La Nueva España.- Un joven ha aceptado una pena de dos años de cárcel, que podrá eludir si sigue un curso de reeducación en igualdad, por robar el teléfono móvil a un hombre al que abordó «gratuitamente» en el paseo de Gràcia de Barcelona, junto a varios amigos, mientras le dirigía insultos homófobos.
En su sentencia, que es firme, el Juzgado de lo penal número 9 de Barcelona condena al procesado por un delito de robo con violencia, puesto que amenazó con una navaja a la víctima, y le aplica además la agravante de discriminación por orientación sexual.
El condenado, que aceptó los hechos de los que se le acusaban a cambio de una rebaja de la pena, no tendrá que entrar en prisión, siempre que no delinca en los próximos cinco años y que siga un curso de reeducación en igualdad, además de ocho meses de trabajos en beneficio de la comunidad.
Según la sentencia, el robo ocurrió el 20 de diciembre de 2018, cuando el procesado, que se encontraba con unos amigos, vio a la víctima saludarse con un beso con otro hombre en la confluencia entre el paseo de Gràcia y la plaza Cataluña de Barcelona. «Guiados por los sentimientos de rechazo y desprecio que les inspiraba» la orientación sexual de la víctima, el procesado y algunos de sus acompañantes, dos de ellos menores de edad, «decidieron arremeter gratuitamente» contra el hombre, «propinándole pequeños y repetidos empujones mientras le llamaban maricón de mierda«.
Aprovechando el contacto físico con la víctima, añade la sentencia, los atacantes le quitaron el teléfono móvil que llevaba, valorado en 700 euros que el procesado ya ha devuelto, con lo que se le ha reconocido la atenuante de reparación del daño. Cuando el hombre les recriminó su acción, el condenado sacó una navaja que exhibió ante la víctima, de forma que logró disuadirle de que intentara recuperar su teléfono móvil.
Tanto el acusado como los menores de edad involucrados en el suceso fueron detenidos por una patrulla de los Mossos d’Esquadra, que acudieron al lugar de los hechos tras ser avisados por la víctima. Además de los dos años de cárcel, la sentencia impone al procesado una pena de alejamiento de 1.000 metros respecto al domicilio de la víctima o cualquier otro lugar que frecuente.
