El castigo será reemplazado por penas de cárcel, multas o una combinación de ambas
FRANCISCO CARRIÓN. EL MUNDO.- Los tribunales de Arabia Saudí no volverán a dictar condenas de latigazos. La decisión gubernamental de abolir la flagelación, una práctica censurada desde hace años por las organizaciones de derechos humanos, coincide con la muerte entre rejas de Abdalá al Hamid, un reconocido profesor universitario con décadas de activismo en los derechos políticos y civiles que sufrió un derrame cerebral a principios de este mes.
La medida de enterrar los latigazos que, entre otros tipos de tortura, han padecido miles de presos saudíes está recogida en un documento elaborado por la Comisión General del Tribunal Supremo y aprobado a lo largo de este mes. «La decisión es una extensión de las reformas en los derechos humanos introducidas bajo la dirección del rey Salman y la directa supervisión del príncipe heredero Mohamed bin Salman», se jacta el texto. El castigo será reemplazado por penas de cárcel, multas o una combinación de ambas.
Hasta ahora, los latigazos habían sido aplicados alegremente, a discreción de los jueces que gozan de amplia libertad para interpretar la ‘sharia’ (legislación islámica). La flagelación ha atormentado a condenados por una amplia variedad de cargos. En 2015, por ejemplo, una corte condenó a tres años de prisión y 450 latigazos a un veinteañero saudí por «promover el vicio y practicar la homosexualidad» al ligar con otros hombres a través de Twitter.
Han servido, además, para castigar a acusados de acoso sexual o intoxicación pública. Hasta el final de la prohibición en 2018, algunas de las mujeres que se atrevieron a conducir un automóvil también padecieron el flagelo. En 2011 Shaima Jastaina, de 30 años, fue condenada a 10 latigazos por la osadía de ponerse al volante en la ciudad de Yeda. Un año más tarde, la egipcia Naglaa Wafa fue condenada a 500 azotes -a razón de 50 por semana- por el litigio con una princesa local.
El martirio que concitó más atención mediática, no obstante, acaeció hace cinco años. Raif Badawi, un activista y escritor de 31 años, fue condenado por cibercrimen y blasfemia contra el islam a una década entre rejas y 1.000 latigazos. La indignación que el castigo suscitó en la comunidad internacional obligó a las autoridades locales a poner en suspenso esa parte del fallo.
La resolución adoptada ahora ha sido recibida, sin embargo, con escepticismo por disidentes y organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch subraya que no se han tomado medidas serias para reformar «un sistema judicial injusto». «Es una medida de Mohamed bin Salman para tratar de salvar su imagen, completamente arruinada en Occidente», señala a EL MUNDO Saad al Faqih, uno de los más destacados opositores al régimen saudí, desde su exilio londinense.
«Espero que nadie la compre porque su reputación ya no puede salvarse por sus crímenes masivos y porque, aunque él lo ve como un movimiento inteligente, otros lo considerarán una evidencia de su poder absoluto. Es una persona decidiendo el código penal. En el interior del país, llevará a los jueces que se supone que son eruditos musulmanes a implementar su ley y no la de Dios», arguye el disidente, que preside un grupo que aboga por la separación de poderes, la libertad de expresión y los derechos de la mujer.
Desde la llegada al trono de Salman hace un lustro, el reino ha pulverizado los registros de las ejecuciones. Se han completado más 800 penas capitales frente a las 423 ejecuciones del período anterior. En los últimos años, la campaña de arresto de mujeres activistas; el salvaje asesinato del periodista opositor Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul; o la purga entre los miembros de la familia real críticos con el fulgurante ascenso de Bin Salman han arrojado aún más sombras a la precaria situación de los derechos humanos en el reino conservador.
La enésima desgracia se ha firmado este viernes, con el fallecimiento entre rejas de Abdalá al Hamid, de 69 años, tras sufrir un derrame cerebral el pasado 9 de abril y permanecer en coma desde entonces. Al Hamid fue condenado en marzo de 2013 a 11 años de prisión por su labor como cofundador de la Asociación Saudí para los Derechos Políticos y Civiles. Un trabajo de denuncia y asistencia legal a los más vulnerables que mereció en 2018 el Right Livelihood, el apodado «Nobel alternativo».
«Consideramos a las autoridades saudíes responsables directas de su muerte, al denegarle el acceso a atención médica durante muchos meses», ha clamado Ole von Uexkull, director ejecutivo de la Fundación Right Livelihood. Al Hamid, que había sido detenido media docena de veces desde 1993, fue hospitalizado en enero y ya entonces los doctores que lo trataron recomendaron que fuese sometido con urgencia a una cirugía cardíaca, una operación que nunca llegó a realizarse.
Una condena similar ha sido emitida por Human Rights Watch -que le califica de «una de las principales luces del movimiento de derechos humanos en Arabia Saudí» al abogar por la creación de una monarquía constitucional y denunciar los abusos del ministerio del Interior- y Amnistía Internacional, que le recuerda como un «defensor valiente de los derechos humanos que estaba decidido a construir un mundo mejor para todos». «Su trabajo sigue resonando en toda la región», agrega.
«Al Hamid fue sentenciado a 11 años de cárcel por literalmente hacer públicas sus demandas de reformas. Un hecho que se halla reconocido en la propia sentencia. Espero que su muerte en estas circunstancias movilice a los reformistas durmientes para actuar y sumarse al proyecto», concluye Al Faqih.
