LAURA GALAUP.- «Me comenzaron a propinar porrazos, a decirme que estaba dando mala imagen y que me tenía que ir». Así describe Manuel la agresión que sufrió en el verano de hace un par de años cuando estaba tumbado en un banco, a mediodía. A las afueras del Hospital La Macarena, en Sevilla, recibió la única paliza que le han dado en su vida. «Cuando me resistí a marcharme, sacaron las porras, me tiraron al suelo y continuaron pegándome». Relata que fueron los vigilantes de seguridad del propio centro sanitario los que le agredieron: «No quedó ahí, me esposaron y me llevaron al sótano del hospital donde continuaron con los ataques, hasta que aparecieron dos policías de paisano que habían contemplado toda la escena».
Esta vivencia de Manuel, una persona que ha vivido durante los tres últimos años en la calle, no es un caso aislado. Sin embago, en España no existen estadísticas que recojan información exhaustiva sobre las agresiones que sufre este colectivo por motivos de intolerancia hacia su situación socioeconómica. Los únicos datos oficiales, emitidos por el Ministerio del Interior, apuntan a que en 2013 se registraron 4 delitos de este tipo y en 2014 la cifra aumentó a 11.
Las asociaciones que trabajan con las personas que están en la calle advierten de que ese número es mucho mayor. Por ejemplo, según las cifras que publicó en 2012 el INE (Instituto Nacional de Estadística) 11.692 ‘sin techo’ fueron agredidos. «En este caso no se recoge la causa del ataque, desconocemos si están motivados por el odio y la intolerancia», apunta Maribel Ramos, coordinadora del Observatorio Hatento. Asimismo añade que la llamativa diferencia entre las cifras también se debe a que, en el caso de las estadísticas de Interior, cuando la Policía y la Guardia Civil clasifican una de estas agresiones no lo identifiquen como un delito de odio, sino como « un caso de delincuencia general«.
Antes de que le golpeasen, Manuel advirtió: «Les dije que yo no estaba haciendo nada, que no tenía a dónde ir y que estaba a la sombra». Él llevaba dos años viviendo en la calle, así que ese banco, como los del resto de la ciudad, se había convertido en lo más parecido a un somier. Pero era ‘sin techo’ y no «daba buena imagen». Este tipo de violencia se conoce como aporofobia, rechazo a la pobreza. El objetivo de los agresores no es una persona en concreto, les da igual que sea Pedro, Ana o Manuel, atacan a gente sin hogar por lo que representan, en este caso, exclusión social.
40.000 personas sin hogar en España
Las asociaciones que trabajan con estas personas denuncian que la invisibilidad del colectivo no solo se da en la calle, se mantiene en las encuestas ya que tampoco hay datos fehacientes sobre el número de personas que pasan la mayor parte del día deambulando por las ciudades. RAIS Fundación estima que la cifra ronda los 40.000 individuos. Sin embargo el INE publicó en 2012 que en nuestro país había 22.938 personas sin hogar. Aunque en este dato solo tuvieron en cuenta a los encuestados que fueron a un centro asistencial y no a los que dormían en la calle.
El Observatorio Hatento ( el nombre viene de hate que en inglés significa odio) se creó en noviembre de 2014 para tratar de recopilar estas cifras. En él participan organizaciones que trabajan diariamente con este colectivo como el centro de acogida Asís de Barcelona, Rais Fundación, la Asociación Bokatas, la Asociación Rais Euskadi, Unijepol y la Asociación Zubietxe.
Con el primer informe que han publicado a finales de mayo, Muchas preguntas, algunas respuestas, intentan explicar por qué las agresiones motivadas por la aporofobia deben de ser consideradas como delitos de odio. «Estas acciones hay que condenarlas con penas mayores porque se están aprovechando de una situación de especial vulnerabilidad», apuntan en el estudio. Llevan meses realizando una investigación en varias ciudades de España para conseguir recopilar datos y testimonios de personas que viven en la calle y que han sido agredidas, estiman que en dos semanas tendrán los resultados finales.
En Europa nueve países protegen la aporofobia
En su primer informe, el Observatorio solicita que la legislación nacional reconozca la situación socioeconómica de la víctima como «una circunstancia agravante que convierta esa agresión en un delito de odio». Por ahora, el artículo 22 del Código Penal no ampara al colectivo de personas sin hogar, aunque sí que protege a las personas con discapacidad, LGTBI o que sufran ataques por motivos racistas, ideológicos o por su creencia religiosa. Además, según explican, no son los primeros que lanzan esta petición, en 2012 también la realizó la Fiscalía General del Estado en la memoria que publicó ese año.
«Uno de los referentes internacionales en la lucha contra los delitos de odio es la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE», recuerdan en el estudio e informan que en Europa solo hay nueve países, que pertenecen a esta institución, en los que la situación socioeconómica está protegida de «manera explícita»: Bélgica, Bosnia-Herzegovina, República Checa, Estonia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Lituania, Rumanía y Ucrania.
Según las estimaciones que presenta el Observatorio Hatento, en España solo se denuncian entre un 10% y un 20% de los delitos de odio que se cometen. Ramos plantea que el sistema judicial tendría que adaptarse a la particularidad de este colectivo para facilitar que emprendan acciones judiciales: «Si deciden demandar, no tienen una dirección que dar. Nosotros intentamos poner los datos de las asociaciones». Tampoco tienen en consideración la extrema exclusión social en la que se encuentran. Por ejemplo, después de que Manuel denunciase la agresión que sufrió por parte de unos vigilantes de seguridad, no acudió al juicio. «Era alcohólico, ni me enteré, me pasaba el día bebido para no pensar y nadie me avisó el día de la vista», apunta.
Desconfían de la Policía
La coordinadora del Observatorio explica que en España las autoridades se tienen que ganar la confianza de este colectivo, ya que debido a su experiencia diaria la mayor parte recela de los Cuerpos de Seguridad del Estado. En muchas ocasiones son los policías los encargados de desalojarles del e spacio en el que están durmiendo y «no siempre lo hacen de buenas maneras», apunta Ramos. «Es necesario que los servicios policiales hagan una labor de capacitación para que sepan relacionarse con las personas sin hogar. Hay que conseguir que no las valoren como potenciales delincuentes», continúa.
Se muestran satisfechos con el protocolo de actuación policial, presentado en diciembre por el Ministerio del Interior, que intentará erradicar la discriminación y la violencia por delitos de odio en España. «Se plantea el nombramiento de unas figuras de intervención social por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Aunque estamos a la espera de que se constituya», señala Romero.
Durante los tres años en los que Manuel no ha vivido debajo de un techo se ha sentido seguido por la Policía. «Cuando estás en la calle te paran casi todos los días, te piden la documentación y te registran las pertenencias. Sin embargo, cuando eres un ciudadano normal y vas bien vestido, no se acercan», cuenta desde su experiencia, el antes y casi el después, porque está a punto de salir del sinhogarismo. Gracias a RAIS Fundación dejó el alcoholismo y ahora tiene un trabajo en el horizonte, unas prácticas laborales en un almacén de una tienda de bricolaje.
