ROCÍO OTOYA. EFE / LA VANGUARDIA.- La existencia de más de 60 grupos de extrema derecha supone una amenaza a la seguridad de Nueva Zelanda, país que recuerda este domingo la muerte de 51 musulmanes en un atentado terrorista contra dos mezquitas, que dio paso a una ley de armas y la recompra de miles de armas semiautomáticas.
Nueva Zelanda, un país con bajos niveles de delincuencia, nunca pudo imaginar que 15 de marzo de 2019, un viernes día de oración de los musulmanes, un supremacista blanco dispararía con armas de estilo militar y a plena luz del día contra las mezquitas de Al Noor y Linwood, en la localidad de Christchurch.
El señalado como autor del ataque, el australiano Brenton Tarrant, había publicado anteriormente su ideario supremacista, y después retransmitió en directo a través de las redes sociales cómo mataba a quemarropa a musulmanes, entre ellos niños, en Al Noor, antes de recorrer cinco kilómetros a plena luz del día hasta la otra mezquita.
ALTO RIESGO DE ATAQUES SUPREMACISTAS
Hasta el momento del ataque, el Servicio de Seguridad e Inteligencia de Nueva Zelanda dedicaba más recursos y esfuerzos a prevenir el terrorismo islámico, mientras soslayaba la amenaza de la extrema derecha.
Alexander Gillespie, jurista de la Universidad de Waikako, dijo a Efe que desde entonces las agencias de espionaje de su país han aumentado han adquirido una conciencia mayor de lo que han de vigilar.
«El riesgo del terrorismo de la extrema derecha en Nueva Zelanda ya no es invisible», recalcó.
Por su lado, el experto en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Massey, Paul Spoonley, asegura que en su país, de unos 4,8 millones de habitantes, existen más de 60 organizaciones de extrema derecha con hasta 300 miembros activos.
«Esto suena modesto frente al cálculo de 12.000 a 13.000 activistas de la extrema derecha en Alemania (82,8 millones de habitantes), pero, con respecto al tamaño de sus poblaciones, las cifras son similares en ambos países», comentó en un artículo publicado esta semana en la revista «The Conversation».
AMENAZA DE «ALTO NIVEL»
Spoonley alerta de que estas organizaciones son una amenaza de «alto nivel» en Nueva Zelanda y pone como ejemplos grupos como el neonazi Wargus Christi o Action Zelandia, que busca formar una comunidad de neozelandeses europeos.
El Servicio de Seguridad e Inteligencia de Nueva Zelanda tiene previsto entregar el próximo mes de abril a la Comisión Real que investiga el atentado de Christchurch un informe sobre cuánto sabía sobre Tarrant, quien no estaba en los radares de las autoridades.
Por su parte la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacida Ardern, declaró el viernes que «hay mucho más por hacer en las etapas iniciales», en alusión a medidas como su iniciativa global para acallar los mensajes de odio en las redes sociales, algo que sus detractores consideran que podría hacer que estos se trasladasen al internet profundo.
UNA LEY DE ARMAS INCONCLUSA
Tarrant, que será juzgado el próximo mes de junio, poseía una licencia para portar armas desde 2017 con la que compró cinco, entre ellas dos semiautomáticas para usarlas en la masacre.
En abril del año pasado, el Parlamento neozelandés aprobó, con 119 votos a favor y uno en contra, una ley que prohíbe las armas militares semiautomáticas y los rifles de asalto, con algunas excepciones, así como para los recambios y municiones.
Tras la aprobación de ley, fue organizada una amnistía y recompra entre junio y diciembre de 2019, que resultó en la recuperación de más de 60.900 armas y miles de recambios por un valor de 100 millones NZD (66 millones USD o 59 millones EUR).
El gobierno presentó en septiembre pasado el segundo tramo de la ley, que intenta crear un registro y regulaciones más estrictas para obtener los permisos.
La iniciativa no prospera debido a la oposición del poderoso Partido Nacional y la formación minoritaria conservadora ACT, así como el fuerte cabildeo de los propietarios.
De cara a los comicios de septiembre próximo, el partido New Zealand First, que junto al Verde forman la coalición gobernante liderada por Ardern, se opone actualmente a algunos elementos de la propuesta.
Ardern espera que el proyecto de ley, que ha sido matizado para restringir el acceso de las agencias gubernamentales al registro, salga adelante en las próximas semanas o meses de este año, en el que el país acudirá a elecciones generales.
El jurista Gillespie dijo Efe que «no es seguro de que el segundo tramo se convierta en ley», lo que lamentó, ya que según él este registro es fundamental y sin él «es imposible medir lo efectiva que fueron» la ley de control de armas, junto a la recompra y la amnistía.
CONMEMORACIÓN SUSPENDIDA POR EL COVID-19
Las autoridades neozelandesas se vieron obligadas la víspera a suspender los actos de conmemoración de la tragedia programados para este domingo a raíz de las medidas sanitarias impulsadas por el Gobierno con el objetivo de impedir la propagación del COVID-19.
Ardern reprodujo este domingo en su perfil de Facebook uno de los discursos pronunciados por un imán de una mezquita atacada aquel día en el que pide a los ciudadanos a permanecer unidos a pesar de las divisiones.
