Ginebra, 10 sep (EFE).- Un nuevo genocidio se puede estar cometiendo en la actual guerra de Sudán, siendo sus víctimas las comunidades que ya lo sufrieron hace 20 años en su región occidental de Darfur, alertó ante el Consejo de Derechos Humanos la asesora de la ONU para la prevención de este crimen, Alice Wairimu Nderitu.
«Observamos todos los riesgos y todos los indicadores de crimen de genocidio, y serias denuncias de que ese delito se está cometiendo ya en Sudán», afirmó la keniana, asesora especial del secretario general de la ONU para la prevención del genocidio.
Nderitu señaló como víctimas a minorías no árabes como los masalit, los zaghawa o los fur (con denuncias también de ataques a algunas comunidades árabes), y los principales perpetradores serían los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), enfrentadas al ejército desde abril de 2023, y sus milicias afiliadas.
«Hace 20 años, en Darfur, esas mismas comunidades fueron el objetivo, por pertenecer a una etnia o raza. La rendición de cuentas por los crímenes en esa región sigue siendo una cuenta pendiente, y ello ha sembrado el caldo de cultivo para la actual violencia», afirmó.
La asesora señaló en este sentido que en estados como Darfur Oeste se ha registrado un aumento del discurso de odio y de ataques étnicamente motivados en los que «aldeas enteras han sido quemadas y líderes de comunidades fueron asesinados».
Violaciones y otras formas de violencia sexual y de género han sido utilizadas como arma de guerra, mientras que la composición demográfica en los campos de refugiados parece indicar que muchos ataques se han dirigido especialmente contra niños y hombres jóvenes, afirmó Nderitu.
La asesora de la ONU hizo estas afirmaciones en un debate en el Consejo de Derechos Humanos sobre el conflicto de Sudán en el que también se presentó el primer informe de la misión de investigación de Naciones Unidas sobre el conflicto, cuyo contenido ya fue adelantado la semana pasada.
El informe acusa a los dos bandos del conflicto de crímenes de guerra y contra la humanidad, aunque señala especialmente a las FAR por delitos como la violencia sexual, los saqueos y los ataques étnicamente motivados.
Los tres expertos de la misión, presidida por Mohamed Chande Othman y presente este martes ante el Consejo, reiteraron su llamamiento a que se despliegue en Sudán una fuerza independiente para proteger a los civiles.
También insistieron, como ya señalaron en su informe, que se amplíe a todo Sudán el embargo de armas actualmente sólo aplicado a grupos armados en Darfur, y extender también a todo el país la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que actualmente investiga únicamente crímenes cometidos en la región occidental.
El conflicto estalló en abril de 2023 por el desacuerdo entre el ejército y los paramilitares respecto a la inclusión de los segundos en el poder surgido tras el golpe de Estado de 2021, que acabó con el efímero intento de democratización del país tras el derrocamiento en 2019 del dictador Omar Al-Bashir.
El bando del ejército está liderado por Abdelfatah al Burhan, y los paramilitares de las FAR, evolución de las milicias árabes «Yanyauid» que fueron armadas hace 20 años en Darfur para hacer frente a la insurrección de aquella región, son dirigidos actualmente por Mohamed Hamdan Dagalo, alias «Hemedti».
El conflicto ha causado unos 20.000 muertos, 33.000 heridos, 7,9 millones de desplazados internos y 2,1 millones de refugiados en otros países. EFE
