Efeminista.- Los feminicidios no cesaron en Argentina durante 2023, que registró un caso cada 26 horas, a lo que se suma que algunos de ellos se han mantenido «impunes» y «sin investigar», ha alertado Amnistía Internacional (AI), este 23 de abril, en su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo.
Según el texto, AI ha indicado que durante el año pasado se han registrado 308 feminicidios -un 62 % de ellos en el ámbito familiar-, al tiempo que los crímenes de odio basados en la identidad de género han aumentado a 129 víctimas en 2022.
AI ha destacado que al finalizar 2023, la investigación por la desaparición y presunto feminicidio de Cecilia Strzyzowski, de 28 años, en la provincia de Chaco (noroeste) ha tenido escasos avances en la Justicia, aunque su pareja y principal sospechoso, César Sena, y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, cumplen prisión preventiva.
El ‘clan Sena’ era una familia de dirigentes sociales con una gran influencia en la política de esa provincia, cuando era gobernada por Jorge Capitanich, exjefe de Gabinete de Cristina Fernández.
También se mantiene impune el crimen de Sofía Inés Fernández, una mujer transgénero de 40 años, encontrada muerta en una celda de una comisaría policial de la localidad de Derqui, provincia de Buenos Aires.
Los policías que la detuvieron por un supuesto robo afirmaron que se había suicidado, pero la autopsia preliminar reveló «asfixia como causa de muerte»; al concluir el año no se presentaron cargos.
Restricción y criminalización de las protestas
Además, AI ha asegurado que en Argentina hay un uso excesivo de la fuerza policial en la restricción y criminalización de las protestas, que es una «práctica generalizada» y que, además, conlleva «un sesgo racista».
La organización internacional ha resaltado en su informe que hasta 2023 «no hubo avances importantes» en la investigación por tortura y muerte bajo custodia policial de Mauro Coronel, ocurrida en 2020 en la provincia de Santiago del Estero (noroeste); además, nadie fue acusado.
En agosto pasado, sólo uno de seis efectivos acusados de matar a Joaquín Paredes, de 16 años, fue sentenciado a cadena perpetua. El joven celebraba su cumpleaños junto a amigos en las calles de Cruz del Eje, en Córdoba (centro), durante las medidas de aislamiento por la pandemia de la covid-19, cuando la policía disparó contra ellos.
También ha denunciado que la Policía de la provincia de Jujuy (norte) respondió con «fuerza excesiva e ilegítima» a las marchas contra la reforma que restringía el derecho a la protesta y, en el caso de los pueblos originarios, el ejercicio de consulta, participación y propiedad territorial.
Por último, se ha referido al ‘protocolo antipiquetes’, presentado por el Gobierno argentino tras la asunción del presidente Javier Milei, que tuvo lugar el 10 de diciembre, que ha posibilitado, según AI, «la recopilación de información» y la «criminalización y estigmatización» de manifestantes.
