HelpAge International España, la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, el CERMI y la Fundación Grandes Amigos han enviado una carta al Defensor del Pueblo, Fernando Fernández Marugán, y a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, para trasladarles su preocupación por la situación de discriminación y abandono que están sufriendo muchas personas mayores por la crisis del coronavirus, especialmente, quienes se encuentran en situación de discapacidad, dependencia o soledad no deseada
GERIÁTRICA ÁREA.- Con esta carta, desde estas organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las personas mayores quieren manifestar su preocupación por los mensajes que se están difundiendo de forma poco precisa y, seguramente, incierta, sobre la arbitrariedad a la hora de seleccionar a las personas en función de su edad en los centros sanitarios. «Estos mensajes están causando miedo y desprotección de los derechos humanos de las personas mayores», denuncian estas cuatro organizaciones, que están especializadas en derechos de las personas mayores y personas con discapacidad, y que consideran que es discriminatorio e inhumano que se tengan en cuenta criterios de edad para priorizar la atención sanitaria de los pacientes, en lugar de considerar criterios clínicos y otras circunstancias vitales de las personas, con independencia de la edadA
Por otro lado, las organizaciones alertan de que esta crisis sanitaria ha mostrado la situación de precariedad en la que se encuentran algunas residencias de mayores y la escasez de recursos de protección con los que cuentan los servicios de atención a las personas mayores, lo que puede causar no se cumplan los protocolos de actuación y atención en algunas residencias y en los servicios de ayuda a domicilio. Por ello, HelpAge International España, la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación Grandes Amigos quieren recordar que la falta de recursos no puede justificar determinadas actuaciones que atentan contra los derechos humanos de las personas y los principios fundamentales de la bioética y exigen una intervención directa y rigurosa de las administraciones autonómicas, competentes en la materia.
El factor de la edad se está asumiendo como un elemento no solo de discriminación, sino de insolidaridad hacia un grupo de población altamente vulnerable. Por ello, las organizaciones reclaman que se aclare qué está ocurriendo en algunas residencias y se realice un informe con el resultado de las investigaciones y actuaciones oportunas para que, a pesar de esta crisis, se lleven a cabo prácticas sociales e institucionales que no abandonen la solidaridad, la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas mayores.
Desde las entidades firmantes de la carta se confía en que se tomen las medidas necesarias a tiempo y no se revictimice a las personas mayores, además de proponer medidas a las administraciones para que se actúe de manera eficaz para proteger de la pandemia y evitar muertes. La carta remitida al Defensor del Pueblo, Fernando Fernández Marugán, y a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, es la siguiente:
Desde la fundación por los derechos humanos de las personas Mayores, HELPAGE-España, la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, el CERMI y la Fundación Grandes Amigos, queremos hacerle llegar nuestra más honda preocupación por la situación de discriminación y abandono que están sufriendo muchas personas mayores en nuestro país, a causa de la crisis del coronavirus, especialmente quienes se encuentran en situación de discapacidad, dependencia o soledad.
Somos conscientes de la grave pandemia que estamos atravesando y apoyamos todas las medidas excepcionales y todos los esfuerzos que desde el Gobierno y todas las instituciones públicas y privadas se están llevando a cabo para parar la epidemia y encontrar salidas rápidas. Sin embargo, creemos que muchos mensajes que se están difundiendo están trasluciendo, seguramente de manera incierta, discrecionalidad, si no arbitrariedad, a la hora de seleccionar a las personas en función de su edad en los centros sanitarios. Por otra parte, los mensajes que se lanzan sobre la inevitable muerte de las personas mayores afectadas, está causando miedo y desprotección de los derechos humanos de las personas mayores. Consideramos discriminatorio e inhumano, que se tengan en cuenta criterios de edad para priorizar la atención sanitaria de los pacientes, en lugar de considerar criterios clínicos y otras circunstancias vitales de las personas, con independencia de la edad.
También vivimos con honda preocupación la escasez de recursos de protección con que cuentan los servicios de atención a las personas (EPIS, pruebas diagnósticas) lo que puede originar el incumplimiento de los protocolos de actuación y atención en algunas residencias de personas mayores y la falta de respuesta de los servicios de ayuda a domicilio. Pero esta falta de recursos suficientes, no justifica determinadas actuaciones que atentan contra los derechos humanos de las personas y los principios fundamentales de la bioética. La epidemia está poniendo sobre la mesa la situación de precariedad de algunas residencias de mayores, ante lo que debemos exigir una intervención directa y rigurosa de las administraciones autonómicas, competentes en la materia.
Durante la última crisis fue indiscutible el apoyo y la solidaridad de las personas mayores en la atención de sus familias, golpeadas duramente por el desempleo. Sin embargo en esta crisis, el factor de la edad de la mayoría de las personas afectadas, se está asumiendo como un elemento no sólo de discriminación, sino de insolidaridad hacia un grupo de población que consideramos altamente vulnerable .Por eso es necesario no revictimizar a las personas mayores ante esta pandemia.
