EFE. LA VANGUARDIA.- El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad que las personas LGTBI que sufrieron la represión de la dictadura franquista y aún viven en el archipiélago tengan acceso a la prestación canaria de inserción hasta que se inicie la renta ciudadana a la que tendrán derecho por su situación actual.
A propuesta del grupo Sí Podemos Canarias con motivo del Día Internacional de la Memoria Trans, la Cámara ha reconocido así a las personas que sufrieron en la dictadura franquista “y en los primeros años de la democracia” la exclusión social por su orientación sexual o identidad de género.
La diputada de Sí Podemos Canarias María del Río ha remarcado que la represión franquista “destrozó” la juventud y las vidas de personas que fueron sistemáticamente “estigmatizadas, encarceladas, apaleadas y abusadas sexualmente” y abandonadas y reprimidas por la legislación de entonces.
Del Río ha lamentado que las supervivientes de aquella época todavía sufran vidas “muy complicadas, a pesar de su edad y de sus situaciones y enfermedades” porque, entre otros aspectos, no pudieron cotizar a la seguridad social, no tienen acceso a pensiones, “otros rompieron sus vidas y su juventud” y hasta tienen problemas para acceder a residencias de mayores.
“Es de justicia que estas personas, sobre todo mujeres, tengan el derecho por lo menos a una vejez digna y respetable, ya que la juventud se la arrebataron”, ha reivindicado del Río, visiblemente emocionada.
El Parlamento de Canarias ha aprobado así que esas personas “a las que la historia de España y de Canarias nunca podrá compensar lo suficiente” ni para las que habrá “suficientes palabras de perdón”, ha admitido Del Río, puedan acceder “lo antes posible” a una pensión no contributiva, aunque llegue “tan tarde” esta medida.
El diputado socialista Omar López ha avisado, no obstante, de que aquellas situaciones se vuelven a sentir “cerca” dado que “hay quienes defienden todavía las terapias de reconversión” y también “quienes no las condenan”.
“Pido que recapaciten a quienes blanquean estos discursos, a quienes les dan la mano y a quienes incluso aprueban sus medidas: espero que la derecha de este país se plantee más pronto que tarde esas alianzas peligrosas”, ha reprochado el diputado.
La diputada de Asociación Socialista Gomera (ASG) Melodie Mendoza ha recordado el “avance” que a su juicio supone que 116 personas que sufrieron persecuciones y torturas durante la dictadura hayan sido indemnizadas, según lo estipulado en los Presupuestos Generales del Estado desde el 2009.
La diputada de Nueva Canarias Sandra Domínguez ha reconocido asimismo el valor de esta proposición no de ley, una especie de “figura complementaria” porque, en su opinión, hasta ahora la asimilación y equiparación de derechos del colectivo LGTBI solo han sido fruto de recursos y jurisprudencia y normativa autonómica.
El diputado popular Poli Suárez y el nacionalista Mario Cabrera han recordado al activista por los derechos LGTBI Octavio García, fallecido durante el verano del año, quien fue irónicamente “un peligro social” con 22 años por «llevar pantalones blancos» en plena dictadura y que estuvo preso en el campo de concentración de Tefía (Fuerteventura).
