El Nacional.- Los dueños del local quizás son del 44,1% de los hombres que creen que las medidas de igualdad han ido demasiado lejos. El Ayuntamiento de Figueres ha multado con 10.001 euros un bar que tenía la entrada «vetada» a las mujeres. Agentes de la Guardia Urbana inspeccionaron el local en el marco de la campaña de control en establecimientos conflictivos que están haciendo últimamente. La policía había recibido quejas vecinales, pero durante la inspección descubrieron que incluso habían sacado el cartel del baño de mujeres y lo utilizaban de almacén. La multa se ha interpuesto por discriminación por razón de género, con una infracción de carácter muy grave. Además, también se ha denunciado el local porque la terraza tampoco cumplía con las ordenanzas municipales. El alcalde de Figueres, Jordi Masquef, dice que se trata de una multa «ejemplar» para que situaciones como esta no se repitan.
En los últimos dos meses, la Guardia Urbana ha inspeccionado más de una decena de locales que generan quejas vecinales, pero la previsión continuar con los controles y llegar a una veintena. En algunos casos se ha detectado incumplimientos. El más flagrante es el de este establecimiento ubicado en pleno centro de la ciudad —entre la plaza del Gra y la de l’Escorxador— que no dejaba entrar mujeres. Los agentes se personaron para hacer comprobaciones y descubrieron que así era. Además, habían quitado el cartel identificativo del baño de mujeres y lo utilizaban como almacén para guardar productos. La policía ha abierto un expediente por una infracción muy grave de discriminación por razón de género. Masquef dice que los controles se mantendrán y que también están en coordinación con administraciones supramunicipales para comprobar que los trabajadores de los locales tengan los trabajadores asegurados. «Buscamos arreglar la situación jurídica de estos establecimientos y que cumplan la normativa vigente«, asegura.
Proyecto contra la discriminación en Girona
Precisamente bien cerca de donde ha sucedido este caso, el Ayuntamiento de Girona presentó este enero un proyecto con fondos europeos para crear un servicio integral que luche contra todo tipo de discriminaciones. Además del consistorio, también participan la Universidad de Girona (UdG), la Fundación Ser.gi y la Fundación Girona Región del Conocimiento. El objetivo subraya a la concejala de Igualdad, Amy Sabaly, es avanzar «hacia una sociedad más inclusiva y más garante de los derechos y las libertades». El proyecto ha recibido una subvención de más de 330.000 euros, dura dos años y se hace conjuntamente con la ciudad italiana de Reggio Emilia (hermanada con Girona). En una primera fase, se encuestarán 400 personas, se ofrecerá atención en los centros cívicos y se quiere impulsar la vía de la mediación a la hora de atender y resolver los casos.
El proyecto para crear un servicio específico contra la no discriminación se ha bautizado con el nombre ‘Commit to Rights’ (en inglés, ‘Comprometerse con los derechos’). Aquello que se quiere es que consistorio, universidad y tercer sector vayan a la una a la hora de impulsar políticas públicas inclusivas que permitan prevenir las discriminaciones y mejorar la respuesta cuando se detecten casos. Sabaly ha subrayado que el nuevo servicio abrazará todo tipo de discriminaciones. Entre estas, racismo, antisemitismo, xenofobia, LGTBfobia y también las que hacen referencia a motivos como la edad, la lengua, la situación económica o las discapacidades.
