La noticia, desvelada en febrero, ha vuelto a ponerse de actualidad después de que una emisora germana haya entrevistado a uno de los historiadores que más se han interesado por el caso
ABC.- Han pasado 74 años desde que la bandera soviética ondeó en lo alto del Reichstag. Casi siete décadas y media desde que Adolf Hitler acabó con su vida mediante un certero disparo de pistola. Sin embargo, las décadas no han logrado apaciguar las controversias derivadas del conflicto. La última salió a colación a finales de febrero, cuando se hizo público que al menos 34 holandeses colaboradores del régimen nazi recibían todavía una pensión vitalicia de Alemania. La misma que, en los años 40 (en plena Segunda Guerra Mundial) les había otorgado el Führer.
No fueron los únicos. Ese mismo mes salió a la luz que las listas incluían a 27 veteranos belgas y otros tantos sin calcular de países como Reino Unido, España, Canadá o Estados Unidos. La noticia, desaparecida desde entonces, volvió a ser alumbrada por los focos de la actualidad el pasado mes de septiembre, cuando la germana «NPO Radio 1» agitó de nuevo el avispero político dedicando unos minutos a esta cuestión.
La emisora, para ser más concretos, entrevistó a Cees Kleijn, uno de los historiadores que ayudó a desentrañar la maraña tejida alrededor de este escándalo hace seis meses, y al eurodiputado inglés Paul Tang.
Según el primero, a día de hoy existe un problema: que Alemania no puede verificar de forma adecuada si los beneficios de estas pensiones vitalicias acaban, en efecto, en criminales de guerra. «Oficialmente, las personas que han cometido crímenes contra la humanidad no tienen derecho a estos pagos. Pero Alemania admite que es muy difícil rastrear en quién acaban», explicó Kleijn.
El eurodiputado, por su parte, mostró su conformidad con el historiador, aunque recalcó que se siente alegre porque el país haya desvelado por primera vez el dinero que entrega a estos colaboradores. «Hasta hace poco asumíamos que rondaba los 400 euros», señaló tras recordar que la paga en cuestión podría alcanzar los 1.500 al mes.
Por el Reich
La noticia asombró a Europa hace menos de seis meses y nos obliga a retrotraernos hasta la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando miles de extranjeros se aprestaron a colaborar con el régimen de Adolf Hitler. Entre ellos, los 25.000 holandeses que se alistaron en las Waffen SS (de facto, las fuerzas multinacionales del nazismo que albergaron a todos los extranjeros que querían combatir por el Reich).
Basta como ejemplo que, según explica Xosé M. Núñez Seixas en «Camarada invierno: Experiencia y memoria de la División Azul (1941-1945)», solo en 1941 había enrolados en ellas «4.814 holandeses, 2.399 daneses, 1.882 noruegos, 1.571 flamencos, 1.180 finlandeses, 39 suecos y 135 suecos».
Lo mismo pasó en Bélgica. Así lo confirmó en 2007 el estudio «Dolce Bélgica», un dossier de más de un millar de páginas elaborado por el Centro para la Investigación y Documentación Histórica sobre la Guerra y la Sociedad Contemporánea en el que se desvelaron, entre otras cosas, que 16.000 judíos fueron arrestados en la región después de que Alemania la invadiera en 1940. «Bélgica adoptó una actitud dócil proporcionando colaboración indigna de una democracia en variadas y cruciales áreas para una política desastrosa hacia judíos belgas y extranjeros», se podía leer en el mismo.
Según explica en su versión digital el diario «Clarín», el mismo Hitler decretó -allá por 1941- que todos esos extranjeros disfrutaran de los mismos beneficios que los soldados germanos; entre ellos, el sueldo y la pensión de invalidez. Y es precisamente esta última la que siguen percibiendo, en pleno 2019, al menos 34 veteranos holandeses y 27 belgas. Todo ello, según explicó el pasado febrero el propio Kleijn.
En principio se pensaba que los sueldos, que empezaron a pagarse en 1950 tras una ronda de entrevistas en las que los veteranos atestiguaron sus minusvalías, podían rondar los 400 euros. Nada más lejos de la realidad. De hecho, se confirmó que podrían rondar entre los 1.300 y los 1.500 euros mensuales libres de impuestos.
El decreto, literalmente, otorgó estas pagas por «su lealtad, fidelidad y obediencia» al Reich. Méritos que, en la actualidad (y tal y como desvela el diario «Clarín») son considerados delitos en algunos de los países de origen de los combatientes como Bélgica.
Problemas legales
En octubre de 2019, los problemas en torno a estas pagas continúan. Alemania, primer actor de este extraño teatro, se resiste a difundir la lista de beneficiarios amparándose en su privacidad y en que desconocen si son o no criminales de guerra. A pesar de ello, el comité de asuntos exteriores del parlamento belga ha votado para instar al gobierno germano a suspender el pago de estas pensiones y publicar una lista de las personas que actualmente las reciben.
Por si fuera poco, las dificultades legales se cuentan por toneladas. Así lo confirmó hace unos meses el historiador Martin Göllnitz, profesor en la Universidad Johannes-Gutemberg de Mainz, al diario «Clarín». Según su testimonio, «es problemático legalmente quitarles esa pensión porque la ley que las rige no tiene en cuenta sanciones por actos criminales». En este sentido, arguyó que «no está completamente claro si los belgas en esa situación sirvieron en las Waffen-SS» pero que, de ser así, «servir como voluntario en ellas era equivalente a hacerlo en la Wehrmacht», lo que les convierte automáticamente en beneficiarios.
Göllnitz también explicó que el servicio en ambos cuerpos (la Wehrmacht y las Waffen-SS) convertía a los extranjeros en alemanes gracias a un decreto promulgado por Hitler en 1943. Es decir, que los beneficiarios podrían ser, en la práctica, ciudadanos alemanes. La controversia continúa.
