Chile, Venezuela y México son los países «más violentos y desiguales», según el último informe. Unas 208 personas perdieron la vida de manera violenta por su labor de defensa de los derechos humanos
AGENCIAS. RTVE.- La organización Amnistía Internacional (AI) ha considerado «muy alarmante» la situación de derechos humanos en América Latina, una región que tiene cifradas sus esperanzas en los jóvenes y las mujeres que han encabezado movilizaciones en distintos países.
Precisamente las multitudinarias protestas en diferentes países de la región marcaron un convulso 2019 en el que la región se mantuvo como la más violenta y desigual para los defensores de derechos humanos y los periodistas. Con atención especial en países como Chile, Venezuela y México, entre los más impactados.
«Tristemente la radiografía de 2019 es muy alarmante», ha dicho en entrevista con Efe la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas al presentar su Informe Anual sobre la región.
De hecho, la propia organización reportó que en 2019, unas 208 personas perdieron la vida de manera violenta por su labor de defensa de los derechos humanos, y muchas otras sufrieron hostigamiento, criminalización y desplazamiento forzado.
Violencia e inestabilidad institucional
Guevara ha explicado que factores combinados llevaron a una situación de «hartazgo generalizado y de descontento social» que originó protestas en diversos países, desde Haití hasta Chile pasando por cada uno de los países de América Latina como Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua y México, donde destacaron los liderazgos de mujeres y jóvenes y de movimiento históricamente relegados como los movimientos indígenas o los feministas.
AI ha dicho que el contexto de las protestas una 210 personas perdieron la vida por las represiones violentas además de miles de personas resultaron heridas por el uso excesivo de la fuerza y en muchos casos el uso letal de la fuerza como sucedió en Haití, Honduras y Chile, éste último «una sorpresa negativa».
Para Guevara, además de los saldos inmediatos en pérdida de vidas humanas, de miles de personas heridas y detenidas arbitrariamente se sumó el fortalecimiento del aparato estatal represor en casos tan radicales como el de Venezuela con el Gobierno de Nicolás Maduro.
«A las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y el uso de la tortura que son delitos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad por la generalización y la sistematización se sumaron los 4,8 millones de personas que abandonaron el país«, ha expuesto.
Factor Trump
Lo único que encuentran es una segunda ola de violaciones a los derechos humanos en los países de tránsito y de destino como cuando pasan por México hacia Estados Unidos.
Señaló que la implementación de políticas «crueles e inhumanas» de la administración Trump y que «lamentablemente se ha expandido» en la región en países como México.
Guevara ha dicho que el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de sus promesas de cambiar la política migratoria y de refugiados para tener una política humanitaria, «se convirtió no solo en el oficial de deportación de Donald Trump, sino ahora en el oficial de detención».
Pendientes de asilo y discursos con odio
Estados Unidos, bajo el programa conocido como «Remain in México» (Quédate en México), envía de vuelta a quienes están pendientes de asilo y según las estimaciones de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), actualmente más de 60.000 se encuentran bajo el paraguas de este programa.
La directora para la Américas de AI ha dicho que las cifras de personas detenidas en México han ido en aumento, pero «lo más escalofriante es ver la cifra de niños y niñas detenidos en centros de detención migratoria en México, según agencias, unos 16.000«.
Para Guevara, «al final, Trump logró construir su muro que no necesariamente ha sido físico sino el de la Guardia Nacional (de México)», un nuevo cuerpo de seguridad compuesto en su mayoría por militares.
Guevara ha considerado que a los discursos divisorios y de odio no solo Trump sino de otros presidentes como Jair Bolsonaro (Brasil), Nicolás Maduro (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua), Juan Orlando Hernández (Honduras) se van añadiendo a la lista más gobernantes que están violando derechos humanos, pero ante ellos está el poder de las personas.
Mujer y violencia de género
La organización recordó que la violencia por motivos de género continuó siendo generalizada en América Latina y las defensoras de derechos humanos «estaban expuestas a un mayor riesgo de sufrir violencia de género y tortura a causa de múltiples formas de discriminación».
Según estos datos, al menos 3.500 mujeres habían sido asesinadas por razón de género en 2018. La verdadera cifra probablemente era muy superior, ya que 10 países solo proporcionaron datos de mujeres que habían sido asesinadas por su pareja o expareja.
Para la representante de AI, el cambio que se requiere «es el poder de las personas, de la gente de seguir demandando y exigiendo sus estados, pero sobre todo, el poder de la gente de plantearse qué tipo de gobiernos quieren tener y las personas marcarán la diferencia porque estos líderes nefastos que están promoviendo el odio, la división, las violaciones a los derechos humanos estarán en el lado incorrecto de la historia y son las personas las que les harán rendir cuentas», ha finalizado.
Crisis de Derechos Humanos
Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que Chile cerró 2019 con la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que las manifestaciones que desde octubre claman contra la desigualdad se encontraron con una «fuerte» represión policial.
Los asesinatos de activistas y defensores de derechos humanos llegaron el año pasado a «niveles históricos» en Colombia impulsados principalmente por la violencia del conflicto armado y las disputas entre distintos grupos ilegales.
El organismo también ha denunciado la retórica del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, contra los derechos humanos en el país, escenario de un «aumento del número de homicidios cometidos por policías» y de una «grave crisis» en la Amazonía que afectó a los pueblos indígenas.
Por su parte, según AI, el Gobierno de Cuba practica detenciones arbitrarias y encarcela a opositores, artistas y periodistas independientes, además de prohibir la entrada de observadores internacionales de derechos humanos,
«Un año después de la toma de posesión del presidente Miguel Díaz-Canel, las autoridades seguían utilizando arraigados mecanismos de control para silenciar las voces críticas», se afirma en el texto.
