JUAN PECES. EL PAÍS.- El acoso y las violaciones de derechos humanos de los ciudadanos europeos pertenecientes a la etnia gitana está aumentando en la Unión Europea, especialmente en países como Francia, la República Checa y Grecia. Y el conjunto de países miembros de la UE no solo no está combatiendo con la suficiente firmeza esos abusos: en muchos casos, ni siquiera está documentando el aumento de la violencia racista.
Así lo revela el informe presentado este lunes en Marsella por Amnistía Internacional (AI), con motivo de la jornada mundial del Pueblo Gitano que se celebra hoy. Dicho estudio, además de recoger abundantes testimonios de víctimas de persecución racial, cita los datos recogidos por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, según la cual el 90% de los gitanos de Europa vive en la pobreza, y «uno de cada cinco gitanos de la Unión Europea experimentaron violencia racista» en los meses precedentes a un estudio realizado en 2008.
El documento recoge casos documentados de expulsiones ilegales, agresiones por parte de particulares, organizaciones y fuerzas policiales, manifestaciones antigitanas y otras violaciones de los derechos humanos. En ese contexto, denuncia la insuficiente reacción de las instituciones europeas y exige una actuación mucho más decidida para darle la vuelta a esa situación.
Hace cuatro días, la comisaria europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, con motivo de la elaboración de un informe sobre la exclusión del pueblo gitano y la celebración de una conferencia para tratar posibles soluciones, declaraba a EL PAÍS que «están ocurriendo muchos pequeños milagros» y se lamentaba de los proyectos de integración no interesan a muchos políticos «porque no dan réditos electorales».
Tras leer el informe difundido hoy por Amnistía se deduce que, más que pequeños milagros, hace falta que haya una sincera voluntad política y una presión continuada de la sociedad.
«Los países miembros de la Unión Europea no están garantizando que las investigaciones de los crímenes cometidos contra comunidades y particulares de la romaníes sirvan para revelar los potenciales móviles de odio [racial] detrás de esos crímenes», dice el informe. En otras palabras: muchos de los ataques de que están siendo objeto los gitanos en países europeos son invisibles a ojos de las autoridades porque éstas no tienen en cuenta su motivación racial, lo que impide profundizar en los esfuerzos por evitar la persecución de las víctimas y el castigo de dichos delitos.
Dicha actitud contrasta con la de Suecia, país que acaba de presentar un Libro Blanco en el que se enfrenta a su historia secular de abusos contra los gitanos, primer paso para afrontar sus consecuencias y evitar repetir las políticas represivas y eugenésicas del pasado.
Además de los países miembros, la Comisión Europea sale también mal parada en este informe de Amnistía Internacional. Dicho organismo, según AI, «ha fracasado, hasta la fecha, en su deber de actuar de manera clara y decisiva para combatir la discriminación y la violencia contra el pueblo Roma en sus estados miembros». Y las sanciones brillan por su ausencia: «Los procedimientos de infracción, una herramienta legal que tiene en su mano para sancionar el incumplimiento de las leyes europeas por parte de los estados miembros, no han sido incoados contra países cuya política y cuyas actuaciones contra los gitanos infringen la Directiva Europa de Igualdad Racial».
Por ello, los autores del informe de Amnistía piden a los gobiernos que investiguen los crímenes cometidos como los detallados en el informe y su naturaleza discriminatoria, y que dejen claro que no serán tolerados. Asimismo, piden que las legislaciones de cada país prohíban los delitos cometidos «por cualquier tipo de discriminación, incluyendo el estatus como inmigrante de una persona o su situación socioeconómica».
Para Marco Perolini, investigador para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, «el problema está claro: la próxima Comisión Europea tiene que usar todos los intrumentos legales a su disposición para sancionar a los estados miembros que incumplan su deber legal de luchar contra la discriminación racial». Esa lucha, precisa, requiere de estadísticas adecuadas. «En Francia, por ejemplo, se recoge información de delitos antisemitas y antimusulmanes, pero no hay apenas datos de los crímenes de odio contra los gitanos».
Especialmente alarmante resulta la constatación por parte de Amnistía de que la policía incurre en abusos, acoso y uso desproporcionado de la fuerza, por lo que la organización pide a los estados europeos que investiguen esas conductas y las sancionen. Y pide, para ello, que las autoridades recojan información sobre «crímenes de odio en todos los niveles, incluyendo la documentación, la investigación, la persecución y la sanción judicial» de los mismos.
Amnistía exige igualmente, entre otras medidas, «el fin de las expulsiones de gitanos de sus lugares de residencia o alojamiento y el fin de la segregación en la educación, sin más dilación».
Por su parte, el Consejo de Europa, cuya sede en Estrasburgo alberga como organización con estatus consultivo al Foro Roma y de Pueblos Nómadas (ERTF, por sus siglas en inglés), también recuerda que Europa incumple sus deberes en materia de vigilancia, denuncia y lucha contra los abusos. Su secretario general, Thorbjørn Jagland, asegura en un comunicado difundido con motivo de esta jornada internacional que pese a «la rica contribución del pueblo Roma a la cultura europea (…), la realidad es que la mayoría de sus miembros siguen viviendo segregados y en condiciones de miseria. Están siendo discriminados en los medios de comunicación, en la política y en el mercado de trabajo, a diario».
Como contrapunto, y para añadir un refuerzo positivo a las conductas ejemplares, Jagland alaba «a los alcaldes y concejales de ciudades como Duisburg (Alemania) y Estrasburgo (Francia), por resistir el sentimiento populista y por trabajar duro por encontrar soluciones humanitarias».
