ESPERANZA CODINA. EL PAÍS.- Hay varios motivos que sustentan la proliferación en las redes sociales y otros soportes de internet de los llamados delitos de odio, que engloban los ataques, amenazas o insultos por motivo de raza, etnia, religión, edad, discapacidad, orientación sexual, situación de pobreza o diferencia ideológica. La sensación de anonimato e impunidad que tiene el agresor (algo que en realidad no es cierto) y la facilidad con la que puede difundir su mensaje y hacerlo llegar a miles de personas son dos de ellos. La inmediatez, a su vez, provoca falta de control sobre ese discurso ofensivo. “Se hace sin reflexionar”, explica Mayte Verdugo, responsable en la Fiscalía de Málaga de perseguir estas infracciones desde 2011, la primera en Andalucía encomendada a esta tarea.
El primer caso que investigó, que está pendiente de juicio, fue por una supuesta incitación al odio hacia las personas de etnia gitana. “Los gitanos son una raza semihumana que se caracteriza por robar y por drogarse”, se leía en una página web creada en Málaga por un particular, hechos denunciados por la Fundación Secretariado Gitano. Este delito está sancionado en el Código Penal con entre uno y tres años de cárcel.
Entre los casos más recientes de discursos supuestamente ofensivos están los comentarios en Twitter mofándose de las víctimas del accidente aéreo de Germanwings por ser catalanes, remitidos a la Fiscalía de Barcelona y con posibles investigaciones en Málaga, Sevilla, Cádiz, Toledo y Alicante porque de estos puntos geográficos procederían sus autores, y la reciente detención de los cuatro componentes de un grupo de música por presuntamente incitar al odio y a la violencia en sus interpretaciones contra las personas con discapacidad.
La denegación de determinados servicios por la orientación e identidad sexualo por motivos xenófobos también se considera un delito de odio. La fiscal malagueña tiene sobre la mesa el caso de una chica transexual a la que supuestamente se le prohibió la entrada en un bar y el de un funcionario que habría obstaculizado reiteradamente la atención a inmigrantes que pretendían acceder a un servicio público.
La investigación de estas infracciones penales se topa con muchos inconvenientes y no es sencilla. Se trata de víctimas muy vulnerables que en muchas ocasiones tienen miedo a denunciar, por eso se trabaja estrechamente con colectivos y organizaciones no gubernamentales (ONG) que defienden sus derechos. Las cifras sumergidas en este ámbito son altísimas, hasta el punto de que algunas estadísticas reflejan que un 86% de los casos no se denuncian.
Otra complicación es que no solo hay que demostrar el hecho, sino su motivación. Es decir, que se ha agredido a una persona por ser homosexual o por tratarse de un inmigrante. En el caso de los mensajes que pueden insultar o incitar al odio, el derecho a la libertad de expresión puede “colisionar” con la protección a la igualdad y la integridad moral de los afectados, explica Verdugo.
El pionero en los trabajos de visualización de los delitos de odio en España fue el fiscal de Barcelona Miguel Ángel Aguilar. La especialización se extendió en 2013 y desde entonces funciona una red con un fiscal dedicado a estos asuntos en cada provincia. Su nombre técnico es el de tutela penal de la Igualdad y contra la Discriminación y se buscan prácticas comunes en todo el entorno europeo. La lucha contra los delitos de odio avanza poco a poco y existe un protocolo de actuación para formar a los cuerpos policiales y fomentar su sensibilidad en el tratamiento de las víctimas.
El Ministerio del Interior realiza desde 2013 un informe sobre estos delitos con el objetivo de mejorar su identificación e investigación. En España hubo en 2014 un total 1.285 incidentes conocidos (el año anterior fueron 1.172), de los que 297 se produjeron en Andalucía. Fue la comunidad más afectada y las provincias de Cádiz (132) y Sevilla (80) se situaron en los puestos de salida a nivel nacional.
La fiscal Verdugo no cree que ahora existan más casos, sino que están aflorando. Valora el trabajo que se ha empezado a hacer y apuesta por aumentar la sensibilidad de los operadores jurídicos (jueces, fiscales y policía), llegar mejor a las víctimas y concienciar a toda la sociedad de la necesidad de denunciar estas prácticas. Transmite otro mensaje a los ciudadanos: “no todo lo malo es delito”. Es decir, hay conductas que pueden ser deplorables, pero no tienen castigo penal.
