PILAR ÁLVAREZ. EL PAÍS.- El instituto del sur de Madrid cuya alumna se suicidó el pasado viernes tras un presunto caso de acoso escolar ha abierto sus puertas a pesar de ser sábado. El director del centro convocó a los profesores a una reunión urgente ante el suceso que ha conmocionado a la comunidad educativa y por la tarde lo hicieron también los padres de los alumnos.
La menor, una estudiante con discapacidad intelectual y motora de 16 años de edad, se precipitó desde la sexta planta de su bloque de pisos el viernes tras despedirse de sus amigas por WhatsApp. “Estoy cansada de vivir”, les escribió.
La familia, que reside en el barrio de Usera, había presentado una denuncia en la comisaría hace aproximadamente un mes por un supuesto caso de acoso contra un compañero del centro, que al parecer le exigía dinero y la coaccionaba con mensajes telefónicos. Fueron los docentes del instituto, a quienes la chica contó lo que estaba pasando, los que avisaron a la familia.
Antes del suceso, de hecho, los responsables del centro se habían reunido por separado con la familia de la víctima y del supuesto acosador, según señalan fuentes del instituto y del AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) a este periódico. Estaba prevista una nueva reunión con la madre de ella el próximo lunes porque sus profesoras la encontraron “muy nerviosa” el pasado jueves, según la familia.
El instituto había puesto hace ya dos meses en marcha el protocolo de actuación previsto en caso de acoso, según fuentes del centro y del AMPA. Los padres de alumnos habían presentado numerosas denuncias en el pasado por la falta de medios y de personal del centro, calificado como de difícil desempeño. Tiene 1.200 alumnos, 60 de ellos con necesidades especiales, y una única orientadora para atenderlos. La Unesco recomienda que haya uno por cada 250 alumnos, según señala la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE), aunque la media española es de uno por cada 1.800 estudiantes, añaden.
En caso de acoso, el protocolo de la Comunidad de Madrid establece que se debe comunicar “de inmediato” a las familias de ambos implicados “y a la inspección educativa”. Fuentes del AMPA señalan que la orientadora del centro cumplió todos los pasos y lo comunicó a la inspectora. Un portavoz de la Consejería de Educación negó ayer que la inspección hubiese sido informada de este asunto antes del suicidio.
El citado protocolo prevé también que se sancione al acosador por una falta muy grave que puede suponer, entre otras medidas, la realización de actividades fuera del centro para “reparar los daños causados” o que el alumno sea expulsado hasta un mes.
La familia de la víctima —que asegura que la menor llegó a trabajar con mayores para pagar al chico— señala que éste nunca fue expulsado y que tenía problemas también con otros alumnos. Educación no se pronunciará sobre lo ocurrido, según un portavoz, hasta que no concluya la investigación abierta el viernes.
“Tenían una orientadora donde debía haber cinco”
Un caso de acoso escolar requiere vigilar muchos frentes. El principal es atender a la víctima. “Hay que escuchar al alumno y seguir adelante con la atención posterior”, explica la presidenta de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE), Ana Cobos, que respalda la actuación de la orientadora del centro madrileño. “Nos consta que trabajó en este sentido”, señala.
Cobos, que mostró su pesar por el “tristísimo” suceso del instituto madrileño, sostiene que casos “excepcionales” como este representan “un fracaso de todos”. “En el acoso, y por eso es tan peligroso, hay uno o dos alumnos que actúan pero alrededor están los espectadores. Son los que conocen lo que ocurre y no hacen nada por cambiar la situación. Debemos esforzarnos por proteger al que avisa, al chivato, que no está bien visto en nuestra sociedad”.
La presidenta de los orientadores de España también considera que “no es razonable” que en un centro con 1.200 alumnos trabajara solo una orientadora. La Unesco recomienda un especialista por cada 250 estudiantes para garantizar las labores de prevención. “Este centro debería tener al menos cinco”, critica. La media española es de uno por cada 1.800 alumnos, según las estimaciones de su organización. “Hay una falta de sensibilidad de todas las administraciones agudizada por la crisis. ¿Cómo vamos a hacer un trabajo de calidad así?”, concluye.
