La Audiencia Provincial de Tarragona señala que la policia «no es grupo vulnerable» por lo que no puede ser víctima del odio. También estaban acusados Llauradó, Vilella, Cervera y Quadrada
FRANCESC GRAS / MONTSE PLANA. DIARI DE TARRAGONA.- La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona ha archivado el caso por presunto delito de odio contra el alcalde de Reus, Carles Pellicer, y los concejales Noemí Llauradó y Montserrat Vilella, y los entonces también concejales Jordi Cervera y Mariona Quadrada, que el 3 de octubre de 2017 firmaron un manifiesto pidiendo la retirada de los agentes de policía de la capital del Baix Camp, alojados en el hotel Gaudí en el contexto del 1-O. Tres años después de los hechos, y en fecha 2 de noviembre de 2020, la sala ha estimado los recursos de apelación interpuestos por la representación procesal de los acusados contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Reus en fecha 10 de diciembre de 2018, en el que se acordaba la continuación de las actuaciones. Ahora, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona ha decretado el sobreseimiento libre de las actuaciones. Procedimiento que se realiza «cuando no existen indicios racionales de haberse perpetrado el hecho», «cuando el hecho no es constitutivo de delito» o «cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores».
La sala recuerda que «numerosas resoluciones han entendido que no puede incardinarse en dicho delito [el de odio], los discursos de odio referidos a policías o funcionarios públicos, al no ser grupos vulnerables», por lo que «el discurso de odio u hostilidad contra la autoridad o contra los agentes de la misma no puede ser sancionado conforme al artículos 510 del Código Penal».
Por otro lado, en cuanto a las consecuencias que se derivaron de la lectura del manifiesto, y como declaró un agente, «el motivo por el que abandonaron el hotel fue por cuestión de reserva (…) que el hotel les comunicó que en ciertas fechas tenían las habitaciones reservadas y que aun cuando hubo presiones, no fueron las que motivaron su marcha del hotel».
Cabe recordar que este pasado mes de junio, la Fiscalía Provincial de Tarragona ya pidió el sobreseimiento del caso al entender que los agentes de la Policía Nacional no pertenece a un colectivo vulnerable quue pueda ser «víctima del odio», acogiéndose a una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justícia (TSJC).
