Bélgica exige a Berlín que deje de compensar a los voluntarios que juraron lealtad a Hitler, una situación que se repetiría en otros países como España, Polonia o el Reino Unido
CARLES PLANAS BOU. EL PERIÓDICO.- Stauffenberg (izquierda), el 15 de julio de 1944, cuando llevaba encima una bomba que al final decidió no detonar, junto al mariscal Keitel, que está saludando a Hitler. / ARCHIVO
Cuando en mayo de 1940 las tropas de la Wehrmacht impusieron el control militar sobre Bélgica, algunos de sus ciudadanos no dudaron en tender la mano al Tercer Reich y unirse a la causa nazi. Hoy, 75 años después del final de la segunda guerra mundial, esos colaboradores con el sanguinario régimen de Adolf Hitler aún cobran una pensión por parte de Alemania. El escándalo ha indignado a la clase política belga, que el pasado miércoles exigió a Berlín retirar esa paga.
Aprobado unánimemente por el comité de Asuntos Exteriores belga, el documento asegura que aún habría hasta 30 personas cobrando una pensión como parte de un decreto aprobado en 1941 y no retirado que establecía ese derecho para los ciudadanos de los territorios ocupados que jurasen “lealtad, fidelidad y obediencia” al Führer, entre los cuales figuran excombatientes de las Waffen-SS.
Los pagos serían abonados individualmente por varios estados alemanes y, según el trabajo del historiador Alvin de Coninck, bascularían entre 435 y 1.275 euros mensuales. En contraste, los belgas que sobrevivieron a los campos de trabajo forzado nazis reciben unos 50 euros al mes. “Esta pensión muestra que los colaboradores belgas con el régimen nazi son considerados como cualquier otro tipo de trabajador aún siendo condenados por participar en la guerra”, reza el documento. Desde el 2008, ley permite que los estados puedan suspender esos pagos, algo que se ha ejecutado en 99 ocasiones, según cifras federales.
Lacra internacional
Esta lacra se estima que traspasa las fronteras belgas. Este viernes el Ministerio de Trabajo alemán aseguró a AFP que en todo el mundo hay 2.033 personas que reciben una pensión del Gobierno teutón, aunque se desconoce si son voluntarios del régimen nazi o personas que fueron reclutadas por la fuerza.
De estas, casi tres cuartas partes se encuentran en Europa: 573 personas en Polonia, 184 en Eslovenia, 101 en Austria, 94 en la República Checa, 71 en Croacia, 54 en Francia, 48 en Hungría y 34 en el Reino Unido. Según la televisión pública RTBF, también se habrían realizado pagos similares en otros países como España, Suecia o Suiza. Al otro lado del Atlántico, los Estados Unidos son el país con más receptores, 250.
El ahora controvertido pago de pensiones se ampara en una ley creada en 1951, según la cual Berlín debía compensar a las víctimas de la guerra, con discapacidades debido al conflicto bélico y que no hubiesen sido culpadas por crímenes. Sin embargo, ese texto dejó un problema sin resolver. “En los años 50 no sabíamos realmente quién había hecho qué y no lo comprobamos con la misma seriedad que después”, explica el historiador Christophe Brüll en declaraciones a ‘Le Figaro’.
Problema legal
Tras este rifirrafe diplomático, el ministro de Trabajo, Hubertus Heil, aseguró que en Bélgica hay hasta 18 personas cobrando pensiones de guerra pero que “no hay miembros de las Waffen-SS”. La posibilidad de que esos militares estuviesen recibiendo un pago se debería, por lo tanto, a las heridas sufridas en combate, no por “afiliación”. Por otro lado, la prensa belga estima que había cientos de colaboradores beneficiados, sin embargo nunca ha habido una investigación profunda del problema.
En esa resolución el Gobierno belga también exige a Berlín que publique una lista completa con los nombres de los beneficiarios, algo a lo que, según apuntan los medios, se oponen “citando preocupaciones legales y la protección de la privacidad”. Según los expertos, la ley de privacidad alemana hace imposible que se estudie caso por caso sobre los receptores de esa pensión mientras que el sistema de seguridad social alemán no está sujeto a procedimientos penales.
