Confilegal.- Pocos saben que, el 21 de julio de 2017, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, tomó una decisión histórica al nombrar a nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país.
Este movimiento audaz fue una respuesta directa a las acciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que había sido acusado de erosionar la independencia judicial y debilitar el estado de derecho.
La creación de un «tribunal en el exilio» fue el resultado de una serie de eventos que comenzaron en 2015, cuando la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, empezó a denunciar la instalación de un Tribunal Supremo de Justicia alineado con el gobierno y bajo su control.
Este TSJ oficialista, según la oposición, no actuaba con imparcialidad y se inclinaba a favor del Ejecutivo.
Este tribunal paralelo, establecido en el extranjero, representaba un desafío frontal al Tribunal Supremo de Justicia oficialista y exponía la profunda crisis institucional que asolaba a Venezuela.
La decisión de operar fuera del país no fue una elección libre, sino una medida desesperada ante la persecución y las constantes amenazas de detención que el gobierno de Nicolás Maduro lanzó contra sus miembros.
