El 25% de las víctimas de este tipo de incidentes en 2014 no llegaban a los 18 años. Cuatro de cada diez agresiones fueron por motivos de orientación e identidad sexual
J. JIMÉNEZ GÁLVEZ. EL PAÍS.- Las alarmas han saltado en Interior. El análisis del último informe sobre delitos de odio cometidos en España ha revelado que un 25% de las víctimas que los sufren es menor de edad. «Constituyendo claramente un grupo de riesgo», ha subrayado este martes el ministro responsable del área, Jorge Fernández Díaz, tras presentar el estudio referente a 2014, que recoge las agresiones verbales y físicas motivadas por la intolerancia hacia inmigrantes, homosexuales, bisexuales, transexuales, discapacitados, mendigos, semitas, o creyentes de alguna religión. Un documento que subraya cómo 376 de los agredidos el pasado año tenían menos de 18 años —de los 1.285 casos contabilizados—.
«Esta situación se produce pese a que este sector de la población apenas representa el 3% de las víctimas en el total de delitos penales», ha insistido Díaz, al referirse a un informe que también saca a la luz, tras incluir por primera vez el perfil de los asaltantes, la brecha de sexo que existe entre agredidos y agresores. Porque, mientras que las mujeres representan el 54% de las víctimas de delitos de odio, el 93% de los detenidos por ellos son hombres. «A los autores de sexo masculino se les arresta en mayor medida por hechos calificados jurídicamente como abusos y agresiones sexuales», ha detallado el ministro de Interior.
En las bases de datos de las fuerzas de seguridad se registraron en 2014 un total de 1.285 delitos de odio. Esta cifra implica un incremento del 9,6% respecto a 2013. Aunque «esa subida no significa que se hayan incrementado este tipo de incidentes», ha matizado Interior, que también ha añadido que se esclarecen el 65,6% de los casos. «No existe impunidad», ha repetido Fernández Díaz durante su comparecencia, que ha atribuído el incremento a que el pasado año se incorporaron los datos aportados por la policía autonómica del País Vasco; y a que, desde su departamento, se ha hecho un «esfuerzo» para identificar estadísticamente este tipo de incidentes.
«Nuestra máxima prioridad es sacar a la luz y conocer el índice real de los delitos de odio que se producen en España», ha argumentado el ministro. Esa política se ha traducido en el informe presentado este martes, donde también destaca que el 39,9% de las agresiones —casi cuatro de cada diez— se cometieron por motivos de orientación e identidad sexual. El 37% fue por racismo y xenofobia, el 15,5% contra discapacitados, el 4,9% contra creencias y prácticas religiosas, el 1,9% por antisemitismo, y el 0,9% por «aporofobia» (contra los pobres).
Las organizaciones sociales consideran la mera difusión de las cifras como un paso muy importante para combatir este tipo de delitos —este es el segundo informe oficial que publica el Ministerio del Interior en toda su historia—. «Están haciendo visible un dolor que estaba sumergido», ha afirmado Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, que ha insistido en que visibilizar este problema ayuda a que las víctimas denuncien. Casi un 90% de los casos contabilizados en Europa no se denuncian, según la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea.
Una tesis que comparte también Interior. «Con la publicación de estos datos pretendemos fomentar la sensibilización de la población», ha apostillap Fernández Díaz, que ha recordado que las fuerzas de seguridad del Estado ya elaboraron a finales de 2014 un protocolo específico de actuación dirigido a los agentes. Como explican fuentes del ministerio y de las ONG, los estudios demuestran que los agredidos creen que «denunciar no sirve de nada». «Cuando hablamos con las víctimas nos cuesta mucho que den el paso. Nuestros informes nos revelan que la cifra de casos no ha subido, sino que, efectivamente, se está denunciando más», ha apostillado Esteban Ibarra, en referencia al documento publicado por Interior. Un estudio que también hace hincapié en que el 72% de las víctimas registradas en 2014 eran españolas. Los nacionales, por su parte, representan el 79% de los agresores.
