«No vamos a consentir que vuelvan a la docencia», dice el consejero de Educación sobre las educadoras, que han sido llamadas a declarar como investigadas por un juzgado
EVA SAIZ. EL PAÍS.- «No vamos a consentir que estas profesoras vuelvan a estar en la docencia». Así de tajante se ha mostrado el consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, sobre las tres educadoras del CEIP Cervantes de Dos Hermanas (Sevilla) que fueron denunciadas la semana pasada por los padres de una niña con síndrome autista por presunto maltrato hacia la menor. Imbroda ha confirmado que la Junta ha abierto un expediente administrativo contra ellas por falta grave, que podría terminar en suspensión de empleo y sueldo, si la Consejería decide imponer la sanción más dura.
No obstante, el expediente quedará en suspenso hasta que concluya la vía penal que ha abierto un juzgado de Sevilla al admitir a trámite la querella de la familia de la menor. Las tres acusadas: la logopeda, la tutora y la monitora del aula especial, además de la directora del CEIP Cervantes, han sido llamadas a declarar en calidad de investigadas el próximo día 28 de junio.
La Inspección ha decidido no incluir en su expediente a la responsable del colegio, si bien, en las próximas semanas «va a someter al centro a una evaluación exhaustiva, casi una auditoría», ha señalado Imbroda. Además de la reclamación y la querella de los padres de la niña autista, a la que en breve se va a sumar la de la familia de otro menor que acudía a la misma aula que ya ha presentado queja ante la Delegación de Educación, el centro fue denunciado en 2017 por otro caso de supuesto maltrato a otro niño con necesidades especiales, que finalmente fue archivado cuando el alumno fue trasladado de colegio.
Las tres docentes investigadas están de baja médica, ha confirmado la Consejería. De todas ellas, la logopeda -la única que es funcionaria- llevaba en el centro tres años, la tutora, que es interina, y la monitora se acababan de incorporar este curso escolar. Todas rondan los cuarenta años de edad. En el caso de que quisieran retomar su actividad antes de que se resolviera el proceso penal, desde Educación han sido tajantes. «Se pedirán medidas cautelares para que no puedan incorporarse», ha advertido el director general de Recursos Humanos, Juan Carlos Aunión. «Se trata de profesionales que no queremos que estén en el sistema», ha incidido Imbroda, quien ha recalcado que el de Dos Hermanas es un caso aislado pero que en Educación están «repensando el sistema de atención a los niños más vulnerables».PUBLICIDAD
El pasado 22 de abril, los padres de la niña de cinco años con síndrome del espectro autista del CEIP Cervantes, alarmados por los dos ataques epilépticos casi seguidos que había sufrido y por su comportamiento anormal y excesivamente nervioso, decidieron ocultar una cámara en la mochila ante las sospechas de que en el aula especial “se pudiera estar produciendo una situación irregular”, según se determina en la querella que presentaron la semana pasada a los tribunales. Las grabaciones desvelaron el maltrato que las profesoras infligían a su hija, a la que se dirigían a gritos y de la que decían, entre otras cosas, que tenía “el cerebro muy tocado”.
Al día siguiente decidieron sacar a su niña del aula. Laura G., la madre de otro chico autista de 10 años, compañero de la menor, al escuchar las grabaciones hizo lo mismo. El martes de la semana que viene se reunirá con el delegado de Educación de la Junta en Sevilla y el servicio de inspección para abordar su reclamación contra las mismas profesionales a las que se les ha abierto expediente. Otras dos familias de otros dos alumnos que estaban en esa clase dejaron de llevar a sus hijos la semana pasada tras conocerse los audios. Este diario ha podido saber que el único menor, de los cinco que asistían al aula especial, que no había abandonado el centro, ya ha dejado de asistir a él.
Tanto la hija de los denunciantes, como el de Laura G. han sido reubicados en otro centro escolar. La Junta no tiene constancia de si desde el centro se han adoptado medidas para sustitiuir a las tres educadoras encargadas de esa clase para el caso de que alguno de los alumnos que estaban inscritos en ella decidiera regresar. Desde el centro, consultados por este diario, tampoco han querido hacer aclaraciones o pronunciarse sobre la apertura de expediente sancionador por parte de la Consejería de Educación.
