EFE. EL MUNDO.- Los ocho miembros de la campaña Defensem els drets humans (Defendemos los derechos humanos) imputados por participar en la campaña del movimiento BDS(Boicot, Desinversiones y Sanciones) contra la participación del cantante Matisyahu en el festival de reggae Rototom Sunsplash de 2015 en Benicàssim (Castellón) se han acogido este lunes a su derecho a no declarar en el juzgado.
Los ocho activistas -cinco valencianos y tres catalanes- han acudido a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde estaban citados a declarar como investigados dentro de la fase de instrucción de la querella presentada por una asociación contra ellos por los supuestos delitos de coacción e incitación al odio.
En agosto de 2015, la organización del Rototom Sunsplash rectificó e invitó de nuevo a Matisyahu a actuar tras haber anulado su actuación por una campaña de «boicot» y tuvo que pedir disculpas tras reconocer su «equivocación».
El festival reggae anunció su rectificación tras una oleada de reacciones de condena contra la cancelación de esta actuación, que se produjo a raíz de una campaña iniciada por la organización BDS contra Israel.
El Rototom decidió anular la actuación de Matisyahu después de que éste no se pronunciara sobre el derecho del pueblo palestino a tener un Estado propio y sobre el uso de la violencia.
Tres años y medio después
Este lunes, a la salida del juzgado, una de esas ocho personas investigadas, Inma Milán, ha explicado que se han negado a declarar porque piensan que «participar de esta acusación» es entrar al juego de los denunciantes de «instrumentalización de una causa política legítima y no violenta».
En su opinión, la querella puede responder a «un intento de disuadir al activismo pro Palestina y solidario, y al activismo que defiende los derechos humanos», y ha defendido que en este caso siguieron los protocolos que se aplican «en todos los boicots culturales en todo el mundo».
Así, Milán ha explicado que primero se habló con el festival reggae Rototom de Benicàssim (Castellón) para pedir que no contratara a ese artista «tras haber justificado crímenes de guerra» contra el pueblo palestino, y posteriormente se hizo una campaña pública de la ciudadanía con ese mismo objetivo.
Ha considerado que acusarles por ello de coacción e incitación al odio supone «una interpretación muy ambigua y muy amplia«, y ha defendido que hicieron «uso de la libertad de expresión para una campaña legítima» de apoyo al movimiento BDS y de defensa de los derechos humanos.
Otro de los activistas investigados, Carlos Marcos, ha señalado que la acusación «no representa al colectivo judío» y es una asociación de que la no conocían su existencia ni saben «quién está detrás», por lo que no se sentían «con el deber de declarar», y ha defendido que el BDS es un movimiento «legítimo» y «pacífico».
El abogado Joan Bertomeu ha asegurado que los argumentos de la querella son «bastante difusos» y se basa en «muchos tuits», y ha añadido que piensan que la acusación popular «no representa a nadie».
«Simplemente aquí hay un intento de utilizar el procedimiento penal para coartar la libertad de expresión y todo movimiento que sea solidario con Palestina, y al BDS en su conjunto», ha señalado Bertomeu.
Ha indicado que este proceso se inició a finales de 2016 y desde entonces la acusación popular lo «ha mantenido vivo en todo momento», aportando documentos «sin un contenido claro» y recursos con el fin, a su juicio, de «colapsar» el proceso.
Los activistas han explicado que esperan que la Fiscalía solicite el archivo de la causa, porque entienden que «no se sostiene», y han agradecido las muestras de solidaridad recibidas.
