ALBERTO ORTIZ. LA MAREA.- Representantes de la mayoría de los principales partidos del escenario político actual se han sentado este jueves en una mesa redonda organizada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) para debatir sobre el sistema de asilo europeo y las políticas migratorias. En el mismo día en que la agencia ha anunciado que en 2014 se rebasaron todos los récords conocidos, con casi 60 millones de desplazados forzosos, PSOE, Podemos e IU (Ciudadanos ha cancelado su asistencia a última hora) han pedido mayor responsabilidad para España en el reparto de refugiados de la Unión Europea, una tesis con la que no coincide el PP. El Gobierno se opone de forma tajante al posible sistema de cuotas que pretendía establecer la Comisión.
El debate lo ha conducido el que fue el primer comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles, y ha contado con la participación de la representante de Acnur en España, Francesca Friz-Prguda. Ambos han hecho hincapié en el momento crucial que vive el mundo en materia humanitaria y han apelado a la responsabilidad de los países más desarrollados en la búsqueda de la paz y en la acogida de los inmigrantes que huyen de conflictos o de persecuciones en sus países de origen. La representante de Acnur ha sido contundente con el discurso empleado por el Gobierno: España, ha dicho, recibe principalmente refugiados, no inmigrantes económicos.
En este sentido, ha invitado a Gobierno y partidos políticos a «abandonar» el discurso de la inmigración irregular porque lo que recibe principalmente ya no son personas en busca de trabajo, sino gente que huye de la guerra y la persecución, es decir, refugiados. «En este país hay una enorme confusión entre inmigración y protección internacional y no sé si es por descuido. El Asilo está ausente en el discurso oficial de la política española. Invitamos a dejar a un lado el discurso de la inmigración irregular, que no ilegal porque ninguna persona puede ser ilegal, y tener en cuenta que la crisis hoy no es de migraciones, sino de refugiados, de no acceso a la protección internacional en Europa», ha señalado.
Sin embargo, Conrado Escobar (PP), responsable de Interior de la formación, el interviniente que menos puntos de acuerdo ha encontrado con el resto de formaciones políticas al centrar su discurso en la necesidad de una «inmigración regulada». Ha presumido de que España sigue siendo un país «de asilo» ya que, ha repasado, las solicitudes recibidas pasaron de 2.588 en 2012 a 5.845, cuando se aceptaron un 40,4% de esas peticiones.
Los datos, sin embargo, no son muy ilustrativos si se ponen en contexto con los del resto de la Unión Europea, tal y como han recordado el resto de participantes en la mesa. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) contabiliza en un su informe anual que España ha recibido en los últimos 30 años menos solicitudes de asilo, es decir, menos peticiones que Alemania sólo en 2014, datos que el representante popular ha obviado durante su intervención. El mismo documento resalta que este país ha recibido solo un 0,9% de las solicitudes del conjunto de la UE.
No obstante, Escobar ha precisado que «no se puede decir que España tenga una capacidad de acogida extraordinaria» por lo que ha pedido que a la hora de establecer las cuotas europeas de solicitudes de asilo se tenga en cuenta además el contraste económico que se produce en la frontera entre Ceuta y Melilla, que separa, ha dicho, el África empobrecida de la Europa rica. En este sentido, las ONG insisten que el sistema de acogida español tiene problemas de financiación desde hace años y, por tanto, consideran que es necesario aumentarlos para responder a la emergencia humanitaria actual y que se trata de una cuestiión de «voluntad política».
Más crítica se ha mostrado la responsable de Políticas de Asilo del PSOE, Delia Blanco, quien ha considerado que la cuota que le ha concedido a España el reparto de UE (un 9,1 %) es muy pequeño. «Se puede permitir España el lujo de mantener esas cuotas tan bajas con el gran número de refugiados que hay en el mundo?», se ha cuestionado la responsable socialista al tiempo que ha recordado que el número de refugiados que llega a Europa podría ser mucho más grande. «Muchos de los desplazados no llegan a España porque se quedan en Líbano -donde más de la mitad de la población actual son refugiados-, en Jordania o en Turquía», ha apuntado.
Para Blanco, ni Europa, ni mucho menos España, están a la altura de las circunstancias y ha pronosticado que las próximas generaciones mirarán este principio de siglo con «horror y vergüenza» por el comportamiento de los europeos ante un problema «tan importante como el del desplazamiento forzoso».
