Pedro Sánchez, la persona que pilotó el tránsito de la gestión de la RGI de diputaciones a Lanbide, asegura que el alcalde de Vitoria no hizo nada por mejorar la prestación cuando se cambió la ley y el PP era el único aliado del Gobierno de Patxi López.
EDUARDO AZUMENDI. ELDIARIO.ES.- Cambiar la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y trasladarla de las diputaciones al Servicio Vasco de Empleo comportaba muchos riesgos. Después de más de 20 años con la misma fórmula de gestión, el Gobierno de Patxi López apostó en 2011 por un cambio: ligar las ayudas a los servicios de empleo. «Con el paso del tiempo, el proceso arroja luces y sombras», ha reconocido Pedro Sánchez, el hombre que pilotó ese tránsito en el Gobierno socialista. Sánchez asumió que se habían cometido algunos errores, pero ha criticado con dureza al alcalde de Vitoria, Javier Maroto, al que ha tachado de «islamófobo». «Nunca le ha preocupado mejorar la gestión de la RGI; lo que realmente le importa es dejar fuera de las ayudas a los magrebíes y a todo lo que pueda representar Islam».
Sánchez, actualmente responsable del área de Empleo del Ayuntamiento de Ermua y autor de una tesis de investigación sobre la política de garantía de ingresos en Euskadi en los últimos años, ha intervenido en la comisión creada en el Ayuntamiento de Vitoria a instancias de la oposición para conocer todas las particularidades de la RGI y su gestión. La comisión se puso en marcha tras la escalada en el discurso de Maroto demandando un endurecimiento en la concesión de las ayudas. Por esta comisión han pasado los mayores expertos en Euskadi del sistema de garantía de ingresos. Sánchez conoce de primera mano la «estrategia» que sigue el alcalde de Vitoria en una polémica que sacude a la ciudad desde mediados del año pasado. «Yo negocié con Maroto hace tres años la modificación de la Ley de Garantía de Ingresos. En ningún momento de aquella negociación mostró interés por mejorar la prestación, como por ejemplo abrir más la ayuda a gente que tuviera algo de patrimonio, pero estuviera sin trabajo y sin dinero. Nada de eso. Solo quería endurecer las condiciones y sacar fuera a los magrebíes y todo lo que pudiera tener alguna relación con el Islam».
En aquella negociación, finalmente se cambió la ley y pasó de exigirse un año de empadronamiento para recibir la RGI a tres, en el caso de que no se pudiera acreditar que los cinco años anteriores se había cotizado a la Seguridad Social. «Lo único de coherente en el discurso de Maroto es su exigencia de subir los años de empadronamiento. Eso lo defendía entonces y también ahora». Sánchez se opuso a seguir aumentando los años de empadronamiento porque supone «retroceder a la España prefranquista. No se puede dejar sin protección social a una persona porque se quede sin trabajo o no pueda acreditar vida laboral anterior. ¿Vamos a dejar que en función de que esa persona haya trabajado o no sus hijos puedan comer?».
Fraude «anecdótico»
Sánchez admitió que cuando se produjo el trasvase de la gestión a Lanbide se encontró con algunos casos «llamativos» de irregularidades, pero «muy limitados, anecdóticos. El mejor sistema de control fue trasladar la gestión a Lanbide, pero como todo en la vida, hace falta un recorrido para engrasar la máquina y que funcione cada vez mejor. El sistema de la RGI merece un enorme respeto porque es una joya de Euskadi, una de nuestras señas de identidad. Y por eso duele ver a políticos desprestigiándolo y extendiendo la sospecha del fraude sobre él».
El experto admitió que Lanbide aún puede estar pagando algunas facturas en cuanto a su funcionamiento. «Asumimos algunos riesgos cuando decidimos cambiar la gestión y a veces salieron mal. El Gobierno de Patxi López era consciente de que no iba a tener una segunda oportunidad y tal vez nos apresuramos. No se calculó suficientemente bien la falta de apoyos, en especial la del PNV, un partido que vertebra Euskadi».
La crisis y el continuo crecimiento del número de desempleados también fue otra problema, al obligar a Lanbide a un esfuerzo supremo. «Lo único que pido es que se dote a Lanbide de todos los medios económicos y humanos que precise porque nos jugamos el futuro como país. La lucha contra el desempleo y la formación y orientación de las personas sin trabajo son fundamentales para mantener cohesionada a la sociedad».
