SER.- El Gobierno, a través de José Luis Escrivá, se había comprometido hace más de un año a reformar el reglamento de la ley de extranjería con el objetivo de facilitar a las niñas y niños extranjeros no acompañados su transición a la vida adulta. El primer borrador elaborado por los técnicos de la secretaria de estado de migraciones se elaboró en marzo de este año y se intentó aprobar este verano pero las reticencias del Ministerio del Interior frenaron su visto bueno, pero finalmente será debatido mañana en consejo de de ministros según confirman al a SER fuentes de Moncloa.
El objetivo de la reforma, que podría beneficiar a unos 16.000 jóvenes, es garantizar el derecho de estos niños a documentarse y en el caso de los adolescentes a hacerlo con una autorización de residencia y trabajo que se conceda automáticamente a partir de los 16 años. Otras novedades del reglamento es que se reduce el período para documentar a los recién llegados que pasa de 9 meses a solo 3. Pero sobre todo va a beneficiar a los que cumplen 18 años o los que ya los han cumplido en los últimos años.
De hecho, permitirá regularizar la situación de los que tienen en la actualidad hasta 23 años, que se calcula que son unos 8.000. Este grupo de ya extutelados ya no tendrán que acreditar ingreso mensual de hasta 2.000 euros para conseguir su permiso de residencia, como exigía hasta ahora la norma. Con el nuevo reglamento será suficiente con demostrar ingresos de menos de 500 euros o que esos fondos puedan provenir de las organizaciones que se hacen cargo de ellos. Con todo esto tendrán permiso de trabajo de manera inmediata y no como hasta ahora.
El ministerio de Escrivá y sus técnicos asumieron desde el principio de su llegada al cargo la recomendación del Defensor del Pueblo y las peticiones desde hace años de las ONG de modificar el reglamento que permitirá a los jóvenes migrantes extutelados renovar permisos de residencia y poder trabajar sin tantas restricciones como hasta ahora. Es la medida estrella del Ministerio de Migraciones en lo que va de legislatura y supone, si se aprueba definitivamente mañana, torcer el brazo de Marlaska, que hasta ahora blandía el tópico del efecto llamada para oponerse a la reforma.
El Gobierno defiende el «rigor» de la reforma
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha eludido responder cuando se le ha preguntado por posibles discrepancias del Ministerio del Interior con esta reforma y ha destacado que se ha diseñado en colaboración con las comunidades autónomas y con el tercer sector y que cuenta, para mayor «rigor jurídico», con el dictamen del Consejo de Estado.
De hecho, y tras insistir en que el Gobierno siempre trabaja con «absoluto rigor», ha destacado que las comunidades autónomas, responsables de los menores extranjeros, llevaban tiempo reivindicado cambios normativos.
Rodríguez, que ha destacado que la reforma homologa la normativa española a la del resto de países europeos, ha explicado que el objetivo es simplificar los procedimientos administrativos y reducir la documentación que tienen que aportar los menores no acompañados para evitar que lleguen sin papeles a la mayoría de edad.
Se busca también «preservar la inversión publica» que se ha hace en ellos mientras son menores, en formación e integración, y facilitar su incorporación al mercado de trabajo para que puedan tener vida independiente.
