RAÚL LIMÓN. EL PAÍS.- San José de la Rinconada, Brenes, Cantillana, Palma del Río y otras localidades sevillanas han registrado este año incidentes de violencia xenófoba de jornaleros españoles contra inmigrantes dispuestos a trabajar al margen de las normas establecidas en el convenio. Así lo advirtió la secretaria general del sindicato provincial Agroalimentario de CCOO de Sevilla, Mónica Vega, quien achacó la situación a la situación de necesidad en la que se encuentran los temporeros. Vega y el secretario general de este sindicato en Sevilla, Alfonso Vidán, reclamaron más inspecciones, un programa específico de revisión de los tajos, cambios en la normativa y que se mantenga en 20 el número de peonadas exigibles para acceder a los subsidios agrarios.
Algunos alcaldes se han dado cuenta del polvorín en el que se han convertido el campo y ya están empezando a mediar entre empleadores y jornaleros para intentar canalizar la situación. En otros sitios donde no se ha producido esta intervención se han detectado a trabajadores bloqueando los accesos a los tajos a otros compañeros y hasta enfrentamientos físicos entre cuadrillas.
A esta situación se ha llegado, según explicó Vega, por el campo ha recogido demandantes de empleo del resto de sectores en crisis y dispuestos a trabajar por por tres veces menos de los 47,5 euros de media al día establecido en convenio. Otros, ante la necesidad de acreditar jornales y la negativa del Gobierno a mantener en 20 el número mínimo de peonadas, aceptan condiciones ilegales con tal de obtener el sello que les permita acceder luego a un subsidio. Y finalmente están aquellos que se encuentran en estado de necesidad. “El 95% de los eventuales lleva sin poder trabajar desde julio y la próxima cosecha de aceituna no da para todos”, advirtió Mónica Vega.
Estos tres colectivos se han encontrado con propietarios y agentes de empleo temporal, a quienes la secretaria de CC OO califica de “piratas”, que se aprovechan del exceso de demanda de empleo para imponer condiciones de casi esclavitud. Pero el reclutamiento de temporeros en estas condiciones supone un fraude a la seguridad social y una competencia desleal para los empresarios que se someten al convenio y para los trabajadores profesionales que exigen el cumplimiento de las normas.
Ante esta situación, CC OO en Sevilla ha pedido al Ministerio de Empleo que vuelva a dejar en 20 el número de peonadas necesarias para poder acceder al subsidio agrario, con lo que se aliviarían las necesidades en el sector.
También ha pedido una mayor coordinación entre sindicatos, patronal, Delegación del Gobierno y Guardia Civil, para que se cumpla “la legalidad y el convenio colectivo». En este sentido, Vega y Vidán, aunque valoraron la labor de la mesa del campo, donde están representados todos los colectivos implicados, ha exigido que se doblen los esfuerzos para acabar con las ilegalidades rebajar la tensión.
