Afiliados catalanes recurren ante los tribunales la disolución del comité elegido por las bases
MIGUEL GONZÁLEZ. EL PAÍS.- Los dos principales responsables de la dirección de Vox en Barcelona, nombrada el 2 de octubre por la Ejecutiva de Santiago Abascal (el presidente, Joan Garriga, y la secretaria-tesorera, Mónica Lora), se sentarán próximamente en el banquillo, acusados de un presunto delito de incitación al odio cometido en las elecciones de 2011, cuando dirigían el partido xenófobo Plataforma per Catalunya, que realizó una virulenta campaña contra los inmigrantes musulmanes. Un grupo de afiliados de Vox ha recurrido ante la justicia unos nombramientos que consideran ilegales.
El pasado 1 de octubre, el líder de Vox, Santiago Abascal, visitaba el cuartel de la Guardia Civil en Travessera de Gràcia (Barcelona), coincidiendo con el segundo aniversario del referéndum del 1-O. Al día siguiente, los afiliados del partido en Barcelona recibían un correo firmado por el vicesecretario nacional de Organización, Tomás Fernández Ríos, en el que se les comunicaba que, “en aras de fortalecer y revitalizar la estructura orgánica provincial” ante las elecciones del 10 de noviembre, el comité ejecutivo nacional había decidido “disolver la comisión gestora de Barcelona”.
El correo causó sorpresa entre los afiliados, ya que en Barcelona no había una comisión gestora sino un comité ejecutivo provincial, elegido democráticamente por las bases del partido en julio de 2018, y porque no se daban las condiciones previstas en los estatutos para su disolución manu militari. Ni el comité barcelonés había incumplido las instrucciones de la dirección (al contrario, el correo agradecía a los cesados “el excelente trabajo desarrollado”), ni había dimitido más del 50% de sus miembros: el 30 de septiembre, la hasta entonces presidenta del comité ejecutivo de Barcelona había propuesto al comité nacional tres nombres para sustituir, conforme a los estatutos, a los tres miembros de su equipo que se habían marchado a vivir fuera de Cataluña.
Más sorprendentes resultaron los nombres de los designados a dedo para dirigir el partido en Barcelona, donde Vox obtuvo el pasado día 10 dos diputados y 184.000 votos. Como presidente de la gestora fue nombrado Juan Garriga Domenech, pariente del diputado de Vox Ignacio Garriga, y como secretaria-tesorera Mónica Lora Cisquer, exconcejal de Mataró. Ambos tienen en común su condición de exdirigentes de Plataforma per Catalunya (PxC), un partido de extrema derecha que en las elecciones municipales de 2011 logró entrar en 40 Ayuntamientos catalanes, con casi 70 concejales, y en enero pasado se disolvió, invitando a sus militantes a desembarcar en Vox.
Sin embargo, varios de sus exdirigentes tienen cuentas pendientes con la justicia por sus actividades en un partido abiertamente xenófobo y racista. El juzgado de instrucción número 3 de Reus (Tarragona) dictó el pasado 24 de octubre auto de apertura de juicio oral contra Mónica Lora, la que fuera secretaria general de Plataforma per Catalunya, Joan Garriga y otros 11 antiguos miembros de la cúpula de dicho partido por un delito de discriminación y provocación al odio, castigado con penas de hasta cuatro años de cárcel y 12 meses de multa.
Los hechos por los que tendrán que sentarse en el banquillo se remontan a las elecciones municipales de 2011, cuando realizaron una agresiva campaña bajo el lema “primer els de casa” (primero los de casa) que incluía un cheque simulado de 4.000 euros a nombre de un supuesto musulmán y acusaba a los inmigrantes de acaparar puestos de trabajo, recibir subvenciones, no pagar impuestos o tener vínculos con las mafias.
Para el juez, esta propaganda “excede los límites de la libertad de expresión y golpea el núcleo de la dignidad humana. […] Tales discursos de odio, dirigidos contra grupos nacional, racial o religiosamente diferenciados, suponen una incitación a que el resto de la sociedad fabrique un enemigo artificial y predisponen a que se dé el caldo de cultivo adecuado para que, en un momento como la crisis económica que se manifestó con toda su virulencia en 2011, se pueda llegar a canalizar cualquier acto violento contra estos inmigrantes”.
Los dos imputados no son los únicos miembros de la nueva dirección de Vox en Barcelona con un pasado oscuro. Jordi de la Fuente, hombre de la máxima confianza de Garriga y Lora, fue uno de los máximos dirigentes del Movimiento Social Republicano (MSR), un grupúsculo de carácter neonazi que se autodefinía como “nacional-revolucionario”, por el que se presentó a las elecciones en 2009 y 2012, antes de fichar por PxC para acabar recalando en Vox.
La polémica generada por la sustitución a dedo de la dirección del partido de Abascal en Barcelona ha acabado finalmente en los tribunales. En un gesto sin precedentes, un grupo de afiliados presentó el pasado día 6 ante el juzgado de guardia de Madrid una demanda en la que piden que se declare nulo el acuerdo del comité ejecutivo nacional que destituyó a los directivos elegidos por las bases. Lo consideran ilegal, arbitrario y antidemocrático, además de contrario a los estatutos de Vox.
GESTORAS DESIGNADAS A DEDO DIRIGEN LA MAYORÍA DE LAS PROVINCIAS
M. G. Con algunas excepciones, como Madrid, Murcia o Cádiz, la mayoría de los comités ejecutivos provinciales (CEP) elegidos por las bases de Vox han sido sustituidos en el último año por comisiones gestoras designadas a dedo por el comité ejecutivo nacional. Por distintos motivos (falta de suficientes afiliados para constituir un comité provincial, dimisión de más del 50% de sus miembros o destitución manu militari, como en Barcelona), la mayoría de las provincias están dirigidas actualmente por gestoras y alguna de ellas ha sido relevada incluso en más de una ocasión. Es el caso de Almería, Alicante, Valencia, Valladolid, León, Zamora, Jaén, Córdoba, Granada, Cáceres, Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria y un largo etcétera. En febrero pasado, Vox cambió sus estatutos y suprimió las primarias para elegir candidatos a cargos públicos, de forma que en el reciente ciclo electoral (municipales, autonómicas, europeas y dos generales) estos fueron cooptados por la ejecutiva nacional. Según los estatutos, se eligieron a propuesta de los comités provinciales; en realidad, de las gestoras designadas por la propia ejecutiva.
