando situaciones «que atentan directamente contra los derechos de las mujeres de la ciudad y los trabajadores municipales», y reclama a la ministra Redondo que se les dote de «las herramientas necesarias para dar respuesta a todos estos problemas de convivencia que su Ley Trans está provocando en la ciudad».
La Ley 4/2023 de 28 de febrero fue impulsada por el anterior ejecutivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Irene Montero (Unidas Podemos) como ministra de Igualdad, buscando la autodeterminación de género, la despatologización de las identidades trans, la protección de las personas trans contra la discriminación y el reconocimiento de derechos a los menores trans, además de otro amplio abanico de herramientas y reconocimiento de derechos para todo el colectivo LGTBIQ+.
Según denuncia la alcaldía de Arganda, el ejercicio del derecho a la autodeterminación de género de las personas trans, establecido por la Ley, estaría provocando quejas de trabajadores municipales y usuarios de los polideportivos.
«En los últimos meses venimos observando en nuestra ciudad cómo diferentes personas, tras cursar los trámites necesarios para llevar a cabo la ‘rectificación de la mención registral del sexo’ de masculino a femenino (…) han ejercido el derecho, otorgado por su Ley, de entrar en el vestuario femenino de las instalaciones deportivas municipales en lugar de en el masculino, como lo venían haciendo. Este hecho está provocando que muchas mujeres hayan manifestado, ante este Ayuntamiento, sus quejas y su preocupación por considerar que se está vulnerando su privacidad«, recoge la misiva.
En su misiva, el alcalde de Arganda también sostiene que el ejercicio del derecho a la libre autodeterminación de estas personas «pone en riesgo a los trabajadores municipales, que se declaran indefensos al considerar que no existen herramientas legales para actuar ante tal circunstancia».
Una queja que choca frontalmente contra el que fue uno de los objetivos principales de la ley: otorgar a las personas trans -consideradas como uno de los colectivos más discriminados del mundo- el derecho a rectificar su sexo sentido en el Registro Civil y a que pudieran vivir acorde a él en todos los espacios públicos, como lo hacen el resto de personas que no pertenecen a ese colectivo.
Arganda sugiere que podrían existir fraudes
El artículo tercero de la Ley Trans señala que «el ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole».
Entre los ejes de esta norma estaba despatologizar la transexualidad, como ya hizo la Organización Mundial de la Salud en 2018 al dejar de considerar la disforia de género una enfermedad mental, y en línea con los avances sociales, encaminados a esa despatologización. Sin embargo, a ojos del regidor, el articulado de la Ley está «otorgando todos los derechos a la autodeterminación e impidiendo cualquier posibilidad de detectar el posible fraude«.
Una circunstancia ante la que, «con la intención de garantizar los derechos de todos los vecinos de Arganda y de los trabajadores municipales», solicitan al Ministerio de Igualdad que les «indique el procedimiento a seguir para actuar ante la citada situación y posibles futuras ocasiones en que se produzcan hechos similares».