Apoyo (con matices) a las cuotas que el PP rechaza
Tanto Ione Belarra, responsable de Políticas Migratorias de Podemos, como el diputado de la Izquierda Plural en el Congreso, Ricardo Sixto, han trazado una crítica hacia la política migratoria de la Unión Europea, que ambos han tachado de economicista. «Se está tratando como una cuestión migratoria un problema humanitario», ha criticado Belarra en relación al incremento del número de desplazados forzosos y ha apostillado que, partiendo de una política mal enfocada, todas las medidas no son ideales.
Aún así, ha reconocido que Podemos estaría de acuerdo con el sistema de cuotas propuesto por la UE porque, al menos, es una medida que «implica hacer algo», aunque ha recalcado que «no es la mejor solución» desde el punto de vista de su formación, que apuesta además por un reparto que otorgue una responsabilidad mayor a España. «Las cuotas son ínfimas y deberían ser aumentadas», ha reiterado la responsable de Podemos al tiempo que ha reiterado el carácter economicista de la medida.
En este sentido, el PSOE, Podemos e IU se han planteado qué está haciendo bien Alemania y han atribuido el corto número de solicitudes presentadas en España al mal funcionamiento de su sistema de asilo.
El desigual sistema de asilo europeo
Ricardo Sixto, ha ahondado en esa línea crítica hacia el sistema europeo de asilo, del que, ha manifestado, «tiene sus claroscuros». «Las políticas que tienen una visión continental nos parecen positivas pero las soluciones tienen que respetar la legislación internacional», ha subrayado al tiempo que ha considerado «contradictorio» que la integración de los asilados en Europa no se asuma de manera solidaria por todos los países.
Por otro lado, ha destacado el fracaso que han tenido las políticas en materia de Exteriores de la Unión Europea, ya que, según ha analizado, cada vez hay más estados fracasados, un mayor número de refugiados y un mayor número de conflictos. Para el diputado, la política exterior y de cooperación debería ir en consonancia con una gestión inclusiva y aperturista de las fronteras.
Este análisis lo ha compartido también la responsable del PSOE, quien ha lamentado que el mar que rodea el sur de Europa se haya convertido en un cementerio al mismo tiempo que se ha cerrado la operación de rescate marítimo en el mar Mediterráneo Mare Nostrum y, en paralelo, el Frontex ha desplegado un dispositivo de control de fronteras para perseguir la inmigración ilegal. La equiparación de la inmigración económica con la inmigración a raíz de desplazamientos forzosos es uno de los principales focos de preocupación que muestra el informe de Acnur, ya que, según sus datos, más del 50 % de los inmigrantes que realizan el viaje en barco desde el norte de África hasta las costas sur de Europa son posibles solicitantes de asilo.
La gestión de la frontera sur Española
Otro de los asuntos que han analizado los políticos en la mesa redonda organizada por Acnur ha sido la gestión que ha hecho España de sus fronteras durante los últimos años. Aquí, Podemos e IU han criticado frontalmente la reciente Ley de Seguridad Ciudadana, que incluye una enmienda por la que se legalizan las llamadas devoluciones en caliente: expulsiones exprés de inmigrantes tras cruzar las vallas de Melilla y de Ceuta negándoles el derecho a solicitar asilo. «Estas devoluciones violan el derecho internacional», ha recordado Belarra, al tiempo que ha pedido su retirada del texto legal.
Delia Blanco también ha mostrado su rechazo hacia las devoluciones en caliente: «taxativamente no». Aún así, ha reconocido que la instalación de oficinas en la frontera para que atender a los solicitantes de asilo es una medida buena pero que tiene que verse reforzada, ha dicho, con la asistencias de abogados de ONG. Esas mismas oficinas han sido fruto de la crítica de Sixto, el diputado de la Izquierda Plural. Las casetas no admiten, según ha apuntado, a ningún inmigrante subsahariano, un hecho que ha calificado de «esperpéntico».
Más allá, ha criticado que el Gobierno camufle la cooperación al desarrollo con el pago de salarios a las fuerzas de seguridad mauritanas para evitar que salgan cayucos de sus costas. «Financiar la valla tampoco es ayuda al desarrollo», ha añadido.
La voz discordante en este asunto ha vuelto a ser la del diputado popular, quien ha visto con buenos ojos tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como la enmienda en la que se regularizan las devoluciones en caliente. La enmienda, ha dicho, ha contado con numerosas revisiones y contempla el respeto a los derechos humanos y a la legislación internacional. «Se pueden hacer muchas más cosas en materia de inmigración pero hay voluntad política para mejorar y esta enmienda es una prueba de ello», ha concluido Escobar.
