Justicia acusa a las empresas de no hacer lo suficiente contra los comentarios racistas o claramente delictivos
LUIS DONCEL. EL PAÍS.- Alemania quiere evitar a toda costa casos como el del refugiado sirio del que se propagaron infinidad de calumnias por las redes sociales y cuyo único delito había sido hacerse un selfie con la canciller Angela Merkel. O el de la diputada de Los Verdes que sufrió una campaña de desprestigio por unas declaraciones que jamás pronunció. Para poner coto a un fenómeno cada vez más preocupante —y especialmente en año electoral—, Berlín se prepara a castigar donde más duele a redes sociales y propagadores de odio: en el bolsillo.
El Ministerio de Justicia propuso este martes una ley que incluye multas de hasta 50 millones de euros a Facebook, Twitter u otras compañías que no se las apañan para eliminar o bloquear rápidamente mensajes cargados de odio o noticias manifiestamente falsas. Las personas responsables de propagar o de no atajar estos mensajes racistas, xenófobos o instigadores del odio también podrán verse obligados a una multa de hasta cinco millones de euros. La propuesta tiene ahora que ser revisada por el Gobierno y más tarde pasar el visto bueno del Parlamento.
Hace tiempo que Alemania debate sobre cómo abordar un fenómeno cada vez más preocupante. El país entero debatió con fruición el caso de Anas Modamani, un joven sirio que llevó a Facebook a los tribunales por su tardanza en eliminar mensajes que, aprovechando la popularidad que le había conferido una fotografía con Merkel, le acusaban sin ningún fundamente de haber participado en ataques yihadistas. Pero la Audiencia de Würzburg, ciudad al sur del país, rechazó la demanda con el argumento de que no era responsabilidad de Facebook rastrear los mensajes que pudieran ser ofensivos y eliminarlos.
Ahora el Gobierno responde con una iniciativa que, de salir adelante, se convertiría en la más dura en cuanto a protección de la privacidad y del derecho al honor frente a gigantes de las telecomunicaciones. “Se eliminan demasiados pocos contenidos delictivos. Y no se hace lo suficientemente rápido”, aseguró el ministro Maas en la presentación de su iniciativa. El Gobierno pretende obligar a estas empresas a que borren los contenidos “claramente delictivos” en 24 horas, como por ejemplo un mensaje en el que se negara el Holocausto o se incitara al odio entre razas. Este plazo se alargaría a siete días en otros casos no tan evidentes.
La iniciativa del Gobierno llega en un momento especialmente caliente. La proximidad de las elecciones –previstas para septiembre- ha incrementado los temores a que una mezcla de noticias falsas y un clima de odio y crispación favorezca a los populistas antiinmigración de Alternativa para Alemania (AfD), siguiendo el patrón que marcó Estados Unidos. Allí se sospecha que informaciones presentadas como verídicas –como un supuesto apoyo del papa Francisco al entonces candidato Donald Trump o crímenes nunca cometidos atribuidos al entorno de la demócrata Hillary Clinton– contribuyeron a asegurar la victoria del republicano.
Ante la creciente intranquilidad que detectaba en Alemania, Facebook anunció el pasado mes de enero que pensaba estrenar en este país un filtro de noticias con el que señalar noticias sospechosas y comprobar su veracidad. El ministro Maas, que espera que la norma entre en vigor antes del fin de la legislatura, ha dejado claro que no está satisfecho con los pasos datos hasta ahora por la empresa fundada por Mark Zuckerberg.
